Luego de las declaraciones del ministro Juan Zabaleta, que fueron tomadas como una apriete contra el movimiento piquetero, el jefe de Gobierno de CABA, Horacio Rodríguez Larreta, pidió que el gobierno nacional profundice el ataque contra las y los desocupados, coordinando la represión y aplicando sanciones y bajas en los planes sociales, mientras crece la pobreza al calor de una inflación explosiva.

La tesis de que las organizaciones piqueteras “toman de rehenes” a los manifestantes y la insistencia de que el derecho a manifestarse se encuentra por detrás del derecho a la libre circulación –aunque este se afecte solo parcialmente- son los latiguillos de las fuerzas políticas patronales y del gobierno de la Ciudad y el gobierno nacional para arremeter contra las organizaciones piqueteras.

Valiéndose del ejemplo facilitado por Zabaleta y el gobierno, con la quita de los planes sociales a quienes ellos imputan como responsables de los incidentes en el Congreso cuando se votó el pacto con el FMI, Larreta reclama que se extienda el mismo tratamiento para las y los desocupados que se manifiestan por sus reclamos.

La idea de que las organizaciones piqueteras “extorsionan” a las familias para que se movilicen, bajo la amenaza de darles de baja, se inscribe en una provocación total ya que es el Estado el único capaz de extinguir un plan social, no las organizaciones. Algo que se agravaría con el pasaje de los programas sociales a los intendentes, como intenta forzar el gobierno y apoya hasta la derecha de Milei.

Palo y circo

Invirtiendo la carga de los acontecimientos, desde la Ciudad afirman que los manifestantes “usan a los chicos y a las mujeres como escudos para que la Policía no los desaloje”, cuando en verdad se utiliza “discrecionalmente” a las fuerzas represivas para cometer todo tipo de atropellos, desde la requisa de carpas y mantas a la provocación, represión y detención de manifestantes cuando desconcentraban tras el acampe piquetero.

El gobierno nacional mantiene diálogo con el ministro represivo de Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro, para coordinar operativos represivos que impidan el derecho a manifestarse de las y los trabajadores desocupados en el marco del ajuste planteado por el gobierno y su pacto con el FMI.

La idea sería que las fuerzas federales impidan el acceso de los manifestantes a las estaciones de tren y/o el ingreso a CABA con elementos para acampar, lo cual sería un hito en la creación pretoriana de derecho, instaurando el delito de “portación de carpa”. Para esta iniciativa apelan a la buena voluntad y experiencia represiva del ministro Aníbal Fernández, quien cuenta con su cuota de experiencia en la Masacre de Avellaneda.

Si hay trabajo no hay planes

El ministro Juan Zabaleta recibirá este jueves a la Unidad Piquetera luego de sucesivos ataques y negativas. Desde la cartera de Desarrollo Social vienen insistiendo en la negativa a la apertura de los programas sociales con la excusa de que ofrecerían crear empleo bajo la forma de “emprendimientos autosustentables”.

Desde las organizaciones piqueteras denuncian que la oferta del gobierno no implica trabajo genuino sino ultraprecarización laboral en los municipios o autoexplotación “popular”, y que incluso el gobierno no gira los recursos para los proyectos productivos comprometidos.

Si el gobierno está decidido a terminar con los planes sociales la única salida que ni implique un retroceso en los derechos adquiridos de la población trabajadora implica la creación de trabajo genuino, con salario y convenio colectivo, en los municipios y/o en la obra pública provincial y nacional. Y mientras se genera el empleo, la garantía de un seguro universal al desocupado que impide que millones de familias sigan en la pobreza.