A horas de producirse el tratamiento en la Cámara de Diputados del proyecto de ley de aborto legal presentado el 17 de noviembre por el gobierno nacional, el oficialismo presenta modificaciones excusándose en que las mismas serían a pedido de Senadores que de esta forma si se aprestarían a votar la propuesta gubernamental.

Como lo advertimos tempranamente, el gobierno, aliado de la Iglesia, se vio obligado por la Ola Verde a tratar este tema y ante esa fatalidad se encuentra tratando de salvar al máximo los intereses de sus aliados que no son las mujeres y las disidencias, sino las iglesias. El exembajador en el Vaticano, Eduardo Valdés, lo dijo con claridad en 2019: la legalización del aborto en la argentina es “irreversible”. De lo que se trata entonces es de ver cómo hacer para que la iglesia no pierda tanto. Porque que se vote el aborto legal hasta las 14 semanas en el país del Papa es sin atenuantes, una derrota de la Iglesia Católica.

La reforma introducida por los diputados del Frente de Todos habilita a la objeción por ideario institucional bajo una formulación que más que engañosa, podríamos catalogar como cínica. Luego de que el artículo 10 habilita la objeción de conciencia individual, bajo una formulación bastante laxa que habilita situaciones muy dañinas para la pacientes, el nuevo artículo, señala: “Artículo 11.- OBJECIÓN DE CONCIENCIA. OBLIGACIONES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD. Aquellos efectores de salud del Subsector Privado o de la Seguridad Social que no cuenten con profesionales para realizar la interrupción del embarazo a causa del ejercicio del derecho de objeción de conciencia de conformidad con el artículo anterior, deberán prever y disponer la derivación a un efector que realice efectivamente la prestación y que sea de similares características al que la persona solicitante de la prestación consultó. En todos los casos se debe garantizar la realización de la práctica conforme a las previsiones de la presente ley. Las gestiones y costos asociados a la derivación y el traslado de la paciente quedarán a cargo del efector que realice la derivación. Todas las derivaciones contempladas en este artículo deberán facturarse de acuerdo con la cobertura a favor del efector que realice la práctica”.

Decimos que es cínica la formulación porque intenta encubrir que las empresas con “ideario institucional” católico no permiten a un no objetor ser parte de su staff. Una acción patronal bastante conocida que es ilegal pero que los gobiernos patronales y postrados frente a las iglesias, dejan correr. Y para encubrir esa figura, simulan que las declaraciones de objeciones de conciencia se producen por elección personal cuando en realidad eso no es así porque existe una imposición patronal sobre esa cuestión.
Por otra parte el artículo introducido refiere a instituciones privadas y obras sociales, que son las que atienden a millones de trabajadoras registradas, sin embargo no se expide sobre los efectores públicos. ¿Qué ocurrirá si en dichas instituciones todos se declaran objetores individuales? Pues que no prestarán la atención requerida.

La otra modificación introducida refiere al derecho de las niñas que llegan a gestaciones mayormente como fruto de violaciones y en la mayoría de los casos intrafamiliares. La nueva redacción limita el derecho a la autonomía de las pibas para poder requerir un procedimiento médico ante esta situación. La iglesia está sumamente preocupada por cualquier cosa que represente un principio emancipatorio para las pibas en particular y que objete el principio que ellxs defienden de que los chicxs son propiedad de sus padres para bien y para mal. Este es el principio que rige las movilizaciones de “Con mis hijos no” que busca que la familia vuelva a ser un centro de disciplinamiento de las futuras generaciones.

 

Si se trata de tratamientos invasivos que comprometen su estado de salud o está en riesgo la integridad o la vida, el adolescente debe prestar su consentimiento con la asistencia de sus progenitores; el conflicto entre ambos se resuelve teniendo en cuenta su interés superior, sobre la base de la opinión médica respecto a las consecuencias de la realización o no del acto médico.

En este caso, el proyecto original del Poder Ejecutivo establecía que para los casos de las menores de 13 años y hasta los 16 años, frente a la situación de conflicto con los
progenitores, la asistencia del profesional médico y el consentimiento informado bastaban, y taxativamente expresaba que “no se deberá requerir autorización judicial alguna”. En el dictamen que se eleva por mayoría, se elimina la mención de los casos de las personas menores de 13 años y hasta los 16 años, se hace una remisión genérica al artículo 26 del Código Civil y Comercial, pero no excluye – como sí lo hacía el proyecto original – la posibilidad de que frente al conflictos de intereses entre la persona menor de 13 años y sus progenitores esta situación no termine siendo resuelta a través de mecanismos judiciales que obviamente se oponen por el vértice a la necesidad de celeridad de la práctica interruptiva. El peligro en esta situación sería la dilación que haría imposible hacer efectivo este derecho para aquellas niñas que lo necesitasen.

El Senado no pidió nada, porque el senado se expresa a través de leyes y declaraciones. En todo caso es el propio gobierno y en el caso del Senado su presidenta Cristina
Fernández de Kirchner, quienes se dispusieron a dar cumplimiento al reclamo clerical para negar el derecho al aborto a importantes sectores de las mujeres, niñas y personas gestantes de nuestra sociedad. El soslayo sobre la gravedad del paso que dio el gobierno es un acto de clase y de profunda irresponsabilidad que varias voceras oficiosas del gobierno reproducen desde sus cómodas situaciones sociales y económicas.

Sabemos el daño que hace este avance, sin embargo también sabemos el golpe que esta ley representa para las Iglesias y el esfuerzo que el gobierno del ajuste está haciendo. Si logramos tener verdadera dimensión de lo que somos capaces la ola verde va a conquistar todavía más y más derechos, partiendo de la profunda desconfianza en el Estado y de un a confianza infinita en el poder de la movilización popular. Los que permiten a las iglesias reaccionarias avanzar pagarán políticamente por su
postración.

Quienes haremos posible que el aborto sea legal conquistaremos todo lo que nos proponemos.
¡Aborto Legal y separación de la iglesia del Estado!