26/09/2020

#28S: declaración internacional por el día de lucha por el derecho al aborto legal en América Latina y el Caribe

Por Varias firmas Plenario de Trabajadoras - PO (Argentina); Rosas Rojas-GAR (México); Juventud Obrera (Costa Rica); Fuerza 18 de Octubre (Chile); Atrabol; Agrup. Vilcapaza (Perú); Agrup. León Trotsky (Uruguay)

Declaración del Plenario de Trabajadoras – Partido Obrero (Argentina), Rosas Rojas – Grupo Acción Revolucionaria (México), Juventud Obrera (Costa Rica), Fuerza 18 de Octubre (Chile), la Agrupación Trabajadores Bolivianos, la Agrupación Vilcapaza (Perú) y la Agrupación León Trotsky (Uruguay) hacia la jornada internacional de lucha por el aborto legal y la separación de la iglesia del Estado resuelta por la Conferencia Latinoamericana y de los Estados Unidos.

Hacia un nuevo día de lucha por el aborto legal en América Latina y el Caribe, las mujeres en todo el continente seguimos reclamando por este derecho elemental. El contexto generado por la pandemia agravó la situación de las mujeres, con un crecimiento de los casos de violencia al interior de los hogares y la falta de medidas efectivas por parte de los Estados, cuyas autoridades optaron por el negacionismo respecto a los datos de incremento de denuncias y de femicidios.

Asimismo, esta cuarentena puso a muchas mujeres a realizar la doble jornada de explotación en el mismo espacio físico: el hogar. Sobre sus hombros recae también la atención de los familiares dependientes y demás tareas de cuidados. Además, las mujeres constituyen la mayor parte del personal de salud de primera línea expuesto al coronavirus. Son las mujeres quienes acceden a los trabajos informales y peores pagos, fuertemente afectados por los impactos económicos del covid. El programa de la mujer trabajadora y campesina, que tiene al aborto legal como una reivindicación fundamental, intenta ser bloqueado por los gobiernos, las burocracias sindicales que pactan con las patronales y las iglesias a expensas de la vida y la salud de las familias obreras.

Violencia intrafamiliar, violaciones, precarización laboral, déficit de vivienda, entre otras, son las causas que llevan a las mujeres a interrumpir un embarazo. El Estado capitalista –que promueve la violencia, el ajuste y la miseria- es por definición un Estado abortista.

No son defensores de “dos vidas” quienes se oponen al aborto legal. Defienden un modelo familiar donde se recrudecen las violencias contra mujeres y niñas. Defienden el aborto clandestino como instrumento de la regimentación social.

Es conocido que tanto Piñera en Chile como Añez en Bolivia y Bolsonaro en Brasil se erigieron como voceros anti derechos y enemigos de los derechos de las mujeres. La existencia de un bloque político reaccionario en todo el continente que fomenta el combate a la llamada “ideología de género” no debe confundir al respecto de que estos sectores no han sido los únicos en bloquear nuestros derechos. El aborto clandestino se mantiene hace años en buena parte del continente de la mano de gobiernos pretendidamente progresistas, enemigos implacables de los derechos de las mujeres y de terminar con el tutelaje del Estado y las iglesias. La ligazón con el clero y la orientación capitalista de gobiernos nacionalistas y centroizquierdistas reflejan que no son una alternativa para viabilizar las reivindicaciones de las mujeres.

Aborto con restricciones en casi todo el continente

El 97% de las mujeres en edad reproductiva en América Latina viven en países en donde la ley de aborto es altamente restrictiva, desde países que prohíben el aborto en todos los casos, a otros que lo habilitan bajo causales específicas que mayormente no se cumplen. En Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá, Cuba, Guyana y Uruguay se permite el aborto a “solicitud de la mujer”, pero con restricciones referidas a las semanas de gestación.

La falta de educación sexual y los límites en el acceso a la anticoncepción son la otra cara del aborto clandestino, en tanto se limita aún más la posibilidad de las mujeres trabajadoras de decidir sobre la maternidad y sobre su propio cuerpo. Los Estados fomentan la intromisión de las iglesias en este terreno para difundir prejuicios respecto a los roles de género, los derechos de mujeres y diversidades.

Recién en 2019 el Ministerio de Salud de Costa Rica aprobó el registro sanitario de la pastilla del día después, aunque el acceso es limitado por su alto costo. A 60 años del inicio de la comercialización de la píldora anticonceptiva, estamos ante un descenso en la utilización de métodos anticonceptivos.

El reclamo de la educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir es un grito que recorre de norte a sur el continente.

Si bien el aborto en América Latina está más restringido desde el punto de vista legal que en otras regiones, cuenta con la tasa más alta. Estado Unidos es pionero en desmantelar servicios de salud reproductiva, en el bloqueo a la ESI laica y científica y a la anticoncepción –matriz común de los gobiernos demócratas o republicanos. Allí las empresas no están obligadas a pagar a las madres durante las licencias de maternidad, aunque la mortalidad materna aumentó un 50% en una generación. Además, el acceso al aborto se encuentra limitado: según el Instituto Guttmacher, solo en los 5 primeros meses del 2019 se impusieron 42 restricciones al aborto. El aborto clandestino y sus derivaciones en término de mutilaciones y muertes de mujeres son una realidad extendida y la respuesta es la criminalización de las mujeres.

Sin derecho a la maternidad

La clandestinidad del aborto en el continente acompaña una vulneración generalizada de los derechos humanos. Sin recursos, trabajo genuino, salario acorde, acceso a la educación y la salud, no maternidad planificada y deseada.

Los hogares llevados adelante por mujeres solas presentan altos índices de pobreza y carencias de todo tipo. La colonización clerical del sistema educativo cumple una tarea ideológica de regimentación, junto a la promoción de un gran negocio que reporta beneficios al Vaticano y a sus aliados en los partidos gobernantes de todos los países.

En Argentina el bloqueo más grande para legalizar el aborto es hoy el lobby empresarial de la iglesia católica, que puja por quedar exenta de tener que llevar adelante la práctica, algo que ya es así con prácticas de aborto por causales, vasectomías o tratamientos de fertilización. La Iglesia es un Estado dentro de un Estado.

Niñas No Madres

La pandemia despertó una alerta que es un signo del desarrollo de la barbarie social del capital: millones de niñas en el mundo obligadas a maternar como efecto directo del incremento del abuso en la infancia protegido y silenciado por el Estado, tanto cuando el abuso es ejecutado al interior del hogar como de la Iglesia Católica.

Sin embargo, desde los Estados se fomentan también otros negocios que fomentan la violación de niñxs y el abuso como el negocio de la pornografía, que se ejecuta robando imágenes de internet, con el mecanismo de la trata de personas y explotando particularmente la vulnerabilidad de niñxs pobres y desprotegidos. El trasfondo del crecimiento de esta industria es la crisis capitalista, la crisis de sobreproducción y el desarrollo de industrias parasitarias basadas en la esclavización de personas.

Hacer maternar a niñas que no tienen sus cuerpos preparados para semejante experiencia es causa de riesgo de vida para ellas. Sin embargo, funcionarios y políticos responsables de obligarlas a continuar con embarazos producto de violaciones, nunca han sido detenidos en todo el continente. No se trata de una excepción de tal o cual gobierno, es una política sin grietas de parte de los partidos gobernantes del continente.

Separar a la iglesia del Estado para conquistar nuestros derechos

En la lucha de las mujeres por sus derechos se ha puesto de manifiesto la profunda injerencia de las Iglesias en los Estados y la subordinación de los gobiernos capitalistas, sean derechistas o ‘progresistas’, a los distintos lobbies clericales, en una alianza para garantizar la contención social en un momento de recrudecimiento de la crisis a escala continental que pretenden descargar en las espaldas de las y los trabajadores.

En Brasil el gobierno reaccionario de Bolsonaro aumentó las restricciones para acceder al aborto legal luego de las movilizaciones para defender este derecho para una niña violada. En extremo, el país presenta alarmantes cifras de violencia sexual. El sistema de salud pública de Brasil registra en promedio seis abortos diarios de menores de entre 10 y 14 años. Es alarmante en este país el empoderamiento de sectores clericales en los gobiernos, católicos y evangélicos que justifican el abuso contra menores, como el ministro Raphael Câmara Medeiros Parente, médico antiaborto y defensor de la abstinencia sexual como medio para evitar el embarazo adolescente y la ministra de Mujer, Familia y DDHH Damares Alves que es pastora evangélica y acérrima enemiga de “la ideología de género”.

El PT pavimentó este camino. Desde la década del 90 impulsó la alianza con el ascendente evangelismo, promoviendo campañas por entonces con la propia Heloisa Helena, que se manifestaba contra el aborto legal (incluso en su calidad de senadora por el Psol), hasta la designación por parte de Dilma Rousseff de Marcelo Crivella, un evangélico carioca homofóbico, contrario al aborto legal y defensor de teorías creacionistas.

El gobierno sandinista de Nicaragua coronó su ruta contrarrevolucionaria produciendo una profunda involución en materia de derechos reproductivos y llegando incluso a hacer campaña exhibiendo a una niña de 9 años embarazada. Esto no impidió que vastos sectores acompañaran la alianza latinoamericana del “eje bolivariano”, cuando cada uno de sus integrantes se inscribió en esta reaccionaria política contra las mujeres, sin siquiera impugnarlo. Es el caso también de Ecuador y de Rafael Correa -quien impidió el tratamiento de un proyecto para habilitar causales para el aborto legal, so pena de expulsar del parlamento a las impulsoras del proyecto de su propio bloque. A su vez, en este mismo país Lenin Moreno fue amenazado por una rebelión popular con un enorme protagonismo de las mujeres campesinas.

Pese a la enorme lucha librada en la Argentina en 2018 de la mano de la marea verde, el gobierno de Macri primero, y Alberto Fernández después, han preservado el aborto clandestino como prenda de cambio para que las Iglesias garanticen la contención social que demanda la crisis capitalista con sus consecuencias de miseria y hambre. Fernández cajonea el tratamiento del proyecto de la campaña por el aborto legal, prometiendo un proyecto propio, aún desconocido y de espaldas al movimiento de mujeres. La dilación del tratamiento del aborto legal en Argentina, en medio de grandes concesiones a los evangélicos bolsonaristas de Aciera y a la Iglesia Católica, representa una estrategia política que le permite al clero arrancar mayores beneficios en el terreno empresarial tanto educativo como de la salud.

También en México sucede que el “progresista” AMLO [el presidente Andrés Manuel López Obrador] tiene un conocido vínculo con las iglesias evangélicas e intenta hacer buena letra con el Papa Francisco. Esto explica que en la mayoría de los estados del país el aborto permanezca criminalizado a dos años de su gobierno y pese a la movilización de las mujeres que exigimos aborto legal en todo México ya –solo en Ciudad de México y Oaxaca es legal la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación.

La subordinación con el imperialismo y el empoderamiento de los sectores clericales es común al Grupo Puebla y al Grupo de Lima, mientras las mujeres siguen muriendo en abortos clandestinos e inseguros y el conjunto de la clase obrera padece las consecuencias de la crisis capitalista y la pandemia.

En la senda de las rebeliones populares

La masiva movilización de las mujeres en el continente colocó como una demanda central el aborto legal seguro y gratuito.

Este movimiento de lucha deberá enfrentar también el sometimiento colonial en el continente, que es incompatible con nuestros reclamos más urgentes. La extensión de la pobreza, la pérdida de derechos laborales y el retroceso de la socialización de las tareas de cuidado, intentarán ser suplidos por ingresos asistenciales, más precariedad laboral y más esclavitud sexual para las mujeres y las niñas. Este diagnóstico requiere de una amplia intervención de las mujeres trabajadoras y estudiantes de todo el continente de manera independiente de las variantes capitalistas y del Estado.

Hace menos de un año la rebelión popular en Chile estalló en un país signado por décadas de privatizaciones y ajustes contra el pueblo, donde el Estado garantizó miseria, hambre e impunidad para los violentos, como se expresó en las innumerables violaciones a los derechos humanos de mujeres y niñas en un contexto represivo. La masividad del movimiento de lucha de la mujer en Chile anticipó, en gran medida, el estallido de la rebelión del 18 de octubre. En los últimos meses, las movilizaciones de las mujeres y los portuarios retomaron el hilo de la rebelión, tanto por sus métodos como por los planteos políticos levantados. En el congreso plurinacional de mujeres realizado en enero se definió a la huelga general como el principal método de lucha para llevar adelante la consigna por Fuera Piñera y la Constituyente libre y soberana. Luego, el 8M las mujeres tomaron masivamente las calles para darle continuidad a la rebelión y reclamar por aborto legal. Antes y durante la rebelión de octubre, las mujeres chilenas marcaron un rumbo de lucha, como parte de la vanguardia de la movilización popular. Desarrollar una fuerte tendencia independiente de las variantes políticas de la burguesía es la tarea del momento al interior de este combativo movimiento.

En Bolivia las mujeres pusieron el cuerpo a la lucha contra el golpe de Estado, contra el fundamentalismo religioso y misógino que planteó “devolver a Dios al Palacio del Gobierno” y con ello profundizar el control sobre los trabajadores y el sometimiento de mujeres y niños. La ofensiva fascistizante y clerical pudo avanzar gracias la capitulación ante los golpistas de Evo Morales y el MAS, primero planteando la “pacificación” mientras las masas se movilizaban y eran fuertemente reprimidas con muertos, heridos y detenidos; y luego rechazando el reclamo de renuncia de Añez en el marco de la huelga general de agosto.

La rebelión en el corazón del imperialismo también encuentra a las mujeres en la primera línea de batalla y organización. Miles participaron en la Cuarta Marcha de las Mujeres a principios de este año. La primera se había celebrado un día después de que Trump fuera investido presidente. En la actualidad, la prepotencia policial desató la organización de mujeres madres, unidas en la lucha por justicia y contra la impunidad, en agrupamientos que incluyen reivindicaciones generales contra el Estado y no estrictamente de género. Las mujeres afrodescendientes, trabajadoras y latinas fueron parte de las masivas movilizaciones y la rebelión popular en los Estados Unidos contra un régimen que hace de la violencia institucional, la represión policial y la discriminación racial uno de los pilares de su sostenimiento.

Trabajamos para que estas tendencias a la rebelión que se expresan en todo el continente se traduzcan en una lucha política consciente por poner fin al régimen capitalista, y para que sus variantes nacionales y populares no se conviertan en el desvío de este objetivo. Solo así, empalmando con las rebeliones en curso y sus nuevos episodios en el futuro, y con independencia política, el movimiento de mujeres podrá conquistar el aborto legal, la separación de la iglesia del Estado y todas sus demandas. Reivindicamos la unidad de la clase obrera con independencia de su género para desenvolver una lucha por todas las reivindicaciones de las mujeres y el conjunto de la clase trabajadoras.

Resulta fundamental darle continuidad a la Conferencia latinoamericana y de los EEUU impulsada por el Frente de Izquierda Unidad y avanzar en un polo común de la izquierda revolucionaria y sus organizaciones de mujeres.

Aborto legal, seguro y gratuito. Separación de la Iglesia del estado.

Educación sexual laica, científica y respetuosa de las diversidades sexuales y de género.

Por un movimiento de mujeres independiente de la iglesia y el Estado.

Fuera Trump y sus agentes de América Latina, fuera los Bolsonaro, los Piñera, las Añez y los Lenin Moreno, enemigos de nuestros derechos. Por la unidad socialista de América Latina.

Que la crisis la paguen los capitalistas, por una salida de los trabajadores, las mujeres y la juventud.

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