Según Infobae (10/8), “dos fuentes de primer nivel del gobierno” confirmaron  que no va a enviar su proyecto de legalización del aborto al Congreso este año. Más tarde, el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, afirmaba su postergación: “si no hubiéramos tenido pandemia se iba a debatir este año” (Perfil 11/8). Finalmente esta mañana Alberto Fernández dijo en Futurock que “no está confirmado que la ley de aborto pase para el año próximo” – admitiendo que no es decisión oficial tratarlo en lo que queda de 2020. Tampoco, claro está, habilitará el tratamiento de la Campaña Nacional, que tiene pleno estado parlamentario y su cajoneo obedece estrictamente a una decisión política del oficialismo que dirige la Cámara de Diputados –es decir, del gobierno.

El tufillo a operación política es ineludible, pero la no refutación de los trascendidos y el “dejar correr” del gobierno, lo coloca no como víctima, sino como parte del armado clerical y mediático contra cualquier avance en materia de un derecho fundamental para las mujeres.

Esta posición el presidente ya la había expresado en distintas entrevistas radiales durante la cuarentena, con el argumento de que terminar con el aborto clandestino y la criminalización de las mujeres y personas gestantes no sería “una urgencia”. Es la política que se ha impuesto por la vía de los hechos, porque del anuncio hecho el 1° de marzo en la apertura de sesiones legislativas sobre el envío de un proyecto gubernamental de aborto legal, sólo quedó la promesa. Pasaron seis largos meses y nunca se conoció siquiera un borrador del proyecto oficial.

Lo novedoso en todo caso es que ahora la decisión de avanzar en este derecho parece quedar definitivamente borrada del mapa de la agenda gubernamental por un tiempo que excede al combate a la pandemia. El gobierno postergó numerosos temas “polémicos” al acuerdo con los bonistas –una entrega nacional de proporciones que se convirtió en el eje de toda la política gubernamental, mostrando que el rumbo del país lo define finalmente el capital financiero internacional. La Iglesia fue parte del elenco que auspició este rumbo colonial. Quienes creyeron que la consumación del acuerdo de deuda daría finalmente vía libre para avanzar en “una agenda popular” como es el derecho al aborto legal, deben tomar nota de que esto no es así.

La definición de que el aborto pueda no tratarse en todo 2020 estira los plazos mucho más allá de este año calendario, porque 2021 es un año electoral, y ya vendrá el discurso de que será “un mal momento”. Todos esos argumentos omiten que lo verdaderamente malo y dañino para las mujeres y las disidencias es la perpetuación del aborto clandestino.

Falsedades

Es falso que legalizar el aborto suponga desviar la atención que requiere el combate a la pandemia.

Circunscribir el derecho al aborto legal como un asunto estrictamente de salud –tal como hacen los voceros gubernamentales y el propio presidente- es una presentación interesada del problema. Lo coloca en un terreno de competencia con la lucha contra el Covid, como si una cosa rivalizara con la otra. Da la idea de que un tratamiento de la ley supondría que las principales espadas gubernamentales en el ámbito sanitario deberían volcarse a disposición de esta causa.

No es cierto que la legalización del aborto vaya a significar “una presión al sistema de salud”. Por el contrario, para el sistema de salud es efectivamente una carga la atención a las mujeres víctimas de la práctica clandestina, que terminan ocupando muchas veces camas de terapia intensiva por las gravosas secuelas de un aborto en condiciones de absoluta precariedad que pone en riesgo sus vidas. Lejos de haberse retraído este problema, la reclusión hogareña que impuso la cuarentena agravó el drama de los abusos y los embarazos no deseados. La hipócrita guía publicada por el Ministerio de Salud aconsejando sobre cómo realizarse “un aborto seguro en casa con misoprostol” ignora el alto costo del medicamento –cuyo precio acaba de dispararse, y en muchos casos supera el ingreso que se percibe por un plan social, ni que hablar en relación a la IFE en cuotas de $3000 mensuales (la droga que se utiliza para interrumpir embarazos hoy oscila entre los 5200 y los 8400 pesos). Socorristas en Red, que asisten a mujeres que necesitan interrumpir un embarazo alternativizando al sistema de salud que no da respuestas por decisión del Estado, acaba de informar que las consultas que recibieron por este tema entre marzo y junio ascienden a los 5844 casos. Según las socorristas, las provincias donde más restrictivo es el acceso a la interrupción del embarazo son Santiago del Estero, Corrientes, Mendoza, Misiones y Chaco –salvo esta última, ninguna de ellas figura entre las más afectadas por el Covid.

Un tratamiento de la legalización en el Congreso tampoco requiere de la participación de máximos funcionarios de Salud. El trámite parlamentario podría adoptar distintas modalidades a la impulsada por Macri en 2018. Hay un debate que ya tuvo lugar, una mayoría social conquistada por la marea verde y un parlamento que se postró al lobby clerical –cuya orientación en una nueva votación sobre el tema podría ser torcida con clara voluntad política desde el Poder Ejecutivo, como precisamente tanto se le reprochó al macrismo cuando dejó enterrar la media sanción.

Resulta por demás paradójico, además, que teniendo Ministerio de las Mujeres y Géneros, la defensa de una demanda que el movimiento de mujeres puso en agenda no sea ejercida por esa cartera, como ha ocurrido hasta ahora.

El gobierno bien sabe que hay otras tácticas parlamentarias posibles –pero ni se tomó el trabajo de esgrimir alguna, ni de fundamentar su “inconveniencia”.

En cambio, el refuerzo al papel reaccionario de las iglesias para predicar sometimiento entre los más pobres cuando se agravan el hambre y la carestía, sí contradice avanzar seriamente en la agenda de las mujeres, empezando por el derecho al aborto legal. Porque lejos de ser un tema de estricta “salud pública”, es ante todo un poderoso instrumento político para someter y disciplinar a las mujeres. El reforzamiento de esas iglesias conspira contra la educación sexual que reclama la juventud y sobre la que el gobierno nacional y los gobiernos provinciales se niegan a avanzar. También refuerza el encubrimiento al abuso infantil y abre paso al lobby empresarial para que la ley se restrinja al sistema de salud público, excluyendo a prepagas y a obras sociales.

Reforcemos nuestro reclamo

Desde la banca de Romina Del Plá en el Congreso Nacional hemos insistido incansablemente en el tratamiento del aborto legal. Denunciamos que la Comisión de Mujeres y Diversidad tiene reuniones informativas que no legislan sobre nada y distraen sobre las verdaderas urgencias. No hay más vueltas que darle a este asunto. El riesgo de colapso del sistema sanitario se explica por años de desguace y privatización, y por la falta de voluntad de revertir esa orientación y de volcar los recursos presupuestarios necesarios para equipamiento y condiciones sanitarias -porque el dinero se lo llevan los Black Rock. Ese es el problema y no la demanda de las mujeres que necesitan interrumpir un embarazo -como supone la imposición de la eterna postergación de nuestro derecho.

El bloqueo a nuestro derecho no lo impone la pandemia, sino el gobierno y las Iglesias. Sigamos reclamando y desarrollando una intensa movilización política por los medios que nos permita la cuarentena, para conquistar el aborto se legal, la educación sexual y la separación de las iglesias del Estado.