El pasado martes 25, el movimiento de mujeres volvió a llenar las calles de la ciudad, impulsado por la Asamblea Ni Una Menos Córdoba, en un grito de lucha contra todas las formas de violencia hacia las mujeres. Esta marcha se dio en el marco de un país donde los discursos de odio se vuelven política de Estado y la violencia se profundiza. Así es como en este 2025 llevamos una cifra récord de femicidios, ya se han registrado 232. Una mujer o persona trans es asesinada cada 35 horas.

Existe un vínculo directo entre la retórica misógina y antiderechos de líderes como Milei y Bullrich, y el incremento de la violencia contra las mujeres. Esto puede verse en expresiones múltiples: Argentina fue el único país en rechazar una resolución internacional contra la violencia hacia las mujeres. Paralelamente, el desmantelamiento de recursos clave como la línea 144 -una política de ajuste que sigue el gobierno de Martín Llaryora en la provincia- y la amenaza de eliminar la figura legal del femicidio, demuestran que estas no son solo medidas de gestión, sino decisiones políticas que resultan en la desprotección y el riesgo de muerte para las mujeres.

Violencia en Córdoba, Estado responsable

En nuestra provincia, la cifra conocida en lo que va del año es de 16 femicidios. No podemos olvidarnos del caso del doble femicida, Pablo Laurta, fundador de “Varones Unidos” y afín a Milei y el politólogo Agustín Laje. Él asesinó con un arma de fuego a su expareja, Luna Giardina, y a su exsuegra, Mariel Zamudio, para luego secuestrar a su hijo. Luna había denunciado a Laurta en reiteradas oportunidades por situaciones de violencia contra ella y su hijo, pero, como ya es moneda corriente, no halló resguardo alguno, sólo un botón antipánico mientras el agresor seguía actuando con total impunidad, lo que terminó costándole la vida.

Otro de los casos que más resonaron fue el de Brenda Torres, de 21 años, descuartizada después de vivir en condiciones de extrema vulnerabilidad y sin ningún tipo de asistencia estatal, a pesar de que su familia había solicitado ayuda para ella en varias oportunidades por su fuerte adicción al “pipazo”. Además, en la última semana, se encontraron los restos de Camila Merlo, una joven de 26 años que también vivía en condiciones similares de desprotección y drogodependencia, y que fue asesinada y descuartizada. Su madre, declaró que pidió ayuda al Estado de manera constante, pero no le brindaron los recursos necesarios.

Estos crímenes se producen en un contexto marcado por el desmantelamiento de los servicios de salud mental y la escasez de oportunidades para los jóvenes. Ambas fueron víctimas del ajuste, la negligencia institucional y el abandono del Estado, que arrastra a las mujeres a la precarización y a situaciones de peligro y violencia.

Otro caso fue el de Brenda Gázquez, de 28 años, quien se quitó la vida luego de realizar múltiples denuncias por abuso sexual, acoso y violencia física por parte de un grupo de hombres. Durante siete años, recibió acoso y amenazas. La familia asegura que hizo más de 28 denuncias, pero a pesar de eso nunca recibió respuestas judiciales ni protección.

La responsabilidad política y el ajuste que empobrece a las mujeres

Llaryora no tiene las manos limpias. Además de sus políticas de ajuste en la provincia, como el recorte al Polo Integral de la Mujer, afirmó públicamente que colaborará para imponer un presupuesto de ajuste, y las reformas previsional y laboral que van en sintonía con las políticas nacionales.

Mientras la violencia de género alcanza niveles extremos, la política oficial actúa en sentido contrario, desmantelando programas cruciales de asistencia y prevención. El proyecto de Presupuesto para 2026 es una prueba ineludible de esto: no solo suprime los fondos específicos para género, sino que los reemplaza por una categoría vaga de “Protección de Víctimas de Violencia”, aplicando un drástico recorte del 89% en comparación con los montos de 2023. Este vaciamiento no es casual, sino una decisión política deliberada que condena a las víctimas a la desprotección y envía un mensaje de impunidad a los agresores.

Soledad Díaz, dirigente del Plenario de Trabajadoras y del PO, remarcó el rol de los gobiernos: “Estamos en las calles porque también decimos que hay una complicidad directa del gobierno de Llaryora en nuestra provincia, que ha avanzado sobre nuestras conquistas desmantelando los programas que hemos logrado para reducir y erradicar la violencia, pero que también ajusta a las trabajadoras y las somete a la feminización de la pobreza, a la precarización, y que hoy se inscribe en la línea de la reforma laboral y provisional que quiere Milei, el FMI y el Tesoro de los Estados Unidos”.

En la marcha del 25N, la columna del Plenario de Trabajadoras fue la más nutrida, con una gran participación de las compañeras de los barrios y de la juventud universitaria. También se destacó la columna docente de UEPC Capital. Compañeras que, sin dudas, serán las que den la batalla en las calles, junto a todos los sectores en lucha, para enfrentar la avanzada derechista de Milei, Trump, el FMI y sus políticas de ajuste.

Cintia Frencia, delegada departamental de UEPC, resaltó la importancia de la lucha en el plano educativo y de la unificación de las luchas: “Hoy nos movilizamos también las docentes, para rechazar la reforma educativa, que además de imponer un retroceso educativo fenomenal, intenta barrer con la ESI y reinstalar la educación religiosa y anticientífica en las escuelas, impulsando todos los prejuicios y todas las políticas de odio que defiende este gobierno. Hoy movilizamos, y las mujeres nos vamos a unificar con todo el movimiento de lucha para derrotar este plan antiobrero y de guerra que Milei y los gobernadores le han declarado al movimiento de mujeres y a las trabajadoras”.

Organicemos el próximo ENM

El Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries del 2026 será en la ciudad de Córdoba Capital. Nuestra tarea es sumarnos a su organización y bregar para que se convierta en un espacio resolutivo, que denuncie con firmeza al gobierno nacional y provincial, y que impulse la intervención activa del movimiento de mujeres, articulado junto a la clase trabajadora, para dar una respuesta contundente.

Necesitamos poner en pie desde hoy un plan de lucha que organice a cada compañera de los barrios, los lugares de trabajo, las escuelas y universidades. El ENM debe transformarse en un punto de apoyo para construir una fuerza política propia, independiente de los gobiernos, la Iglesia y todas las fuerzas que pactan con el ajuste. Esa organización tiene que servir para preparar nuevas acciones, coordinar a los sectores en lucha y convertir cada reclamo en una intervención política contra este régimen reaccionario.

Llevemos esta propuesta a cada rincón, para dar pelea contra este gobierno de fachos, negacionistas y misóginos. ¡Frente a la ofensiva de los gobiernos, las iglesias y el FMI, copemos las calles con organización!

25N: en medio del récord de femicidios, el movimiento de mujeres vuelve a las calles

Movilizan a Plaza de Mayo por el Día Internacional de Lucha contra la Violencia por Motivos de Género. -

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