El gobierno nacional anunció, por medio del ministro de Desarrollo Social Juan Zabaleta, la baja del programa Potenciar Trabajo para los manifestantes acusados por este de producir los incidentes en la movilización contra el pacto con el FMI. Se trata de un precedente nefasto, violatorio del principio de inocencia y celebrado por la derechista Patricia Bullrich, quien además reclama que se convierta en una “política de Estado”.

La medida adoptada por Zabaleta atenta contra un principio constitucional, emanado de la carta magna en su artículo 18, que establece que “Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo…”. Se trata del reconocido principio de inocencia, que reza que todo imputado es inocente hasta que se demuestre lo contrario… en un juicio.

¿Y el Estado de derecho?

“Supimos que uno de los detenidos por el ataque al despacho de Cristina Fernández era beneficiario de Potenciar Trabajo desde noviembre de 2018. Ya lo dimos de baja”, dice el tuit publicado por el ministro Zabaleta.

Además de anticonstitucional y violatoria de los derechos más elementales, la medida del gobierno tiene un claro propósito aleccionador, que Bullrich reconoce al instante: es un mensaje al conjunto de las organizaciones piqueteras independientes que luchan contra el ajuste del Estado.

Bullrich, que se ufana ser una defensora del Estado de derecho y la legalidad, reclama el “corrimiento” de los principios constitucionales para perseguir y castigar a los trabajadores que se manifiestan.

“¡Muy bien que le saquen el plan! Ahora anímense a sacárselo a aquellos que todos los días cortan las rutas. A menos que sea un moderno concepto de lo que es trabajar”, señala en su publicación, desconociendo el “moderno concepto” de manifestarse, reclamar e incluso hacer paro, y alentado al gobierno a ir a fondo en la línea esbozada por Zabaleta. Algo a lo que se suman también los “Libertarios” de Milei proclamando una nueva Liga Patriótica antipiquetera.

Cabe recordar que Patricia Bullrich fue una de las promotoras de los “piquetes” y cortes de ruta de la Sociedad Rural, la que la coloca a ella misma pasible de las sanciones que reclama. Debemos interpretar que las represalias que exige tienen un claro contenido de clase, solo en función de atacar a los trabajadores.

Estamos ante toda una línea de provocación y persecución contra el movimiento piquetero, en medio de un plan de lucha nacional contra el ajuste fondomonetarista del gobierno y la oposición patronal.

Un gobierno antipopular

El mensaje de Zabaleta también parte de un profundo cinismo, al agregar: “La sociedad argentina los ayuda para que puedan trabajar, no para que atenten contra la vicepresidenta”. La manifestación, en sí, se produjo contra la votación de pacto con el FMI, que implica el cierre de los programas sociales para millones de desocupados y la liquidación de los ingresos del 1.200.000 de beneficiarios actuales, como quedó demostrado con la actualización de ajuste del salario mínimo.

El Potenciar Trabajo siquiera es reconocido como “trabajo” por el propio Estado, que no le otorga un encuadre en la Ley de Contrato de Trabajo, ni en ningún convenio colectivo. La precaria asistencia social que reciben los compañeros afectados, ahora cesanteados, no solo es un golpe para su economía personal, con seria dificultades de insertarse en un mercado laboral inexistente e incluso atentando contra las posibilidades de financiar los gastos de su propia defensa en juicio, sino también un ataque contra sus familias, a la que se priva de un ingreso más que necesario.

Reclamamos el inmediato restablecimiento del programa social a todo los compañeros reprendidos por el Estado y el fin de la persecución contra los activistas y militantes de las organizaciones piqueteras independientes. La apertura de los programas sociales y su universalización y el rechazo al acuerdo con el FMI para reorientar los recursos a la satisfacción de las necesidades de los trabajadores.