Finalmente el gobierno nacional presentó su proyecto de aborto en el Congreso. Luego de nueve meses de demora el anuncio de que la presentación se haría durante el mes de noviembre llegó cuando la Ola Verde volvía a las calles. Conjuntamente ingresa un proyecto al que llamó “De atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia”  que, como veremos más adelante, no establece ninguna medida seria de protección a las mujeres embarazadas que pertenecen al pelotón de desocupadas, pobres e indigentes en nuestro país.

El proyecto oficial de aborto es una versión bastante parecida a la que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados en el año 2018 y que está por detrás del proyecto 2019 de la Campaña Nacional en algunos aspectos como el de la objeción de conciencia individual, que aquel no habilita. No olvidemos que admitir esta objeción de conciencia implica admitir que en la salud pública y privada existan médicos que no dan la información adecuada a la juventud cuando necesita acceder a métodos anticonceptivos porque esas prácticas son contrarias a sus idearios religiosos. El ejercicio de la medicina por parte de muchos de estos objetores trae más perjuicios que el enorme que conlleva el rechazo a practicar abortos.

El proyecto oficial contempla el aborto voluntario legal hasta las 14 semanas de gestación, fuera de ese plazo contempla las causales que fueran determinadas por la Corte Suprema de Justicia a través del fallo FAL en el año 2012, que funciona como una suerte de interpretación del artículo 86 del Código Penal que se remonta a 1921. El derecho a abortar debe habilitarse dentro de un plazo máximo de 10 días desde que la mujer o persona gestante concurre a requerirlo. Se habilitarán consejerías que no serán de carácter obligatorio, a las niñas menores de 13 años no se les requerirá declaración jurada: “en los casos de adolescentes de entre trece (13) y dieciséis (16) años de edad, se presume que cuentan con aptitud y madurez suficiente para decidir la práctica y prestar el debido consentimiento”, respetando así convenciones internacionales y lo establecido en el Código Civil, todo una concepción de la niñez y de la adolescencia resistida por las iglesias.

El proyecto de ley es el que supimos conquistar a fuerza de grandes luchas, muchas veces contra este mismo personal político que negó este derecho durante años aunque fue integrante vitalicio de la estructura del Estado. Aún hay que ver la deriva del debate parlamentario, si supera esa fase se iniciarán las instancias judiciales, como ocurre en otros países del mundo en los que el aborto es legal desde los ’70. Los Estados empoderan a los enemigos de los derechos de las mujeres en todo el mundo incluso aquí en donde la lucha fuerza a este gobierno a otorgar este derecho que recogió tanto consentimiento social. Semejante antecedente no puede dejar lugar a dudas sobre la autoría de esta conquista: el movimiento de mujeres y la Ola Verde.

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Es de destacar que no hayan podido incluir la llamada “objeción institucional”, o sea que empresas u hospitales públicos pudieran negarse a practicar abortos legales en virtud del “ideario” institucional. La misma figura que existe en la ley de educación sexual integral y que defiende a los dueños de más de gran parte del sistema educativo público y privado. No es casual que el FdT haya dejado correr en la reglamentación de Rodríguez Larreta en CABA esta “objeción”. Esta conquista habla fundamentalmente de dos cosas: la fuerza de las dos millones de personas en las calles, de la Ola Verde, lo que constituye una movilización sin precedentes en la historia argentina solo comparable a las movilizaciones contra la dictadura militar, y la enorme crisis que atraviesa el gobierno que le impide conceder en este proyecto aún más a sus aliadas, las iglesias, que se oponen a varios de sus términos. Ahora especialmente este punto vamos a tener que atenderlo en el debate

El tan esperado proyecto de aborto legal, que será el primer y último proyecto progresista que impulse el gobierno del ajuste y el pacto con el FMI en su gestión, fue presentado de manera superpuesta a la discusión parlamentaria del proyecto de Carlos Heller y Máximo Kirchner de “aporte solidario”, que es una farsa para encubrir el ajustazo en marcha pactado con el FMI y parte del cual se destina a las petroleras que extraen petróleo y gas de forma “no convencional” o sea, con fracking.

El compañero del proyecto de aborto legal, el proyecto de “atención y cuidado integral de la salud de embarazadas y la primera infancia”, contrasta fuertemente con el contenido progresivo del de aborto, uno de los dos no surge genuinamente de las entrañas de este gobierno y la experiencia dicta que ese es el de aborto legal. En medio de una desocupación récord, de una catástrofe en materia de pérdida de puestos de trabajo, de rebajas salariales y jubilatorias, el gobierno presenta el otorgamiento de una AUH, a la que se le cambia el nombre por ACSI (Asignación para el Cuidado de la Salud integral), de $3.540 al año, por tres años, como el combate a la miseria, cuando un monto así solo puede venir a consagrarla. El solo hecho de pretender que esta suma pueda significar algo en el combate a las maternidades pobres es un insulto.

El proyecto gubernamental de aborto legal establece que “el Estado Nacional, las Provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los Municipios tienen la responsabilidad de implementar la Ley N° 26.150 de Educación Sexual Integral, estableciendo políticas activas para la promoción y el fortalecimiento de la salud sexual y reproductiva de toda la población”. Muy bien la inclusión de este artículo, pero el gobierno no cumple con dicha Ley y subejecuta el presupuesto ínfimo que tiene dicho programa como registra ELA en su análisis del presupuesto 2020.

Hasta ahora la Iglesia Católica, el emporio empresarial educativo privado más grande del país, ha obtenido lo que el artículo 5° de la Ley 26150 le otorga: “cada comunidad educativa incluirá en el proceso de elaboración de su proyecto institucional, la adaptación de las propuestas a su realidad sociocultural, en el marco del respeto a su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros”.

El proyecto ahora será objeto de negociaciones y todo tipo de extorsiones. En el parlamento no priman las convicciones políticas, ellas son tildadas de idealistas, prima un saltimbanquismo político disfrazado de “pragmatismo”. Es un estado de borocotizacion permanente. Aunque para este caso ese estado debiera ser bautizado con el nombre de Silvia García Larraburu, la senadora kirchnerista que se dio vuelta y garantizó la derrota del aborto legal. El gobierno está atravesado por fuertes fracasos que lo debilitan en su negociación. La lucha callejera será la única manera de defender la mejor ley, no defendiendo al gobierno sino exigiendo. Las posiciones que otorgan al gobierno los laureles por el aborto legal luego de 35 años de lucha, aparte de no tener dignidad, lo único que hacen es debilitar la causa del aborto legal, de la educación sexual y la de la separación de la iglesia del Estado sin la cual volverán recurrentemente los ataques pero esta vez desde una posición aun más reforzada dentro del Estado.

Se abre una batalla contra los propios integrantes del gobierno que van a salir a boicotear este proyecto de ley como es el caso de José Mayans, el presidente del bloque del Frente de Todos en el Senado de la Nación, que fue un declarado espadachín de la enemiga del aborto legal durante el debate del 2018 junto a figuras del Pro y del radicalismo

Todavía hay un trecho de lobbies y presiones por recorrer. El pañuelazo del 18 de noviembre debe ser la primera de varias paradas para garantizar la conquista del aborto legal con los métodos que más sirvieron para llevarlo a este punto. Sin confianza en los gobiernos. Sin concesiones a las iglesias. Aborto Legal 2020.

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