Políticas
31/5/2026
El femicidio de Agostina Vega: un crimen del poder de Córdoba
¿Qué encubren el fiscal Raúl Garzón y ministro Juan Pablo Quinteros?
Seguir
Represión a la familia y vecinos de Agostina cuando reclamaban justicia.
El sábado por la noche, horas después que se encontrara el cuerpo de Agostina Vega en un descampado en la zona de Ferreyra de la ciudad de Córdoba, el fiscal de la causa Raúl Garzón y el ministro de Seguridad del gobierno de Llaryora dieron una conferencia de prensa bochornosa, que tenia como objetivo encubrir los lazos políticos del femicidio de Agostina con el poder político del gobierno de Córdoba. En esa conferencia el ministro Quinteros guardó silencio, mientras el fiscal se dedicó a defender el accionar impune del gobierno y de la policía de Córdoba. Cuando el periodismo le pregunto al fiscal Raúl Garzón sobre los motivos del femicidio de Agostina, este respondió que la cuestión estaba en “investigación”.
Horas después y ante la movilización de los vecinos de la familia de Agostina frente a la Comisaria de Barrio Juan Pablo II, la misma donde se negaron en un primer momento a recibir la denuncia por la desaparición, la policía de Córdoba comenzó un fuerte operativo represivo, baleando y gaseando a las personas que se movilizaban con el reclamo de justicia. El accionar de la fiscalía, la conferencia de prensa y la represión desatada apuntan a un encubrimiento.
Agostina desapareció el sábado 23/5 a la noche, horas después la familia hizo pública la búsqueda por redes sociales y se dirigió a la fiscalía. Sin embargo, la denuncia no fue radicada formalmente hasta el lunes 25/5. No activaron el protocolo de búsqueda inmediata, ni el Alerta Sofía. A pesar de contar con el testimonio clave del remisero el mismo domingo que indicaba a Barrelier como la última persona en ver con vida a Agostina, no avanzaron en su detención ni allanamiento hasta el día miércoles cuando la familia se movilizó.
Ese accionar de la justicia y la policía de Llaryora no fue casual; sino que apunto a establecer un manto de impunidad sobre el principal acusado Claudio Barrelier y la trama del poder que rodea al mismo. El asesino de Agostina es un puntero del peronismo cordobés, integrante de las 62 Organizaciones peronistas en Córdoba que comanda el concejal oficialista Ricardo Moreno. Este dirigente del PJ es conocido por ser el abogado de distintos narcos y criminales que operan en Córdoba, como Pablo Esser expresidente del club Sportivo Belgrano, y el “porteño” Luzi.
Ricardo Moreno conoce bien a Barrelier, no solo como su dirigente, sino que además promovió su ingreso como empleado de la Municipalidad de Córdoba, bajo la intendencia de Llaryora. Moreno fue su abogado personal de Barrelier en la causa penal que tuvo en 2025 por haber secuestrado a una mujer, que terminó escapando semidesnuda y maniatada tras un presunto intento de violación, de la misma vivienda donde ingresó Agostina. No obstante, que el hecho ocurrió ante la mirada de los vecinos de la zona, la justicia provincial (fiscal Iván Rodríguez) dejó en libertad bajo fianza a Barrelier.
Ante la desaparición de Agostina, Barrelier designó como abogado defensor personal a Jorge Sánchez del Bianco, que es yerno de Ricardo Moreno. Sánchez es vocal titular del Colegio de Abogados, que conduce una lista llaryorista. La esposa de Sánchez e hija de Moreno, Carla Moreno, es funcionaria del actual gobierno de Llaryora, en el Ministerio de Cooperativas y Mutuales.
La impunidad del peronismo no es nueva ni mucho menos en Córdoba. Hace algunas semanas, la Policía de Córdoba asesinaba al joven Tomás Orihuela en una comisaría de Barrio General Paz. El mes pasado Llaryora reprimió e infiltró ilegalmente una asamblea docente para imponer un acuerdo salarial a la baja. En marzo pasado el concejal Diego Casado, que es sobrino de Ricardo Moreno, logró que la justicia cordobesa le diera prisión domiciliaria escandalosa a su suegro Humberto Margara, acusado de abuso sexual. Y sigue un sinfín de casos de impunidad.
Ante tanta impunidad y encubrimiento, corresponde la inmediata destitución del ministro Juan Pablo Quinteros y del fiscal Raúl Garzón. Del mismo modo debe ser expulsado del Concejo Deliberante de Córdoba el concejal oficialista Ricardo Moreno, jefe político de Barrelier. En ese sentido, la concejala del Frente de Izquierda Cintia Frencia junto a la legisladora Soledad Diaz, impulsan las denuncias y jury de enjuiciamiento en contra de estos funcionarios.
El próximo miércoles 3 de junio, en una nueva movilización de “Ni Una Menos” tenemos que llenar las calles para exigir justicia por Agostina y que vayan presos todos los responsables materiales y políticos de este crimen del poder. Reforcemos, con todo, la marcha convocada por la Asamblea NUM bajo las consignas: “Ni una menos, el Estado es responsable. Abajo el ajustazo de Llaryora. Fuera el facho de Milei”.
