Mujer

1/6/2026

Chubut hacia el 3J: organicemos la lucha de las mujeres y las diversidades sexuales

Foto: Anibal Aguaisol

A 11 años del primer Ni Una Menos, las mujeres y diversidades sexuales seguimos en las calles luchando contra la violencia capitalista que nos mata y exigiendo justicia por las que no están. El reciente femicidio de Agostina Vera en Córdoba y el de Dulce María en Misiones deja de manifiesto que estamos bajo un régimen social incompatible con las mujeres trabajadoras. La necesidad de organizarnos y ganar las calles masivamente contra los femicidios y contra los gobiernos responsables es urgente.

El gobierno nacional de Javier Milei ha puesto a las mujeres y a la comunidad LGBTQI+ como blanco de sus ataques. Se trata de una avanzada sistemática -ideológica y material- que se expresa en el vaciamiento de los programas de prevención y asistencia ante las violencias, los embates contra la Educación Sexual Integral (ESI), el desguace de las áreas de género y la instalación permanente de discursos que niegan las desigualdades estructurales. En esta línea, diputados de su espacio impulsan iniciativas reaccionarias contra el movimiento de mujeres y diversidades, como el proyecto de “falsas denuncias” de Carolina Losada o la derogación de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Estas disputas no se limitan a los debates parlamentarios. Recientemente ocurrió un hecho de gravedad en la sede de Trelew de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Embanderados bajo el movimiento de “falsas denuncias”, Marco Fattorello, docente de Río Negro, y Bruno Sancci, docente de Chubut con múltiples denuncias por violencia de género y vinculado a la muerte de Nadina Nieto Velazco, irrumpieron en la universidad hostigando y acosando a docentes y estudiantes.

La impunidad de personajes como Sancci se sustenta en el entramado de poder que lo sostiene. Desde el gobierno de Arcioni se dilataron y archivaron sus causas al punto de hacer peligrar su continuidad por prescripción. Por su parte, durante el gobierno de Ignacio Torres, la primera medida que tomó el ministro de Educación de Chubut, José Luis Punta, fue dar por concluido el sumario que sostenía la investigación por violencia contra Sancci, en medio de su involucramiento en la muerte de Nadina.

El gobierno de Ignacio Torres se ocupa de maquillar su política de ajuste hacia las mujeres y diversidades sexuales con charlas y jornadas de género que no han cambiado en nada la realidad de estos colectivos. La Ley XV N.º 26 de Protección Integral e Igualdad de Oportunidades y Equidad de Género continúa sin presupuesto y, por lo tanto, sin una aplicación real. Desde el Partido Obrero-FITU denunciamos esta situación y presentamos una modificación de la ley para dar una salida a este problema; sin embargo, el proyecto, como tantos otros, fue cajoneado. Mientras los programas existentes persisten gracias a la precarización laboral, con ingresos bajo la canasta familiar y con contratos que niegan en pasar a planta excusándose en la reciente ley de Torres “del 3x1”, que acota el ingreso de 1 trabajador de planta permanente cada 3 retiros.

El caso de la docencia es paradigmático para mostrar la política de Torres contra las mujeres. No solo ofrece salarios de miseria a uno de los sectores más feminizados, con un gran porcentaje de docentes sostén de hogar, sino que además ataca el régimen de licencias a través de la denominada “ley de profesionalidad docente”, castigando con quitas salariales a quienes faltan a su trabajo por tareas de cuidado de sus hijxs o familiares, responsabilidades que sabemos recaen mayoritariamente sobre las mujeres.

En los barrios la situación no es distinta. Frente al retiro del gobierno nacional de la asistencia social, con la eliminación de programas fundamentales para el sostén familiar y de los comedores populares, el gobierno de Torres no implementó ningún programa de contención. Quienes logran acceder a la tarjeta de asistencia alimentaria, luego de atravesar extensos requisitos burocráticos, reciben una ayuda ínfima de 50 mil pesos. Además, la asistencia alimentaria se limita a algunas localidades de la meseta, mientras que los municipios más grandes dependen exclusivamente de los gobiernos municipales, que, al igual que el gobierno provincial, descargan el ajuste sobre los sectores más vulnerables.

Los gobiernos municipales también manejan presupuestos de ajuste frente a la agenda de mujeres y diversidades. Esto se refleja en las deterioradas condiciones en las que trabajan los servicios de protección de niñez, adolescencia y familia, que atienden situaciones de violencia familiar con profesionales precarizados y espacios que no se encuentran acondicionados para las necesidades básicas de atención. Como consecuencia del desfinanciamiento, los municipios recurren a acuerdos de asistencia externa, delegando sus responsabilidades en organizaciones eclesiásticas que, bajo la lógica del perdón y la defensa de la familia, impulsan la conciliación de las mujeres con quienes las violentan.

Por todo esto, queda claro que no tenemos ninguna confianza en los gobiernos que en nombre de las mujeres lavan sus agendas de ajuste y sus políticas de hambre. Debemos organizarnos, como lo hicimos con la ola verde, para defender en las calles todas nuestras conquistas históricas. El movimiento de mujeres y diversidades sexuales tiene una enorme potencia, el momento de luchar es ahora. No hay tiempo para las salidas de recambio electoral qué proponen sectores del peronismo. Sigamos el ejemplo de nuestras compañeras bolivianas; hagamos como las cholas y salgamos a las calles por Agostina, Dulce Marie y por todas las que no están. Este 3J todxs en las calles por Ni Una Menos en Chubut y en todo el país.

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