Luego de que el gobierno caldeara todos los ánimos en el movimiento de desocupados, con 20 mil bajas en los planes y un bono de fin de año de miseria, la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, convocó a los referentes de la Utep para discutir un pacto social con más ajuste y hambre para los trabajadores a cambio de migajas.

El acuerdo presentado entre el gobierno y las organizaciones sociales oficialistas propone “reglamentar” el programa Potenciar Trabajo para establecer un mecanismo de bajas masivas y desenganchar los planes del salario mínimo, como pretende el gobierno.

A cambio, el gobierno se compromete al pago de otro bono de miseria de $13.500 en marzo –cuando represente poco más de un tercio de un plan social-, la entrega de las herramientas que adeuda y la adquisición de algunos bienes producidos por las cooperativas oficialistas.

La Unidad Piquetera ya adelantó su rechazo al programa de ajuste del gobierno del Frente de Todos y el FMI y a cualquier acuerdo que comprometa los intereses de los trabajadores desocupados y precarizados.

Los bonos no llenan la olla

El compromiso de un nuevo bono de miseria para marzo, luego del más que precario bono en dos cuotas de $6.750, es hambre para hoy y hambre para mañana, en un país sumergido en un 43,1% de pobreza, con más de la mitad de su población requiriendo de asistencia social para sobrevivir.

Un informe elaborado por la Universidad Popular de la oficialista Somos Barrios de Pie reconoce un crecimiento de la “malnutrición global” en los barrios populares del orden del 48,6%, un 4,5% más alto que cuando asumió este gobierno.

Del informe se desprende una alimentación predominante en carbohidratos complejos y grasas saturadas, generando situaciones de sobrepeso y obesidad con importantes carencias nutricionales. Esto se debe a que la crisis social y las restricciones económicas obligan a los trabajadores a suprimir la compra de alimentos altos en proteínas e incluso comidas enteras. Mientras que las entregas de alimentos por parte del Estado se enfocan en unos pocos productos de muy bajo contenido nutricional y alto valor calórico.

En medio de esta situación, desde la Unidad Piquetera denuncian que el gobierno tampoco cumple con las entregas de los limitados productos que envían (polenta, fideos, arroz, etc.), lo que está comprometiendo el funcionamiento de cientos de comedores populares en todo el país.

Un acuerdo fondomonetarista

El gobierno nacional ofrece un nuevo bono de hambre a sabiendas de que los ingresos populares han sido devastados por la inflación y condenados por el reciente aumento de ajuste en el salario mínimo.

Como lo hace con los jubilados, el gobierno intenta avanzar en la liquidación de los ingresos populares y previsionales, en sintonía con las metas de ajuste fiscal y recorte del gasto público del FMI.

Un bono más de miseria y las herramientas presupuestadas y no entregadas no son suficientes para parar el hambre y la indigencia. Menos cuando son presentados como la puerta para ampliar la discrecionalidad del Estado en el manejo de los programas sociales, en medio de una campaña sucia que busca producir cientos de miles de bajas en los planes.

Al pactar con el gobierno del ajuste las organizaciones sociales oficialistas aceptan su política ajustadora. Que el gobierno cumpla con todos los compromisos pactados, por el aumento y la apertura de los programas sociales, salario mínimo igual a la canasta básica de $146.000 y no a la regimentación y recortes en el Potenciar Trabajo.