En los últimos días el reclamo porque se avance con el derecho al aborto legal ha ido cobrando fuerza. Luego de que Alberto Fernández lo postergara indefinidamente, con el argumento falaz de que el mismo chocaría con “las urgencias del combate a la pandemia” , y del silencio aturdidor del Ministerio de Mujeres y numerosas referentes feministas que fueron integradas con cargos y puestos al aparato del Estado, distintos sectores de la marea verde volvieron a poner esta verdadera urgencia en primera plana.

Fue de gran impacto la reciente proclama publicada en los principales diarios nacionales impulsada por Claudia Piñeiro y que contó con la adhesión de numerosos e importantes referentes de la cultura y el mundo mediático, incluso muchos cercanos al kirchnerismo -como el Indio Solari. Actrices Argentinas hizo lo propio, presentando por escrito a Sergio Massa (presidente de la Cámara de diputados) un carta en la que exigieron que se trate antes del cierre de año el proyecto de ley de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal –con una delegación que integraron Thelma Fardin, Laura Azcurra, Romina Richi, entre otras compañeras. Desde el inicio de la cuarentena, el FIT-U organizó asambleas y jornadas de movilización junto a sectores independientes, que incluyeron la acción de lucha que se realizó frente al Congreso este 28S (Día de lucha por el aborto legal en América Latina y el Caribe) –manteniendo activas las banderas de la marea verde ante la renuncia de las organizaciones kirchneristas a dar continuidad a esta lucha.

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, integrada en su gran mayoría por militantes de todo el espectro de los partidos patronales –con preeminencia de sectores ligados al gobierno-, acompañó la política del oficialismo en un cuadro de grave parálisis durante todo el año. A nivel del lobby (necesario) que suelen hacer en el congreso, este 2020 ni siquiera se dedicaron a juntar nuevas firmas al proyecto presentado el año pasado (habiendo una importante cantidad de nuevos diputados que ingresaron con la renovación parcial de la cámara, dispuestos a adherir). El impulso público que han dado ahora al planteo de que se trate el aborto legal 2020 es la manifestación política de que se ha impuesto un hartazgo generalizado y un renovado reclamo de la marea verde.

La urgencia de los tiempos parlamentarios

El Proyecto presentado por la Campaña en mayo del año pasado (que supera en sus alcances a la media sanción de 2018 –eliminando por ejemplo toda referencia a la objeción de conciencia, incluida la individual) está a punto de perder estado parlamentario. Formalmente eso ocurrirá el 1 de marzo de 2021, pero el plazo para dictaminar en comisiones antes de esa fecha vence el 20 de noviembre de este año. A partir de ahí, la única opción es durante el período de sesiones extraordinarias que el oficialismo podría convocar en diciembre (o, más raro, en febrero). Pero en tal caso, según el reglamento de la cámara baja, su tratamiento deberá contar con el voto de las dos terceras partes de los diputados 10 días antes de que se convoque a las extraordinarias.

Como se ve, los plazos son realmente ajustados, y de no avanzar rápidamente, el proyecto de la Campaña volverá a ser escandalosamente cajoneado quién sabe por cuánto tiempo –habida cuenta de que 2021 será un año electoral y la excusa cantada para no avanzar.

El proyecto del gobierno y las transas con la Iglesia

El tan prometido proyecto del Poder Ejecutivo aún no ve la luz del día. Se dice que lo mandarían para que “se trate y se apruebe” –es decir, cuando tengan garantizados los votos. Pero las bancadas oficialistas ni siquiera han hecho los deberes. Recientemente Juntos Por el Cambio le presentó a Sergio Massa un listado “con sus votos verdes”. Por parte del Frente de Todos, ni mu.

Pero el hecho de que nadie conozca el contenido del proyecto es aún más grave. El mismo se dice que está redactado desde el mes de marzo, pero lo mantienen como secreto de Estado. Lo que sabemos es obra de un gobierno que definió una orientación de reforzamiento clerical en todos los niveles del Estado -y en todos los ámbitos de nuestras vidas. El “pacto social” no escrito tiene como una de sus patas fundamentales a las iglesias –pilar de la defensa del régimen de miseria generalizado que se impone a las mayorías, pregonando la resignación y el mantenimiento de relaciones sociales y personales basadas en la opresión y la sumisión.

Todo indica que desde el momento en que Alberto Fernández se comprometió en avanzar en esta materia, el tema fue objeto de negociaciones con el vaticano. Voceros del Papa manifestaron que el aborto legal era “algo irreversible” -dando cuenta de la adhesión social mayoritaria que conquistó la marea verde. Pero ello sólo significa que pretenden usar ese derecho como prenda de cambio a costa de la preservación de los privilegios y negocios clericales, la protección de curas abusadores, el reforzamiento de su injerencia como agentes privados en el sistema de salud y educación –que les permite negar derechos a su antojo. No sólo el proyecto del gobierno podría traer consigo la objeción de conciencia bajo el brazo, sino también mayores concesiones “no escritas” al oscurantismo clerical y reaccionario.

La marea verde debe volver a ganar la escena para que sea ley

Es evidente que la conquista del aborto legal dependerá de nuestra lucha. El gobierno siente la presión en momentos en que agrava un rumbo de miseria y ofensiva generalizada contra las y los trabajadores, y que no tiene ningún punto progresivo para exhibir de su gestión.

Ganar las calles y retomar una intensa movilización de la marea verde va a ser el factor determinante para poner fin a siglos de clandestinidad en nuestro país. Es la tarea del momento.