Cuando hace poco más de un mes se concretaba en esta ciudad el noveno femicidio de la provincia, que terminó con la vida de Evelia Zárate, quien fue abandonada por la Justicia responsable de su trágico desenlace, hoy las mujeres del norte cordobés enfrentamos otro caso de impunidad ante el maltrato y la violencia; que en esta oportunidad está vinculado poder político municipal. Fue imputado por violencia de género el actual intendente de Cruz del Eje, Claudio Farías.

El pasado domingo a la madrugada, el principal funcionario municipal atentó contra su pareja dañando su integridad física, mental y emocional. Desde el momento del hecho, invadió el silencio en todo el sector político oficialista cruzdelejeño. Como si esto fuera poco, el organismo encargado de intervenir en estas situaciones, la Secretaría de la Mujer, está gestionado y dirigido por Eva Lescano, madre del intendente, lo que profundiza el encubrimiento del Estado. A esto se le une que la Justicia actúa con lentitud y prácticamente no hace nada frente a las denuncias que realizan las mujeres.

La complicidad del aparato de gobierno nos trae a la memoria el caso del exdirector de Defensa Civil, Diego Concha, quien después de varias denuncias fue imputado por violencia de género y por el homicidio de Luana Ludueña y también fue denunciado por las familias de Marcela Natalí y Cecilia Basaldúa por las irregularidades en sus búsquedas (a cargo de Defensa Civil), en las que aparecieron sin vida. La manera en que el gobierno de la provincia de Córdoba encubrió este caso, que solo se resolvió por la presión social, dejó sentado un antecedente que nos permite ver que el modus operandi de la Justicia y el poder político no ha cambiado.

Es así que las mujeres de Cruz del Eje deben sacar la conclusión de que la salida a la violencia de género no va a venir de la mano de los organismos estatales manejados por los gobiernos responsables de la violencia estructural, de la pobreza y la precarización que sufrimos las mujeres, tampoco de la Justicia, que vulnera nuestros derechos no activando los mecanismos de protección y defensa y es un pilar clave en el sostén de este régimen que promueve la violencia contra las mujeres. La salida vendrá de la mano de nuestra propia organización, de la lucha por justicia por todas las víctimas y para terminar con el estado de vulnerabilidad en el que los gobiernos nos obligan a vivir.

Exigimos a la Justicia que resuelva este caso y que aparte del cargo al intendente Claudio Farías. Vamos por un Consejo Autónomo de Mujeres independiente de los gobiernos, con presupuesto propio (financiado por el Estado) y cargos electos y revocables, que pueda desenvolver políticas para atacar la violencia contra las mujeres y sirva para organizar la lucha por todos sus derechos. Y sigamos organizándonos por una verdadera salida al flagelo de la violencia de género y los femicidios. Basta de violencia y encubrimiento.

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