Cuando se aprobó la ley de aborto legal, sabíamos que no era la ley que todas queríamos, la mención de objeción de conciencia en sus artículos fue una alarma, ya que sabíamos que esa figura fue la que obstaculizo el cumplimiento del fallo FAL, en los casos de abortos con causales de salud y violación, pero hay otros aspectos a tener en cuenta. Si bien una ley es perfectible, la iglesia y los antiderechos actuaran igual como lo venían haciendo impidiendo los abortos no punibles.

A un año de la sanción de la ley podemos verificar, tomando como caso testigo la provincia de Salta, de tres aspectos negativos de la ley, que abre la puerta al incumplimiento que deriva en una consecuencia muy delicada, hay mujeres que están recurriendo a abortos clandestinos. Veamos esos tres aspectos.

La objeción por ideario institucional, un ariete de la Iglesia

La objeción por ideario institucional o que solo puede ser individual, esto habilita a múltiples interpretaciones, todas lesivas. Salta niega que haya objeción institucional, porque dice que el hospital central, el Materno Infantil, si lo hace, pero está en la ciudad de Salta, en el interior, en casi todos los hospitales se declaran objetores todo el plantel médico incluido personal no profesional, como camilleros y hasta personal de limpieza.

Por otro lado hay una militancia muy férrea del director del Materno Infantil en los medios de comunicación, para crear una corriente de opinión en contra de la ley y para presionar a los médicos para que se declaren objetores, aunque no lo sean. Llego hasta decir hasta que no atienden a otros pacientes por atender abortos, cuando solo son 4 los médicos no objetores, no afecta la atención a otros pacientes, y según el Ministerio de Salud de la Nación, Salta realiza en promedio 40 abortos por mes.

La única salida a esto es que la ley no permita la objeción de conciencia, porque en definitiva es el ariete de la iglesia y los antiderechos para violentar los derechos de salud de las mujeres.

La derivación

En los hospitales del interior, la derivación es un papel para que la mujer viaje a Salta a mostrar ese papel en el Materno Infantil para que te den un turno, el hospital no dispone el traslado, ni ningún recurso. También se registraron derivaciones a otras provincias para casos de ILE, con la excusa de que la ley no establece ningún tiempo y los médicos se declaran objetores, aunque la interrupción sea necesaria porque está en riesgo la vida de la madre, aquí se agarran de la palabra “derivación” para negarse a hacer ILE, siendo que las causales salud son las que establece la Organización Mundial de la Salud.

El ministerio de Salud de la Nación llamo la atención a Salta porque tienen registrados de re llamados al 0800 nacional de mujeres salteñas que reclaman que no le dieron el turno antes de las 14 semanas o no pudieron viajar a Salta y se les venció el tiempo. Muchas de ellas terminan acudiendo a un aborto clandestino.

El estado debe garantizar la práctica en todos los hospitales, la figura de la derivación es también un instrumento para incumplir con la ley.

El rol de la medicina privada

La medicina privada no cumple la ley, en Salta casi ninguna obra social privada, ni clínica hace la práctica, se declaran objetores todos y punto, si no te gusta, anda al hospital público, ahí si tienen la obligación de garantizar la práctica, es lo que le dicen a las pacientes. Pero eso no es un problema solo de objeción de conciencia, estamos ante una estafa a las trabajadoras afiliadas, a las cual se les niega una práctica médica. El Estado no hace nada para obligarlos a cumplir la ley, por eso también hay lista de espera en los hospitales públicos, que deben cubrir también a esas pacientes.

Objetivamente esto es lo que anticipaba ACIERA y las Cámaras de Clínicas durante el tratamiento de la ley, advirtieron que no iban a cumplir.

Acciones judiciales y el caso de la médica Miranda Ruiz

Ni bien se aprobó la ley, la primera acción judicial fue en Salta, planteada por legisladores antiderechos que pedían la suspensión de la aplicación de la ley en los casos de ILE. El planteo rayó lo vulgar ya que hablaba de niños, no de fetos, porque según ellos, los abortos con causales de salud no tienen un tiempo establecido en la ley y eso habilitaba a abortos de 9 meses. La aventura judicial fracaso por el momento, pero solo porque los demandantes no tomaron un caso testigo puntual.

Luego un juez de menores hizo lugar a una cautelar pedida por un hombre, en nombre de su “supuesto hijo” y quería impedir el aborto de su ex pareja, el ministerio de salud de Salta inmediatamente giro un memorándum a los hospitales para que no se realice la práctica hasta que el juez resuelva, cuando debería ser al revés, la ley IVE es de aplicación en todo el territorio argentino, debería haber ordenado que la práctica se realice hasta que el juez no defina la cuestión de fondo. Finalmente la acción se cayó, porque el hombre retiro el pedido de cautelar y no se presentó a la audiencia.

Finalmente la acción judicial más grave hasta ahora es la persecución y criminalización que se hace con la doctora Miranda Ruiz. Es la única médica no objetora del hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, que atiende a pacientes de localidades muy numerosas y decenas de parajes de comunidades originarias y de campesinos.

Ruiz inicialmente fue detenida acusada de realizar un aborto de 22 semanas, la denuncia la realiza un tía de la paciente, a las horas quedo en libertad porque, como esta descripto en la historia clínica, se siguió todo el procedimiento del equipo de salud para la práctica de ILE.

Pero la justicia anti derechos de Salta término imputándola por realizar un aborto sin consentimiento, en la historia penal argentina, los únicos casos en donde una paciente es obligada a abortar resulta inducida o amenazada por familiares o la pareja, nunca por el médico, que en este caso no tiene ninguna relación personal con la paciente.

Se pudo constatar que se violo el secreto médico, desde el hospital le avisaron a los tíos que la chica fue a pedir una ILE, siendo que es mayor de edad.

El problema aquí no es solo que hay antiderechos pululando los hospitales, la justicia salteña es anti derecho, por eso mismo tuvimos en el 2016 un caso tan grave como el de Juana, la niña wichi que sufrió una violación en banda, y que se le negó el aborto no punible.

La ligazón de la justicia salteña con la iglesia católica es muy férrea, este año la corte de justicia que armo el gobernador Sáenz, con el apoyo de un poder político también en su mayoría anti derechos, le garantizo la impunidad a los curas abusadores de menores Lamas y Aguilera, este último fue capellán de la Universidad Católica hasta que se hicieron públicas las denuncias, es esta institución la que provee del personal a los juzgados y tribunales, ya que en Salta no se dictan las carreras de derecho, psicología, ni asistente social en la universidad pública.

¿Cómo enfrentamos todo esto? Poniendo en pie nuevamente la marea verde en las calles. La conquista de la ley fue un paso adelante, a pesar de los limites, tomamos esa posta y reclamamos el cumplimento efectivo de la ley en Salta, porque la principal objeción es política. Pongamos en pie con la marea verde, un gran movimiento por la separación de la iglesia del estado, porque ese tutelaje hacia el estado no tiene solo una finalidad ideológica, sino de control social.

Vamos por el sobreseimiento y anulación de la causa de la doctora Miranda Ruiz, para fortalecer también a los médicos no objetores, que tienen que enfrentarse al estado para ejercer su profesión. Vamos por las ESI laica y científica en todos los niveles educativos para terminar con los abusos y para evitar los embarazo no deseados y si una mujer o persona gestante necesita abortar, que se respeten sus derechos como pacientes.