El triunfo del aborto legal en Diputados trajo aparejadas las correspondientes movidas clericales para lograr frenar su aprobación en el Senado. También la confirmación de que el gobierno, y en particular Cristina Kirchner, forzados a tener que cumplir con la demanda de la ola verde, trataron de responder a las preocupaciones de la Iglesia Católica que fueron introducidas en el proyecto final: la objeción por ideario institucional y la limitación de la autonomía de las niñas de entre 13 y 16 años. En otra oportunidad, allá por 2006, el kirchnerismo procedió de igual manera con la Ley de Educación Sexual integral y el resultado fue fatal: admitieron la objeción por ideario institucional y así fue que la educación sexual científica y laica fue eliminada en los hechos de la formación docente y de la implementación tanto en la educación pública como la privada.

La señal de que el gobierno procedería de tal manera la advirtió Prensa Obrera tempranamente cuando Rodríguez Larreta reglamentó la adhesión al protocolo nacional de Interrupción Legal del Embarazo habilitando la objeción por ideario institucional. El silencio de La Cámpora y de todo el Frente de Todos, incluida por supuesto la banca que detenta el clerical Frente Patria Grande de La Mella y Grabois en la Legislatura, fue total y así quedó manifiesta la disposición a dar a las múltiples empresas ligadas al clero la oportunidad de no tener que realizar la práctica, algo que para algunas regiones del país se traducirá en la negación del acceso a este derecho.

La media sanción es un logro sin atenuantes de la Ola Verde, pero la omisión en destacar esta concesión gubernamental representa un punto de vista de clase que deja desprotegidas a las mujeres por las cuales se decía querer legislar. Una mirada de clase que desprecia los verdaderos obstáculos que recaen sobre las más pobres, incluido el peso del obstáculo penal que tampoco fue removido de la ley actual y cuyo sostenimiento sigue siendo un instrumento de la reacción clerical que mantiene un enorme poder dentro del Poder Judicial con jueces designados por gobernadores y legislaturas totalmente postradas ante el clero.

Por otra parte, es preciso volver a recordar que el naufragio definitivo de la ley de aborto en 2018 en el Senado fue obra de una transacción de CFK, en la que ofreció la borocotización del voto de la exsenadora García Larraburu -el número 37- por el apoyo explícito del Vaticano y de sus agentes locales a la expresidenta en la causa de los cuadernos.

Para el presidente de la Pastoral de la Salud, Alberto Bochatey, el resultado de la votación en la Cámara baja fue más ajustado de lo que se preveía. “Con 129 votos salía y tuvieron 131. Esto confirma lo frágil, lo débil de esta mayoría y lo dividido que está el pueblo argentino en este tema”, dijo el obispo auxiliar de la Plata, según el periodista Mariano De Vedia en La Nación. Sin embargo, este discurso no es cierto porque la estimación máxima de votos fue siempre de 131 votos y no más.

Por supuesto que a Bochatey se le conocen declaraciones por el tema aborto pero ni una palabra sobre los múltiples curas violadores que han sido denunciados en su diócesis todos cercanos a las autoridades diocesanas actuales y pasadas. Para contar la historia completa, el periodismo tampoco los interpela al respecto. Algunos le temen al Dios omnipresente, otros simplemente al poder clerical construido sobre la base del financiamiento e integración al Estado de la mano de todos los gobiernos.

Por su parte, Monseñor Lozano amenaza desde la diócesis sanjuanina planteando que “No está dicha la última palabra”. Lo dice desde una provincia en la que el peronismo, y en particular los principales aliados kirchneristas, antes Gioja y ahora Uñac, gobiernan habiendo entregado el aparato del Estado a la iglesia local y a las mineras.

La Conferencia Episcopal se reunirá este martes y miércoles para emitir un documento que inicialmente fue presentado como que contendría una critica integral al gobierno y que, ahora dicen, se circunscribirá al tema aborto. Si bien el titular de tapa de Clarín del domingo generó polémicas (“La Iglesia anticipa un quiebre con el gobierno por la ley de aborto”) lo cierto es que la nota del cronista vaticano Sergio Rubín no especifica ninguna información clara al respecto de dicha ruptura, más que las clásicas declaraciones de molestia sobre el tema y especulaciones con una quita del apoyo que vienen dando para el 2021, año electoral.

La pulseada entre el gobierno y la Iglesia por el aborto legal es real. Sin embargo, como hemos demostrado en nuestras intervenciones mediáticas y parlamentarias, los denominados “curas villeros” (con abultados sueldos pagos por el Estado), voceros directos de Bergoglio, no han sacado los pies del plato en sus intervenciones y denuncias. Siguen sin denunciar los planes de ajuste, se quejaron de la eliminación del IFE, mientras que no denuncian que Argentina es uno de los países que menos destinó de su PBI a la asistencia a la pobreza bajo la pandemia. Algo que si no hizo explotar aún a los sectores hambreados es porque las iglesias católica y evangélica hicieron su trabajo de contención.

Mientras el gobierno recorta a los más pobres nunca dejó de pagar los millonarios subsidios que reciben estos sectores ni a nivel nacional ni a nivel provincial. Estos gestos son muy apreciados por la cúpula clerical. Y a no olvidar que aún sigue en carpeta una ambiciosa reforma judicial que habilita la creación de cientos de cargos para nuevos jueces, pulseada en la que la iglesia católica busca recibir su tajada: puestos en el Poder Judicial que luego utilizarán, claro está, contra las mujeres más pobres del país, como han hecho hasta ahora.

Efectivamente, la pulseada está en pie y en ella se juega el poder particular que la iglesia tiene en cada provincia. Sin embargo, para el gobierno nacional una derrota representaría el peor escenario para afrontar el año electoral, mostrándose débil frente al clero e incumpliendo frente a la ola verde, que todavía apoya mayoritariamente en el terreno electoral y que tiene un peso real ante dicha situación, mientras que el peso clerical directo en este terreno es mucho más difuso. Quien ya votó al gobierno y está en contra del aborto legal no dejará de hacerlo porque haya cumplido con esta promesa electoral. La puja está entre el poder nacional y los poderes provinciales, ya que la próxima elección es legislativa y se juega en las provincias y los punteros locales buscan que el gobierno nacional les de reaseguros para no perder sus posiciones.

La ley está en peligro efectivamente. Los compromisos con el clero, de parte de quienes gobiernan, se distribuyen de manera amplia en varios frentes: educativo, salud, empresarial y en los poderes del Estado directamente. Las mujeres no podemos subestimar la alianza entre el Estado y las iglesias y debemos recurrir al único recurso que tenemos: la movilización popular, la única que nos llevó hasta acá y la que nos permitirá conquistar el aborto legal y seguir luchando por la separación de la Iglesia del Estado.