Este martes 13 de mayo se cumplieron 10 meses de la desaparición Luciana Muñoz. Al momento de su desaparición tenía 20 años y estudiaba en el CPEM 76, cumpliendo 21 años en medio de su búsqueda. Su familia, el personal docente del secundario donde estudiaba y organizaciones de mujeres y diversidades, convocamos a una nueva marcha para exigir respuesta. La concentración fue en el corazón del oeste neuquino: en la intersección de calles Rodhe y 1 de enero, donde Luciana fue vista por última vez.

En la madrugada del sábado 13 de julio salió del domicilio de su abuela, en el barrio Gran Neuquén, para encontrarse con un chico que había conocido a través de Facebook. Sin embargo, no regresó a su casa al día siguiente. Luego de 48 horas sin conocimiento sobre su paradero, a la familia le tomaron la denuncia. Rápidamente se convocó a una concentración en el centro de la ciudad, con importante presencia mediática y así las autoridades pusieron en marcha un operativo para dar con su paradero, haciendo rastrillajes en diferentes zonas. A fines de octubre del año pasado, ya con 3 meses sin evidencias, el gobierno publicó un decreto en el Boletín Oficial de la provincia, ofreciendo una recompensa de 100 millones de pesos para quienes brinden información “fehaciente e indubitable” que contribuya a la aparición o el esclarecimiento del caso de Luciana. Desde ese momento y hasta el día de hoy, no hay ningún dato concreto que diga qué pasó con Luciana.

La causa esta en la Fiscalía a cargo de Andrés Aznar. Hay un solo detenido: Maximiliano Avilés (en prisión domiciliaria), quien mantuvo relación con Luciana y quien -según la fiscalía- mintió en sus declaraciones al señalar que hacía mas de un mes que no la veía. Según las cámaras de seguridad, esa noche estuvo con ella. En la única declaración que brindo el 25 de marzo, señaló que él esta en prisión para “tranquilizar a la sociedad” y dio a entender que la policía y la fiscalía no buscan donde tienen que buscar, incitando a que debería intervenir la Policía Federal para que se esclarezca el caso.

La caratula inicial estaba como “desaparecida”, pero se pidió un cambio de caratula con la hipótesis de “secuestro” porque habría tres personas que podrían estar involucradas y dar datos sobre lo ocurrido esa madrugada.

Lo cierto es que no hay testigos, ni nadie que quiera dar alguna pista sobre lo sucedido, como ocurre con el caso de Silvia Cabañares. El miedo a decir algo por temor a alguna represalia, solo es posible entenderlo si hay una mafia detrás del hecho. Los responsables gozan de la impunidad que viende desde el Estado, la Justicia y la policía.

Durante este año, el gobierno de Figueroa junto a los principales responsables del Poder Judicial, han hecho una campaña mediática en torno a la lucha contra el “narcomenudeo” o “microtráfico”. En diciembre del 2024 fue aprobada la Ley 3488, con el fin de adherir a la Ley nacional 23.737 (de Estupefacientes). Esto requiere que Nación le transfiera créditos para abastecer a la policía, al sistema carcelario y a la misma Justicia. Además, que todo lo decomisado o la venta de ello vayan a constituir un fondo para seguir sosteniendo estos programas. 

Sin embargo, muy lejos de bajar los índices de delitos, Neuquén camina hacia un narcoestado, donde la venta y consumo de drogas se llevan consigo a la juventud, a las jóvenes y la problemática del consumo de drogas de todo tipo se extiende y se profundiza más, en una población que ya cuenta con una vida depreciada.

La desaparición de Luciana como el femicidio de Silvia, son muestras del grado de vulnerabilidad de la vida en los barrios y esas condiciones son las que dan lugar al desarrollo del negocio del narcotráfico, la prostitución, los abusos de mujeres y niñxs. La policía, la justicia y el gobierno lo saben perfectamente, porque sin la “vista gorda” del poder, esos negocios no podrían llevarse a cabo. Así como lo señala Avilés en su declaración (omitiendo nombres), así también lo escuchamos de los responsables del abuso de Silvia Cabañares, en el juicio donde quedaron con prisión efectiva.

A la hipocresía del gobernador Figueroa que inicia su discurso en la apertura de las sesiones legislativas diciendo “no estamos todos, falta Luciana” o a la desaprensión del intendente Gaido, hay que contraponer un genuino movimiento que los incluya como responsables de la desaparición de Luciana.

Cuando decimos que “el Estado es responsable” nos referimos a la motosierra efectuada por el gobierno provincial con los programas sociales en su conjunto, con el cierre de dispositivos y baja de contrataciones de personal de apoyo y acompañamiento, con la disminución de la ayuda económica a las víctimas de violencia y la depreciación de los montos que dan. La ayuda no alcanza para un tercio de lo que sale un alquiler. Pero también a la Justicia patriarcal y misógina que archiva causas o “aprieta” a quienes denuncian, o encubre comisarías, o policías que mantienen vínculos económicos con los narcos en los barrios.

Por eso, desde el Plenario de Trabajadoras participamos activamente junto a su familia en la denuncia y exigimos respuestas. No queremos que esta causa se convierta en un “Loan” neuquino. Luciana no desapareció, a Luciana la secuestraron y su búsqueda requiere el desarrollo de un movimiento de mujeres independiente de los responsables de su desaparición. Esta lucha no va venir de la mano de recompensas o de anuncios oficiales, sino de una poderosa campaña contra la impunidad estatal.

Aparición con vida de Luciana YA. El Estado es responsable.

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