Mujer
31/7/2026
Clara Muzzio, el PRO, LLA y la cruzada católica contra la ESI y el aborto legal
Una campaña reaccionaria con financiamiento extranjero.

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El 23 de julio, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires prestó su recinto de Perú 160 para un operativo político reaccionario e ilegal contra la formación en Educación Sexual Integral y contra el aborto legal. El evento se llamó "Libertad para el Futuro: una agenda política por la natalidad y la protección de la infancia". Detrás de una deformada preocupación por la baja de la natalidad hubo una sola agenda concreta: desmontar la ESI y preparar el terreno para derogar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. El PRO y La Libertad Avanza, que negocian una alianza electoral para 2027 en medio de tensiones internas, encontraron en el ataque a los derechos conquistados el único terreno donde no tienen ninguna dificultad para coincidir.
La internacional conservadora con financiamiento internacional detrás del evento
El foro no fue una iniciativa de legisladores porteños. Lo organizó Political Network for Values (PNfV), una red que reúne dirigentes de derecha de 45 países y que hasta hace poco lideraba José Antonio Kast, el presidente de Chile, hijo de nazis y adherente a dicha corriente. Según información publicada por Clarín, PNfV recibía financiamiento del gobierno del húngaro Viktor Orbán, recientemente desplazado por otro derechista. Su directora ejecutiva, Lola Velarde, mantiene vínculos directos con el bolsonarismo brasileño y con Vox en España, y esta misma semana fue recibida por el canciller Pablo Quirno en el Palacio San Martín: la política exterior del gobierno argentino le abre la puerta oficial a una organización que opera en función de una agenda global contra los derechos reproductivos y la diversidad sexual.
En paralelo, un evento del mismo tenor se desarrolló en Chile, auspiciado por el propio presidente, que también lanzó una campaña contraria a los derechos de las mujeres en nombre de revertir la baja de la natalidad. Es importante marcar aquí que la baja de la natalidad no es un fenómeno malo de por sí, que en la historia se ha producido en muchas ocasiones y que incluso puede ser una oportunidad en muchas dimensiones educativas, de salud y en otros rubros. Lo que es claro es que la campaña nuevamente lanzada muestra la desesperación de los operadores por encubrir los enormes problemas económicos y estructurales que las mayorías populares tienen para poder encarar un proyecto de familia.
El coorganizador local fue la Fundación Faro, el think tank que preside Agustín Laje, uno de los principales operadores ideológicos de la derecha latinoamericana y referente de lo que el propio espacio llama "batalla cultural". Completaron el armado las fundaciones Argéntea (asociación civil dedicada a la formación de jóvenes), Free (fundación liberal que exalta el individualismo y las posiciones promercado y antiderechos), Mises Cono Sur (academia y centro de pensamiento de la escuela austríaca de economía) y el Global Center for Human Rights (ONG católica dedicada al lobby de posiciones reaccionarias en los organismos internacionales); todos nodos de la misma trama internacional que financia y coordina el avance contra la ESI y el derecho al aborto en distintos países de la región. Que una sede parlamentaria de la Ciudad de Buenos Aires se convierta en plataforma de una operación política diseñada afuera y financiada por gobiernos extranjeros no es un detalle protocolar: es la prueba de que la batalla cultural libertaria no es un fenómeno nacional espontáneo, sino la sucursal local de una ofensiva reaccionaria internacional.
Bajo la batuta de los dinosaurios del Opus Dei se juntaron los Santurio y las Muzzio junto al evangélico Mraida a proclamar su guerra contra derechos elementales de niñxs, adolescentes, mujeres y diversidades. Son los mismos que el 6 van a votar un proyecto para proteger a… https://t.co/h352pB2kwz
— Vanina Biasi (@vaninabiasi) July 30, 2026
Negacionismo, mentiras y discursos antiderechos
Clara Muzzio, vicejefa de gobierno porteño y presidenta de la Legislatura -la misma funcionaria que hace pocos años se mostraba como referente del Orgullo BA y hoy encabeza la cruzada antiderechos, una reconversión que responde más a la conveniencia dentro del PRO mileísta que a una convicción sostenida en el tiempo-, fue la voz central del encuentro. Sostuvo que "muchas de las parejas que conciben un hijo lo sacrifican" y que "uno de cada tres hijos se aborta”, un planteo falso ya que se abortan embriones o fetos, no hijos; y porque los propios datos oficiales desmienten la cifra que la vicejefa de gobierno inventó.
El Anuario Estadístico del Idecba registra una cifra de nacimientos de 23.760 en 2023. Cuenta solo a madres residentes en la Ciudad, mientras que los datos de los registros civiles (43.075 en 2023) cuentan todo nacimiento registrado en CABA, incluyendo a familias de otros distritos que dan a luz en maternidades porteñas y esta cifra duplica a la del anuario. Los datos de IVE/ILE del Ministerio de Salud porteño (9.646 abortos en 2023), a su vez, no distinguen si las pacientes residen en la Ciudad o llegan de otros distritos para ser atendidas en hospitales porteños. Es decir: la cifra sobre abortos no discrimina por residencia, así que la comparación correcta es contra la cifra que emiten los registros civiles -que tampoco discriminan- y no contra el dato, más bajo, el de Estadísticas Vitales. Clara Muzzio recurre a una manipulación maliciosa de datos para exagerar la proporción de abortos con relación a nacimientos y así apalancar su ridículo relato sobre la baja de la natalidad y los derechos de las mujeres.
Luego de manipular las cifras, Clara Muzzio manipula la causalidad de la baja de la natalidad atribuyéndosela a los derechos de las mujeres. La dimensión social de la crisis que atraviesan los trabajadores empobrecidos durante años no figura en los cálculos de la antes fanática del aborto legal y ahora enemiga circunstancial. Para Clara Muzzio, las pobres deben parir en cualquier condición, reeditando de esa forma la serie "El cuento de la criada", donde se explotaba la vulnerabilidad de mujeres para obligarlas a parir.
La Ciudad tiene una tasa de fecundidad por debajo del nivel de reemplazo poblacional desde por lo menos 1990, tres décadas antes de que existiera la ley de IVE, lo que deja a la baja demográfica porteña explicada por factores socioeconómicos estructurales y no por el aborto legal. Muzzio volvió además sobre la ESI hablando de "erotización temprana" en las aulas y afirmando que se permitió "que se sexualice a los niños desde jardín de infantes". Son las mismas ideas con las que, semanas antes, había calificado a la ESI como "una trampa mortal" y al aborto como "la cultura de la muerte", en declaraciones que generaron pedidos de retractación de parte de la oposición porteña y que el propio gobierno de Jorge Macri intentó desmarcar como posición oficial. Que la máxima autoridad de la Legislatura porteña use ese cargo para propagar negacionismo y desinformación estadística no es un exceso retórico: es la utilización sistemática de un cargo institucional para instalar una agenda de retroceso de derechos contraria incluso a las leyes vigentes en la ciudad (Ley N° 2110) y al contenido oficial que la Ciudad brinda al respecto del tema en postítulos públicos y privados y otro tipo de guías de intervención.
Gabriela Michetti, la exvicepresidenta de Mauricio Macri, hizo su reaparición pública en el foro católico y se presentó como parte de una cruzada por "la supervivencia de la especie humana", reivindicando además su histórica oposición a la ley de aborto legal y quejándose de haber sido "cancelada" por sostenerla. Michetti miente: ella desapareció luego del fracaso electoral y porque la interna del PRO la discriminó. La senadora nacional Carmen Álvarez Rivero fue la más explícita respecto de los objetivos de fondo: admitió que la agenda del sector incluye "todos los proyectos, hasta la máxima de dar vuelta la ley del aborto", aclarando que para lograrlo hace falta primero construir el clima social que lo permita. La saltimbanqui ahora libertaria, también militante del Opus Dei, es la misma que dijo en el Senado que los niños no tienen derecho a ser atendidos en el Garrahan. El diputado libertario Santiago Santurio, hombre de Santiago Caputo y de las "Fuerzas del Cielo", militante católico del Opus Dei y autoridad hasta hace poco de la organización que armó el evento, la Political Network for Values (PNfV), comparó de manera directa "una cultura que promueve sacrificios humanos" con la que "defiende el carácter único de cada individuo"; mientras que el exsecretario de Culto Nahuel Sotelo definió a las políticas de género como "un negocio" que necesita "clientes nuevos" para sostenerse. Completó el panel el ministro de Desarrollo Humano porteño, Gabriel Mraida, pastor evangélico, con una exposición sobre el fortalecimiento de los vínculos familiares. No hay ambigüedad posible: cada intervención confirmó que el objetivo del foro no era debatir políticas de natalidad sino allanar el camino institucional para derogar derechos conquistados con décadas de lucha.
Ya que Santurio trae a colación "la cultura de los sacrificios humanos", es un buen momento para recordar que el ala de la Iglesia Católica a la que pertenece tiene un pesado historial de descubrimiento de fosas comunes de fetos abortados y de niños asesinados, como ocurriera con el caso de Irlanda, entre otras muchas muestras de desprecio total por las infancias y por la vida humana cuando se trata de mujeres y niños empobrecidos.
La ESI fue sancionada en 2006 con amplio consenso parlamentario y garantiza el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir educación sexual en todos los niveles educativos. La ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo fue aprobada en 2020 tras años de movilización del movimiento de mujeres y diversidades, y garantiza el acceso al aborto legal, seguro y gratuito hasta la semana 14. Que dirigentes de PRO y LLA usen la Legislatura porteña, con financiamiento y coordinación de una red internacional ligada a Orbán, el bolsonarismo y Vox, para cuestionar ambas conquistas, confirma que la derecha argentina no disimula más sus objetivos: la batalla cultural es, en los hechos, una ofensiva coordinada y financiada desde afuera contra los derechos de las mujeres, las infancias y las diversidades.




