El reconocido dirigente político peronista, Roberto Clavero, del Departamento San Javier, fue condenado a 28 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal y promoción de la corrupción continuada contra su hijastra. Analía Montenegro, exesposa de Clavero y madre la victima, también fue condenada a 16 años de prisión por ser considerada partícipe necesaria del delito.

El enorme estupor suscitado por el fallo ejemplar, como lo calificó la fiscalía a cargo, se debe al poder político incuestionable del condenado en toda la zona de Traslasierra. Clavero presidía la Cooperativa Eléctrica Mixta del Oeste Cemdo Ltda., la empresa más poderosa de la región. Además, era líder de la Agrupación Lealtad, facción del peronismo local, y presidente del Departamento San Javier del Partido Justicialista. En términos jerárquicos, era el segundo al mando del PJ en la región después de Oscar Gonzalez, presidente de bloque del PJ en la Legislatura provincial, aún impune por el crimen vial en Altas Cumbres que hirió de muerte a una docente y dejo graves a consecuencias en dos adolescentes.

La víctima había realizado la primera denuncia en 2015 pero la causa fue archivada deliberadamente durante 15 años; recién ante la segunda denuncia se reactivó la investigación y Clavero fue detenido en marzo de 2022. En el juicio, que se llevó a cabo en los Tribunales de Villa Dolores, se comprobó que la joven, hoy de 33 años, fue abusada entre los 3 y los 19 años, con el encubrimiento de su madre. Además de la condena, el tribunal estableció un resarcimiento económico en favor de la víctima por las secuelas irreversibles que sufrió.

La Mesa de Trabajo por los DD.HH. de Traslasierra presente en la lectura de la sentencia se expresó en los siguientes términos: “Sumamente importante” ya que “la causa fue cajoneada durante 15 años porque el poder político provincial protegió a Clavero”.

El juicio llega a su fin con este fallo, aunque la defensa adelantó que apelará. Sobre el movimiento de mujeres y diversidades de la provincia pesa la responsabilidad de que se cumpla efectivamente la condena contra el abusador, y de terminar con la impunidad y el encubrimiento imperante sobre todo en las regiones del interior donde el poder personal de los funcionarios políticos locales tiene un peso extraordinario.

No estamos ante un hecho aislado. El caso de Clavero desnuda la trama oculta de crímenes, abusos sexuales y encubrimiento detrás del poder político en la provincia. Diego Concha, Director de Defensa Civil, está imputado por abuso sexual y femicidio, y Juan Ledesma, Director del Hospital de Niños y del COE en la pandemia, imputado por violencia y abuso sexual; son algunos de los casos más resonantes de los últimos años. El hecho de que estos casos hayan tomado estado público y se haya logrado avanzar en las denuncias no es mérito de una justicia adicta, que revictimiza a las victimas sistemáticamente, sino de la presión de un movimiento que ganó las calles de todo el país y puso al desnudo la responsabilidad del Estado en el flagelo de la violencia de género.

Solo con la movilización independiente de los gobiernos se logró romper con el encubrimiento y la impunidad que otorga el poder político. El próximo 3 de junio se cumplen nueve años del primer Ni Una Menos, muchas de las demandas que por entonces empujaron hordas de mujeres a las calles se recrudecen frente al gobierno de Milei que montándose sobre el fracaso de los gobiernos anteriores ataca nuestras conquistas y condiciones de vida.

Ni un paso atrás, este viernes 17 de mayo junto a la asamblea Ni Una Menos Córdoba nos preparamos para que el #3J volvamos a irrumpir masivamente en las calles, con independencia de todos los gobiernos, contra los femicidios, la violencia y los abusos, y hasta derrotar el plan de guerra Milei, el FMI y sus cómplices.

Adorni y la responsabilidad del Estado en el lesbicidio de Barracas

Romina Del Plá le salió al cruce al vocero presidencial, mostrando el carácter reaccionario de sus planteos. –

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