Frente a la posibilidad de que el Poder Ejecutivo presente un proyecto de ley propio de Interrupción Voluntaria del Embarazo, tanto la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (Aciera) como la Conferencia Episcopal publicaron recientemente comunicados manifestando su rechazo. Utilizan el argumento falaz de que la legalización del aborto implicaría una carga extra para el sistema de salud en medio de la pandemia. Es una afrenta para el movimiento de mujeres y diversidades sexuales, y una presión al gobierno en función de obtener mayores prebendas.

Sectores ligados al gobierno de Alberto Fernández, como la asesora presidencial Dora Barrancos y la integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Marta Alanis, han dejado entrever en declaraciones mediáticas que ingresaría en la próximas semanas el proyecto IVE oficial en el Congreso, tras diez meses de dilaciones. La presión ejercida por la Ola Verde, y la necesidad del gobierno de presentar alguna iniciativa progresista en un mar de medidas antipopulares, constituyen el telón de fondo de estas insinuaciones.

La Iglesia Católica como las evangélicas no solo son reductos reaccionarios, que pregonan el tutelaje y la sumisión de las mujeres, sino además instituciones fuertemente entrelazadas con el Estado a través de subsidios, convenios, cesión de terrenos públicos, exenciones impositivas y hasta cargos públicos de alto rango. Incluso ocupan un lugar de enorme influencia en el terreno empresarial, teniendo en cuenta que  la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas nuclea un gran número de integrantes de la burguesía argentina.

La propia Constitución Nacional otorga a la Iglesia Católica un status jurídico privilegiado, y recibe del Estado una abultada partida presupuestaria que contempla sueldos para los obispos y seminaristas, jubilaciones para sacerdotes y asignación para parroquias de frontera. A esto hay que sumar que las parroquias, los arzobispos y obispos están exentos de pagar tributos tales como ingresos brutos, IVA, ganancias y ganancias aduaneras.

Por otro lado, las provincias y municipios asignan a las iglesias contribuciones para proyectos de “asistencia social” (Cáritas, comedores), así como también subsidios para las instituciones educativas confesionales. A modo de ejemplo, alrededor del 20% del presupuesto educativo total de la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba va destinado a las escuelas clericales.

Aciera, por su parte, se viene extendiendo con un gran entramado de templos barriales. Forma parte, por ejemplo, del gobierno pejotista de La Matanza a través de la Subsecretaría de Culto municipal. A su vez integra el programa “Seamos Uno”, mediante el cual la gestión de Alberto Fernández tercerizó gran parte de la asistencia alimentaria en lo que va del año. El poder político empodera a las iglesias porque precisa de sus “servicios” como reforzamiento del operativo de contención del descontento popular frente al recrudecimiento de la crisis social.

Como hemos señalado en Prensa Obrera, las dilaciones en torno a la presentación del proyecto oficial sobre aborto responden a que es una prenda de negociación con el clero. Los comunicados de Aciera y la Conferencia Episcopal deben ser leídos en esa línea, como el intento de estos sectores de arrancarle mayores concesiones al gobierno en caso de que se disponga a avanzar en esta materia; tienen como trasfondo la exigencia de una mayor injerencia dentro del Estado -como moneda de cambio del derecho al aborto legal, catalogado por voceros del propio Vaticano como “irreversible” tras las multitudinarias movilizaciones de la marea verde.

Las iglesias Católica y evangélicas son conscientes de que tienen condiciones para marcarle la cancha al gobierno, dado que Alberto Fernández se apresta a aplicar un ajuste de proporciones de la mano del FMI y necesita reforzar sus alianzas con estos elementos para garantizar la “paz social”.

En este cuadro, resulta necesario volver a ganar las calles para conquistar el aborto legal, seguro y gratuito e ir a fondo por la separación de las iglesias del Estado. Un triunfo en este terreno asestaría un fuerte golpe a instituciones que educan en la resignación y en la discriminación hacia las mujeres y diversidades sexuales, y dejaría en mejores condiciones al conjunto del movimiento popular para luchar contra la ofensiva del gobierno y las patronales.

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