Según confirmaron desde Casa Rosada, el jueves se promulgará la legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo junto con la ley de los 1.000 días, ambas aprobadas el 29 de diciembre pasado y con plazo de 10 días hábiles para su promulgación.

De esta manera, mientras que la nueva ley de movilidad jubilatoria fue promulgada el 3/1, la ley del aborto sancionada llega cumpliendo el plazo estipulado legalmente luego de la votación.

Con dicha promulgación, tratándose de una ley de “orden público”, el aborto será legal en todo el país. A diferencia de la ley de Educación Sexual, la misma no requerirá de las adhesiones provinciales para su entrada en vigencia. Inmediatamente, comenzará el intento de obstaculización a partir de reglamentaciones específicas que cada provincia llevará adelante, e incluso con declaraciones de inconstitucionalidad que ya están preparando y que podrían suspender la aplicación de la ley en territorios provinciales enteros, tanto de los gobernados por el oficialismo como por la oposición. La deriva de la judicialización de la ley será otro capítulo de esta lucha.

Durante el tratamiento en Diputados se incorporó una de las principales demandas de los celestes: la objeción de conciencia eximiendo de obligatoriedad a los centros de salud de garantizar la práctica. En la misma línea se limitó el acceso a las niñas y adolescentes imponiendo restricciones a la autonomía progresiva.

Las maniobras y devaluaciones al proyecto original continuaron en el tratamiento del Senado, donde las negociaciones implicaron modificaciones que serán atendidas en la promulgación con el ejercicio del recurso de “vetos parciales”. Entre ellas se encuentran las reclamadas por distintos senadores de los bloques políticos, tanto del oficialismo como de la oposición, en torno a la penalidad de la práctica y respecto al concepto de “salud integral”.

El proyecto original, si bien mantiene la penalidad luego de la semana 14, describía las dos causales por las que el aborto es legal hace 100 años: cuando el embarazo es producto de una violación o cuando está en riesgo la salud integral de la persona gestante. El veto parcial borraría la palabra “integral” del texto para que quede tal como figura en el Código Penal, una modificación que no es meramente semántica y brinda mayores garantías para los objetores de conciencia ya que “salud integral”, según los términos definidos por la Organización Mundial de la Salud, contempla elementos sociales, psíquicos y ambientales.

En este marco se inscriben las declaraciones durante el tratamiento del senador Alberto Weretilneck, exgobernador de Río Negro y aliado del oficialismo: “cuando exista peligro, pero no coloque en riesgo la vida (de la mujer), no resulta lógica la imposición de la exigencia de actuar”, dejando en claro su desprecio por las mujeres y otorgando un salvoconducto a los antiderechos para negar el derecho a la práctica a quien la solicite.

La promulgación que se llevará a cabo el jueves abre interrogantes acerca de la implementación de la ley. Por un lado, si efectivamente caerán automáticamente las causas penales abiertas por este tema (según un informe del CELS, en Argentina el número de expedientes hoy es de 1.532 distribuidos en 17 provincias). Por otro lado, respecto al seguimiento a las mujeres (el “circuito”), el presupuesto con el que se contará para su aplicación, cómo se garantizará la atención en aquellas instituciones donde todos sus profesionales se declaren objetores y el acceso al misoprostol. Sobre este punto el ministro de Salud Ginés González García adelantó que el Estado está comprando misoprostol al Fondo de Población de Naciones Unidas y que se incentivará la producción local (Perfil, 9/1). Hoy en día el precio de los privados oscila entre los 5.200 y los 8.600 pesos (Página 12, 10/8/20).

El acto gubernamental, un intento de expropiar una conquista, está en el camino del propio uso que el gobierno le dio al tratamiento de la ley con la que se tapó el enorme ajuste de otros 100 mil millones a jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales.

El mismo está creando todo tipo de debates dentro de sectores oficialistas que se manifiestan en las redes sociales, ya que en el afán por conquistar la voluntad de “famosas” el gobierno no había convocado a sectores que son “del palo”. Internas mediocres frente al operativo de un gobierno ajustador que prepara en todos los terrenos concesiones al clero para compensar los daños.

La lucha por la implementación sin restricciones

Los intentos de los sectores oscurantistas para bloquear la IVE en las distintas provincias del país continuarán más allá de las restricciones incluidas en la ley. Adelantándose a ello, días atrás la ministra de Mujer, Elizabeth Gómez Alcorta, declaró que la aplicación de la ley no será tarea fácil en todo el territorio nacional (La Nación, 3/1).

Por caso, en Salta a pocas horas de la aprobación del Senado, parlamentarios celestes presentaron un escrito reclamando la inconstitucionalidad contra el protocolo ILE. Asimismo, en San Juan, provincia gobernada por un aliado kirchnerista, se dio a conocer que la directora del hospital público Marcial Quiroga, Inés Garcés, y sus profesionales se declararon objetores de conciencia, de modo que ningún médico/a de la institución puede garantizar el acceso al aborto.

La presión de las iglesias se asienta en el poder que le han otorgado históricamente los gobiernos en distintos planos: subsidios millonarios e injerencia política, así como en la salud, educación y asistencia social.

Una alianza que en un contexto de crisis cobra mayor fuerza por su función política y que no está exenta de mayores concesiones y negociaciones en torno al aborto. Por lo que la lucha por la implementación de la ley debe mantenernos movilizadas y está directamente relacionada con la lucha por la conquista de la educación sexual laica y científica y la separación de las iglesias del Estado.