30/12/2020 | 1612
REFORMA ANTIJUBILATORIA

La vergonzosa “victoria” peronista contra los jubilados

Mientras aún se deliberaba en el Senado por el aborto legal, en la Cámara Baja se consumaba el robo a las jubilaciones.

La Cámara de Diputados aprobó por 132 votos a favor y 119 en contra el proyecto oficialista que establece “un nuevo índice de movilidad jubilatoria”. El Senado le había introducido algunas modificaciones al proyecto original: la actualización trimestral en lugar de semestral de los haberes jubilatorios y que el miserable 5%, que recibieron los jubilados en diciembre, no sea descontados del aumento que les correspondería en marzo. Pero estos cambios, bien que son favorables a los jubilados, no cambian la esencia del “nuevo índice”. Solo indican la presión social del repudio popular a esta modificación reaccionaria. Y sirvieron para aceitar la entrega de la burocracia sindical, desde Daer hasta Godoy, pasando por Moyano y por Yasky, todos los cuales apoyaron un robo a 18 millones de trabajadores, jubilados y beneficiarios de distintos beneficios sociales.

El “nuevo índice” señala que los próximos aumentos trimestrales se harán en base a una fórmula integrada en un 50% por la variación salarial y otro 50% por la recaudación de la Anses. Pero esto, a su vez, está condicionado por una cláusula que establece que en el último trimestre del año se comparará el índice resultante con el porcentaje total de la recaudación y si supera un 3% de ese total se descuenta todo el resto. O sea que hay un tope basado en la recaudación, como sabemos sujeta a las rebajas de aportes, atrasos, evasión y trabajo en negro.

Tanto los salarios como la recaudación están yendo a la baja. Cínicamente, el gobierno afirma que como la nueva fórmula no está atada a la inflación puede ganarle. Pero han sido tenaces en no incluir una cláusula de garantía basada en el índice de precios. Afirman que en el 2021 se viene una reactivación económica en la Argentina y que ello significará una recuperación de los salarios reales y de la recaudación de la Anses, que le permitirá ganarle a la inflación en materia de aumento a los jubilados.

Para ello, el gobierno toma como calculo la proyección del aumento del costo de vida para el 2021 pronosticado en el presupuesto trucho que hizo aprobar, que da un índice del 29% para todo el año. Cuando las previsiones de los economistas, según el propio Banco Central, hablan del 48/50%, de no mediar un salto devaluatorio brusco, para nada descartable. Se trata de un ajuste directo contra los jubilados, a los cuales ya este año 2020 se les ha robado 100 mil millones de pesos por ajustes arbitrarios menores a la inflación.

El gobierno consiguió esta votación porque logró sumar al bloque de los diputados de Córdoba que siguen al gobernador Schiaretti, que viene de reducir el 82% que se cobraba en las cajas provinciales al 67%. Y también el apoyo del interbloque Unidad Federal, cuyo portavoz es el diputado Ramón de Mendoza. Este último recordó que él ya había votado por la suspensión del régimen de movilidad jubilatorio, que le entregó al presidente Alberto Fernández el arbitrio de que los aumentos se dieran de acuerdo a su voluntad. Y señaló que ahora votaría esta ley… porque le da un claro margen de previsibilidad a los jubilados de lo que van a cobrar.

Un argumento tanto de los oficialistas, como de los “opositores” del PRO, es que el sistema previsional argentino es insustentable. Lo que preanuncia que se vendrá en el futuro próximo un nuevo “ajuste” más a fondo contra los jubilados.

Diputados oficialistas señalaron una hoja de ruta: la necesidad de avanzar en una reforma previsional, una reforma tributaria y una reforma laboral. En su cierre, el jefe de la bancada del PRO, Negri, justificó que había muchas patronales que no estaban en condiciones de pagar los aportes empresarios al sistema previsional por la crisis. Y que había que rediscutir la situación impositiva de conjunto.

Alderete (PCR-PTP, integrado al Frente de Todos) defendió al gobierno porque devolvió los descuentos de medicamentos por parte del Pami que la gestión Macri había quitado y porque casi “empardaron” los aumentos de las jubilaciones mínimas con la inflación en el 2020. Puso sus dudas con la nueva fórmula –a la que anunció, sin embargo, que votaría- porque sería buena para un período de fuerte crecimiento económico, lo que no es seguro para el 2021 y no estaría acercándonos al 82%. Planteó la necesidad de reintroducir los aportes patronales, que desde Menem-Cavallo se han ido bajando (y que este gobierno incentivó este año con muchas exenciones) pero introduciendo una variante novedosa: los aportes debieran ser “segmentados”, pagando menos las Pymes y más las empresas de grandes ganancias. Vuelve a actuar no como representante de los intereses de los trabajadores, sino de “las pequeñas y medianas patronales”, en un país donde bajo el paraguas de la pandemia las grandes patronales recibieron millonarios subsidios ATP del Estado, y muy especialmente exenciones de aportes previsionales que se prolongan en el tiempo.

El “izquierdista” Itai Hagman, también integrado al Frente de Todos, justificó este ajuste en el nuevo índice casi como una medida antiimperialista. Según él, la oposición querría la quiebra del sistema previsional para avanzar en una remake de privatización. Su posición fue consistente con la primera definición presidencial: “Estamos ante una fórmula de cumplimiento imposible”, cuando Alberto Fernández justificó la suspensión de la ley de movilidad para pasar a los decretos a la baja durante todo el 2020.

En el transcurso de los debates se recordaron todos los ataques contra los jubilados, desde Alfonsín en adelante. Los peronistas recordaron el 13% de descuento nominal a las jubilaciones que hizo la actual dirigente y vocera del PRO, Patricia Bullrich, cuando fue ministra del gobierno de la Alianza. Y los derechistas de Juntos por el Cambio recordaron el veto a la ley que instauró el 82% para las jubilaciones mínimas por parte de la entonces (2010) presidente Cristina Kirchner. Lo notable es que todos tuvieron razón, son quienes han gobernado las últimas décadas, saqueando a la Anses y pactando con el FMI.

En la respuesta final a cargo de Máximo Kirchner, éste toreó a la oposición del PRO: “Si critican a Cristina Kirchner porque vetó la ley del 82% en el 2010 ¿por qué el macrismo no la puso en práctica en los cuatro años que gobernó?”. Pura demagogia. Porque mediante la depresión del salario mínimo se llegó a esa relación, aún en el macrismo. Leyó denuncias de los ataques y maniobras de Macri contra los jubilados, señalando que eso no lo decía Prensa Obrera (el periódico de nuestro Partido Obrero), sino El País de España. También respondió que antes de las piedras estuvieron las balas de goma que cobraron varios ojos -entre ellos el de nuestro jubilado gráfico del Partido Obrero. Pero su gobierno no ha movido un dedo ante el juicio oral contra César Arakaki, Daniel Ruiz, Sebastián Romero y los demás compañeros.

 

 

El dictamen del Frente de Izquierda, un programa de lucha

El Frente de Izquierda presentó un dictamen en minoría –aprobado en un importante plenario con numerosas organizaciones de jubilados, con Eugenio Semino (defensor de la tercera edad), convocado por los diputados Romina Del Plá (PO) y Nicolás del Caño (PTS), con la presencia del ahora entrante diputado Juan Carlos Giordano (IS)-, que constituye un verdadero programa alternativo a la destrucción del sistema jubilatorio y este nuevo ataque a los jubilados.

Del Caño, en el debate, señaló que en este punto del ataque a las jubilaciones “no hay grietas entre el oficialismo peronista y la oposición derechista”.

Ningún jubilado por debajo de la canasta de los 50 mil pesos. Que se pague el 20% del poder adquisitivo real perdido bajo los gobiernos de Macri y de Fernández. Movilidad automática por inflación. Que se restituya al 33% los aportes patronales al sistema previsional. 82% móvil. Que se ponga fin al trabajo en negro. Que la Anses y el Pami sean dirigidos por los trabajadores y jubilados.

La oposición derechista señaló reiteradamente que se estaba votando una ley peor que la de Macri en el 2017. Esto para resaltar que esta vez no había manifestación multitudinaria frente al Congreso y choques con la policía. El oficialismo peronista, por su parte, señaló que la ausencia de manifestaciones en contra se debía a que el pueblo entendía la situación y estaba a favor “de mejorar paulatinamente la calidad de vida de nuestros jubilados”. Pero se equivocan: el pueblo trabajador y menos que menos los jubilados no están de acuerdo con la reducción real de sus haberes para pagar la deuda usuraria con el FMI. Y en la calle, el 18 de diciembre, a partir de un plenario realizado en Pilar convocado por el Sutna, se movilizaron los sindicatos combativos, cuerpos de delegados y agrupaciones clasistas, el movimiento piquetero independiente del gobierno y el Plenario de Trabajadores Jubilados, en número de miles de manifestantes desde el Obelisco al Congreso.

Y en este 29 de diciembre histórico, en que se aprobó el aborto legal y logró un importante triunfo la huelga general aceitera, frente al Congreso se realizó una combativa conferencia de prensa convocada por el Plenario del Sindicalismo Combativo y los jubilados autoconvocados para denunciar la pérfida maniobra de concretar el robo a los jubilados en paralelo a la legalización del aborto, al tiempo que se denunció la entrega de la burocracia sindical y se reclamó un paro nacional. Este será el futuro. Esta será la campaña política en el movimiento obrero de la Coordinadora Sindical Clasista del Partido Obrero y la batalla por el 82% será parte, sin duda, de una guerra estratégica de nuestra clase por su propio gobierno, cuando en el mundo entero la burguesía y el FMI descargan sobre los sistemas previsionales su crisis irremediable.

 

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