En la tarde del sábado 9 de enero fue encontrado sin vida el cuerpo de Marcia Acuña, la joven de 16 años que había desaparecido de su vivienda en la madrugada del martes 5, tal y como lo denunció su tía, con quien ella vivía en la pequeña comuna de Villa San Isidro, departamento Santa María de la provincia de Córdoba. El rastreo del teléfono puso el ojo en la ex Fábrica Militar de José de la Quintana, que tiene unas 900 hectáreas, lugar donde finalmente fue hallada.

A las 17h de ese martes se envió un último mensaje desde su celular diciendo “Tía”, “Estoy en ampedq”, “pensé que estaba soñando”, “Tengo miedo”, “Parece ser q fue un campamento, hay edificios con ruinas”, “nunca estuve acá”. Las letras enviadas coinciden con las del ingreso a dicho predio. Ahí arrancó el punto cero de la investigación.

Vecinxs y organizaciones sociales denunciaron como insuficientes las medidas que tomaron las autoridades políticas, judiciales y policiales. Consideraron que no estuvieron a la altura de la desaparición, ante los datos que ellos mismos les fueron aportando, al calor de una desesperada búsqueda que tomaron en sus manos frente a la posibilidad, entre otras cosas, de que la adolescente fuera víctima de las redes de trata. Recordemos que es uno de los negocios criminales más lucrativos del mundo que utiliza diferentes mecanismos para la captación, especialmente de mujeres.

El protocolo de búsqueda inmediata de la provincia establece que el Estado debe poner todos los instrumentos a disposición desde el momento de la denuncia. Sobre el punto, un testigo aseguró haber visto a la joven frente al asilo neuropsiquiátrico donde estaba internada su madre, alrededor de las 16 h de ese martes, antes de que se comunicara por última vez detallando el lugar ubicado a una hora a pie desde ese punto.

Marcia no tenía contacto con su padre, por eso desde que internaron a su madre vivía con una tía. “Los investigadores saben, también, que la adolescente vivía en un estado de suma vulnerabilidad: sufría múltiples violencias” (La Voz 09/01). También trascendió que la hermana mayor de Marcia desapareció el año pasado y fue localizada en Río Ceballos, ciudad perteneciente a otro departamento de la provincia, conviviendo con un hombre de más de 60 años. Está abierta una causa judicial por supuesta trata de persona (La Nación, 09/01).

El caso de Gabriela

El 3 de enero falleció en el Instituto del Quemado Gabriela, de 43 años, producto de las graves lesiones en su cuerpo. Tenía el 30 por ciento quemado, especialmente el pecho, y llevaba una semana internada con las vías respiratorias completamente afectadas. Mientras tanto su pareja Cristian Sebastián Videla (40), el principal señalado como responsable de la muerte, se ocupó de mentir y ocultar información del parte médico a los familiares, hasta que el mismo padre de la víctima lo descubrió cuando la fue a visitar al centro de salud.

El hecho ocurrió en una vivienda del barrio Coronel Olmedo, en la ciudad de Córdoba, el 27 de diciembre. El lugar era habitado por la víctima junto a su pareja y la única hija que tenían en común, de 4 años, quien fue testigo de lo sucedido. Según los familiares, la niña describió que cuando Gabriela intentaba encender un cigarrillo, en medio de una discusión, Videla le tiró una botella con alcohol. Ante los gritos de desesperación, los vecinos llamaron a la policía. El hombre dijo que fue un accidente, se subió a la ambulancia y la acompañó al hospital donde buscó esconder la verdad (El Doce, 05/01/2021).

Aunque Gabriela no había efectuado ninguna denuncia, días atrás le dijo a una de sus hijas mayores que si algo le sucedía se ocupara de la menor que vivía con ella. Al morir la mujer, Cristian Videla se llevó a la niña, hasta que finalmente fue hallado y detenido. Está imputado por homicidio doblemente calificado. La causa se encuentra a cargo de la fiscal Bettina Croppi, del fuero de violencia familiar.

Un Estado que no se inmuta

El Ministerio de la Mujer de la provincia en vez de combatir la violencia la reproduce, sosteniendo en su interior un engranaje de precarización laboral y trabajo gratuito. Dando cuenta de la absoluta austeridad que tienen los gobiernos con las mujeres, mientras buscan satisfacer los intereses de los usureros internacionales y locales también. Esta institución tiene sostenidas denuncias de familiares y víctimas de violencia, propio de la indignación por tener que esperar más de 12 horas para recibir contención y asistencia médica.

En teoría, el “Polo de la Mujer” concentra la atención de todas las áreas que atañen al asunto, para agilizar los procesos de denuncia y resolución, pero resulta una cáscara vacía la hora de los hechos. Qué decir cuando dejan a su suerte a las víctimas de explotación sexual, con el tratante libre, como ha sucedido el caso de “Nora” (2020).

Al mismo tiempo, en 2020 hubo un femicidio cada 29 horas en nuestro país. El 65,5 % fue cometido por parejas o ex parejas y el 65,1% fue en la vivienda de la víctima. De un total de 298 femicidios, 19 fueron en Córdoba (Observatorio de las violencias de género “Ahora Que Sí Nos Ven”). El flamante 2021 no se ha corrido de esta línea y la provincia ya empieza a componer las cifras del flagelo.

El Estado es responsable de las más agudas problemáticas que padecen las mujeres, infancias y diversidades. Somos un producto que se compra y se vende en el mundo, en la extrema cosificación. Mientras la familia se ubica como el principal núcleo reproductivo de la violencia social. Resulta imprescindible organizarnos de forma independiente, con la lucha callejera a la orden del día. Desde el primer grito Ni Una Menos emergió un movimiento para combatir esta descomposición que es capaz de superar todas las barreras si se lo propone.

 

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