Se dio a conocer un reportaje a Ayelén Mazzina, la nueva ministra de Mujeres, Géneros y Diversidades, el 8 de marzo de 2018 se manifestó “completamente en contra de la despenalización del aborto”. En ese momento la funcionaria oficiaba de concejala en San Luis, como parte del gobierno pejotista de Alberto Rodríguez Saá, y en su participación en el programa Estado de Situación de Alberto Trombetta respondió con esas palabras al entusiasmo del conductor televisivo por el tratamiento parlamentario del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo.

Es desde esa militancia enemiga de nuestros derechos que el Frente de Todos de San Luis la convocó para ser candidata a diputada nacional, y luego secretaria de Géneros y Diversidades de esa provincia. Más tarde, ya ante una masiva “ola verde”, se reacomodaría expresando un cambio de posición.

 

“Ayelén Mazzina llegó al poder militando en contra de nuestra lucha más emblemática y hoy usurpa nuestros símbolos y peleas para llegar a un cargo ministerial. Exigimos que se vaya ya. Además comprendemos que es una estafa que haya un Ministerio de mujeres género y diversidades dirigido por funcionarias que responden al gobierno nacional y no a las necesidades de las mujeres”, la cruzó Vanina Biasi, dirigente del Plenario de Trabajadoras y diputada nacional electa del Partido Obrero en el Frente de Izquierda.

El “cambio de posición” de la ahora ministra apunta a la usurpación de las peleas del movimiento de mujeres, como hizo mediante un comunicado al ser designada, adjudicándose la organización del 35 Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias. Una verdadera afrenta a un evento del cual participaron miles de mujeres durante el fin de semana, organizadas a lo largo y ancho del país contra los femicidios, el hambre, la pobreza, el ajuste del FMI.

En su gestión en San Luis, la nueva ministra carga con la impunidad ante el femicidio de Florencia Magalí Morales, asesinada por la policía local. Florencia fue detenida en 2020 cuando salió a hacer las compras durante la cuarentena, y a los días apareció muerta en un calabozo. La policía intentó encubrir el crimen haciéndolo pasar por un suicidio, y su familia exige justicia hasta hoy, denunciando la impunidad. También con la desaparición de Guadalupe Lucero, la niña desaparecida en la Ciudad de San Luis desde hace un año y tres meses.

El ministerio y su conducción seguirá siendo un taparrabos “de género” para una política contraria a las demandas de las mujeres, como dicta el ajuste fondomonetarista del gobierno. Lo que necesitamos es un organismo autónomo de los gobiernos, que luche contra de esta política de hambre, violencia y miseria. Un Consejo Autónomo de Mujeres y Diversidades electo por el voto popular y con mandato revocable, como planteamos desde el Plenario de Trabajadoras, sería una contraposición política y metodológica respecto de la cooptación gubernamental.