El pasado 23 de agosto, a través de un audio enviado a un medio de comunicación local, se viralizó el testimonio de una testigo clave del asesinato de Cecilia Basaldúa.

En el audio en el que habla una mujer identificándose como “María”, relata cómo fueron los momentos previos al femicidio; incrimina a miembros de la policía y denuncia a la justicia por encubrimiento. El desgarrador relato detalla la escena que se desarrolló previamente al traslado de Cecilia al campo-basural donde posteriormente fue asesinada y menciona quiénes serían los autores del crimen los cuales coinciden, en su mayoría, con personas señaladas por la querella.

El testimonio de la mujer desarrolla una crónica de cómo Cecilia fue maniatada, amordazada y llevada por la fuerza en un vehículo por quienes identificaría como José, Viviana (Rasta), Mario Mainardi (dueño de la vivienda donde se alojaba Basaldúa), Ramón (policía de la provincia de Córdoba) y Zárate (miembro de investigaciones de la policía). También menciona que la Fiscalía de Cosquín sería cómplice por garantizar el encubrimiento.

Este vuelco en la causa coincide con el planteo de familiares y organizaciones, quienes sostuvieron desde el principio que la policía estaba involucrada y que el joven incriminado, Lucas Bustos, no sería más que un “chivo expiatorio” que nada tiene que ver con la muerte de Cecilia. Es de destacar que el joven había denunciado ante la fiscalía de Cosquín apremios ilegales por parte de la policía al momento de la detención, denuncia que fue desestimada y archivada de inmediato.

El paradero de la testigo “María” se desconoce, pero las organizaciones de mujeres han emprendido una campaña para dar con ella y garantizar su seguridad e integridad. Los elementos aportados recientemente vuelven a poner en el ojo de la tormenta a un aparato profundamente descompuesto, como lo es la policía de la provincia y la justicia garante de la impunidad.

La situación planteada deja al desnudo, una vez más, la responsabilidad del gobierno provincial y de todo un régimen podrido que se cobra la vida de las mujeres. El señalamiento del aparato policial y el poder judicial como responsables reafirma nuestro planteo de que un protocolo de búsqueda inmediata solo se hará efectivo con el movimiento de mujeres como garante. Asimismo, es urgente poner en pie un Consejo Autónomo de Mujeres con cargos electos y revocables que pueda ser una herramienta de lucha para dar respuestas a todas nuestras demandas. Exigimos el esclarecimiento de los hechos y reclamamos justicia por Cecilia. #NiUnaMenos, el Estado es responsable.

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