En los últimos días se dio a conocer que la Justicia de Córdoba admitió discutir un amparo contra la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), esto luego de que el legislador provincial y referente de la organización civil ultraclerical Portal de Belén, Aurelio García Elorrio, desarrollará una nueva embestida contra la legalización del aborto.

Es que luego de haber intimado en sede administrativa al gobierno provincial, el pasado 18 de marzo, y al no recibir respuestas en los plazos previstos (10 días), Elorrio presentó un amparo y el 15 de abril la Cámara Contenciosa Administrativa 1 dio lugar al trámite. Además, si bien la Justicia no concedió la cautelar, que habría significado el freno inmediato de la IVE en nuestra provincia, la medida fue apelada por el mismo Elorrio y se encuentra a resolución del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), donde se volverá clave la opinión del fiscal general, Juan Manuel Delgado, un reconocido antiderechos.

Este ataque que se pretende establecer contra un derecho conquistado luego de más de 35 años de lucha del movimiento de mujeres no es algo novedoso. En Córdoba, el poder político, Judicial y el clero han perpetrado todo tipo de bloqueos a los derechos sexuales y reproductivos. Tal es así que en el año 2002, el Portal de Belén presentó una demanda ante la Corte Suprema de Justicia en contra del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, mediante la cual bloquearon la entrega de anticonceptivos gratuitos, la venta de la píldora del “día después” y la educación sexual en las escuelas. En 2012, presentaron un recurso contra el aborto no punible y a través de una medida cautelar negaron su aplicación por siete años, lo que fue revertido por la intervención del movimiento de mujeres.

A pesar de que la inconstitucional de la IVE quedó ampliamente descartada ya que se funda en el reconocimiento de los derechos reproductivos y sexuales como derechos humanos, ratificado en 1985 por la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y que además tienen jerarquía constitucional al estar incorporados en el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, ese planteo sigue siendo el caballito de batalla de los sectores ligados a las iglesias para tratar de negar el acceso al aborto y seguir reforzando la opresión y la regimentación de las personas con capacidad de gestar, ejerciendo una forma de control social.

Si bien la ley IVE tiene plena vigencia en todo el país y al ser de orden público no requiere la adhesión de las provincias, por lo que se debe cumplir en todo el territorio nacional en instituciones de salud sean estas públicas o privadas, frente a las maniobras del clero que actúa con el mayor amparo del Estado, es claro que la efectiva implementación del aborto vendrá de la mano de la intervención del movimiento de mujeres contra las embestidas judiciales y las trabas que se pretenden imponer, única garantía de que se haga efectivo el derecho arrancado con más de 30 años de lucha. Vamos por la separación de la Iglesia del Estado, por la efectiva aplicación del aborto legal y por la conquista de todas nuestras demandas.