Avanza la investigación sobre la desaparición de Cecilia Strzyzowski y la justicia determinó la prisión preventiva, y cambió imputaciones para cuatro de los detenidos. Emerenciano Sena y Marcela Acuña fueron imputados como coautores del femicidio porque estaban en la casa cuando sucedió, su hijo César Sena fue acusado de homicidio triplemente agravado por el vínculo, mientras que los colaboradores Gustavo Melgarejo y Griselda Reinoso (el casero del campo y su esposa), junto a Gustavo Obregón y Fabiana González (asistentes de los Sena), recibieron el cambio de carátula de encubrimiento agravado, posiblemente por colaborar y brindar datos para encontrar pruebas de ropa y el cuerpo calcinado de Cecilia.

La desaparición de Cecilia Strzyzowski puso en jaque a todo el poder político de la provincia. El PJ es el partido más involucrado por los vínculos con Emerenciano Sena y Marcela Acuña, sin embargo los lazos del poder no terminan ahí y en esta semana se conoció que el campo de los Sena, de dónde se recolectaron las pruebas de la desaparición de Cecilia, fue otorgado en el 2005 por el exgobernador y actual candidato a intendente de JxC, Roy Nikich.

El gobernador del Chaco intentó, en conferencia de prensa, evitar nuevamente ser señalado por el poder que otorgó a los Sena. Pero terminó más hundido que de costumbre porque los vínculos políticos y económicos con los Sena son innegables. En dicha conferencia hizo una presentación larga y tediosa de lo bueno que es su gobierno en la provincia más pobre del país y con más casos de femicidios, justificó que los 141 millones de pesos que la provincia giró a la fundación Raúl Acuña, manejada por los Sena, era para construcción de obras y pagos de haberes. Estos acuerdos lo hace el poder ejecutivo solo por apoyar al gobernador y sin pretensión de que las fundaciones, como la Raúl Acuña, respeten los acuerdos colectivos de trabajo, condiciones de contratación y derechos laborales.

Repitió incansablemente que en el Chaco hay libertad de prensa y que se respetan los derechos constitucionales, pero en la misma conferencia se vio el insulto de Gloria Zalazar, ministra de Justicia y Seguridad, hacia un periodista que cuestionó que el Estado sea transparente en su gestión. Criticó fuertemente a los medios y se victimizó, a la vez que reconoció que paga a los mismos medios para que difundan la agenda de su campaña. Parece que cuando paga Capitanich está bien pero si difunden los vínculos políticos con los femicidas es fake news.

En su conjunto, el PJ en el gobierno es el brazo económico para que fundaciones y movimientos sociales afines precaricen trabajadores y trabajadoras. No sólo en la obra pública, sino también en salud y educación, y esto lo demuestra las infinitas denuncias que llevan a cabo ex docentes de las escuelas de gestión social contra el movimiento de Emerenciano y otras que también son manejadas por punteros del PJ.

Pero además de financiar organizaciones como la de los Sena, hay que destacar que en materia asistencia a las víctima de violencia de género la participación del Estado es nula, las víctimas no reciben asistencia aún denunciando, la herramienta de prevención que puede ser la ESI se encuentra truncada desde el mismo Estado que habilita que las iglesias difundan contenidos anticientíficos. Al mismo tiempo, la secretaria de géneros y diversidades sobrecarga a las activistas barriales para que asistan a las víctimas de violencia, sin brindar ninguna herramienta de contención más que el voluntariado.

Para peor, la diputada del PJ, Claudia Panzardi dijo en la sesión de la Cámara de Diputados que “Cecilia eligió mal a la familia de su novio”, culpando a la víctima de que no denunció que sufría violencia de género y por eso el Estado no pudo evitar el desenlace fatal. Por supuesto que en una provincia donde la asistencia es nula y el Estado crea mecanismos de disciplinamiento hacia las mujeres, la culpa no es de las víctimas y sus malas elecciones sino del poder político que en discurso se presenta como defensor de las víctimas pero en los hechos las abandona a los violentos. La única asistencia efectiva es de familias y amistades, y esto es gracias a las luchas del movimiento de mujeres que instala en los reclamos la conciencia de erradicación de la violencia de género como problema social, a la vez que denuncia el papel del Estado.

Otra fake news de Capitanich es decir que están del lado de las víctimas, mentira. Además de empoderar a los Sena y ponerlos en las lista de diputados, el PJ tiene una larga trayectoria de brindar cargos a punteros denunciados por violencia de género y abusos sexuales. Raúl Acosta, denunciado por violento y abusador de menores, formó parte de sus listas en el 2021 y, como no llegó a la Cámara de Diputados, le ofrecieron la presidencia de Saamep, la empresa de agua de la provincia, donde fue denunciado por las mismas trabajadoras que lograron que se lo destituya. Actualmente llevan como candidato a diputado provincial a César Frugoni, involucrado en la causa de trata de personas “sueños compartidos”.

El sábado 2 de julio se realizará una nueva movilización, pero está vez en el puente Chaco Corrientes para unir a las dos provincias y pedir justicia por las víctimas de violencia de género. Pero no nos equivoquemos, la fuerza del pedido de justicia por Cecilia y terminar con la impunidad es gracias a la comunidad del Chaco que acompaña a las familias y lucha contra el poder político de Capitanich y del Estado.

En este sentido, la solución no puede venir tampoco de la oposición de JxC, que nada ofrece para erradicar la violencia de género y solo desprestigia las luchas sociales.

Es necesario que las organizaciones de mujeres y diversidades, junto con los movimientos sociales, luchen contra el clientelismo, la impunidad y la corrupción más allá del gobierno de turno.

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