Hace semanas un corte en la Villa 31 puso sobre la mesa la denuncia de una serie de casos de abusos a menores en el barrio. Esa acción reunió a diversas familias que viven abusos sexuales de este tipo, un tema que se reproduce, de forma permanente, con la complicidad Estado.

El corte permitió visibilizar estos hechos y apuntar contra la comisaría que los desestimaba, pero lo que verdaderamente destapó la olla de putrefacción de este régimen fue el proceso posterior. Cuando una mujer trabajadora debe encarar una situación de estas características la violencia no se reduce al abuso cometido. Queda absolutamente más que claro como el Estado, no solo por su omisión, sino particularmente por su accionar, las condena a un proceso de constante revictimización por parte de las instituciones y de la Justicia.

Uno de los casos resulta sumamente descriptivo y permite sacar tales conclusiones. Se trata del abuso de una niña de 7 años por parte de un miembro de su familia. Ella y su madre no solo deben enfrentar la situación, ya de por sí terrible, sino que incluso se encuentran envueltas en un espiral de complejidades burocráticas y violencias institucionales.

Ambas tuvieron que permanecer un mes entero en la guardia pediátrica de un hospital ya que una vez finalizadas las pericias y tratamientos correspondientes fueron retenidas allí, en la medida que, donde viven, es considerado un riesgo para las víctimas. Si bien esto podría resultar adecuado en pos de protegerlas, en los hechos produce una nueva vulneración. El problema reside en que el hogar de ellas pertenece a la misma estructura de vivienda donde residía el abusador, que ya fue expulsado mediante perimetral, pero donde continúa viviendo parte de la familia.

La alternativa provista por el Consejo de la Niñez, que es quien interviene en este caso, es que, por un lado, asistan a un refugio alejado de su hogar (es decir, del colegio de la niña y vida de ambas) o que, por sus propios medios, alquilen un sitio donde vivir sin subsidio ni acompañamiento alguno. La vivienda en cuestión es de la madre de la menor y debe serle restituida con la protección física y psicológica mediante intervención judicial.

El problema central resulta que mientras ellas se encuentran encerradas en el hospital quien está libre es el abusador. Más allá de las denuncias presentadas hace tiempo, la Justicia no opera en función de quienes sufrieron dichos vejámenes. Además de tener que atravesar el circo de la burocracia judicial, para una mujer que no tiene acceso a un patrocinio, quienes deberían ocuparse de los hechos se toman su tiempo. A resumidas cuentas, no existe siquiera un avance en la causa por lo que no hay ni prisión preventiva y las víctimas son quienes pagan la situación.

Mientras que desde el gobierno agitan la supuesta “reforma feminista de la Justicia” son los primeros responsables de la situación de las mujeres. La pobreza y la desocupación crecen cada vez más, particularmente entre la juventud y las mujeres, dejando el terreno allanado para el desarrollo de todo tipo de situaciones de violencia. Hoy es esta mujer y su hija, presas de un sistema perverso que no asiste sus necesidades, que las condena a la resignación. Solo cuentan con el apoyo de sus amistades y de quienes nos organizamos de forma independiente.

Desde el Plenario de Trabajadoras y el Polo Obrero venimos reclamando de forma incansable la necesidad de que existan Centros Integrales de la Mujer con presupuesto y con condiciones adecuadas de asistencia en cada barrio ya que las mujeres trabajadoras se encuentran totalmente indefensas a la hora de transitar estas situaciones. Aunque los existentes resultan insuficientes, el gobierno de Larreta se opone a la creación de nuevos CIMs, como quedó demostrado en el rechazo del PRO al proyecto que presentamos en la legislatura desde la banca del Frente de Izquierda por la creación de uno en la Villa 1-11-14.

Lo mismo sucede con el gobierno nacional que, a pesar de haber creado un Ministerio de las Mujeres y Diversidades, sus políticas no contribuyen en mejorar la vida de las trabajadoras. El programa Acompañar resulta irrisorio y se ha implementado de forma más que escandalosa. Queda claro que los consejos y ministerios, con sus medidas cosméticas, representan un problema si no apuntan a resolver realmente los atropellos hacia las mujeres.

También es por esto que planteamos la existencia de un fuero único de las mujeres, que combata la revictimización de las mismas en los procesos, y que no sea con una “perspectiva de género” en abstracto sino en función de las demandas de las mujeres de la clase obrera ocupada y desocupada.

Acompañaremos a cada una de las víctimas de la violencia en sus reclamos. El Estado es responsable.

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