La detención del abusador Mariano Mera Figueroa, exasesor privado de Gustavo Menéndez (intendente de Merlo en uso de licencia) que se encontraba prófugo hace tres años, en una casa quinta de Francisco Álvarez (La voz de Merlo 05/05/21) evidencia la vinculación de todos los niveles del Estado para sostener la impunidad.

Cabe destacar que Gustavo Menéndez guardó silencio durante todo este tiempo, garantizando su impunidad. Tampoco ha salido a decir nada ahora la actual intendenta, Karina Menéndez. Mera Figueroa, hijo del exministro del Interior de Menem, Julio Mera Figueroa, y primo del exgobernador salteño, Urtubey, utilizó sus vínculos con el poder para llevar adelante sus abusos. Dos causas lo involucran: una por el abuso de Micaela Rodríguez, una militante peronista, en el año 2017; otra por el abuso, secuestro y tortura de Jésica Rodríguez, su empleada de casa particular, a quien esclavizaba en su domicilio con la promesa de conseguirle un trabajo en la Municipalidad de Merlo (Primer Plano Online, 19/01/22).

Además de sus contactos políticos, Mera Figueroa estaba relacionado con el barrabrava de Boca Juniors Rafael Di Zeo. Fue este quien le dio la ubicación de Jésica Rodríguez, a quien secuestró a la salida de un partido en la Bombonera para obligarla a rectificar la denuncia que había realizado contra él por abuso. “Además de la bendición política y de La 12, entre las sospechas del caso, se cree que podría haber gozado de algún tipo de protección de fuerzas de seguridad que le permitieron moverse de manera impune” (Cuarto Poder de Salta, 20/01/2022).

Es que los contactos del abusador llegan incluso a la Iglesia Católica: vinculado al Opus Dei, fue él uno de los responsables de acercar a Gustavo Menéndez con Jorge Bergoglio para armar el Pacto de San Antonio de Padua, un compromiso para atacar los derechos de las mujeres y aumentar la injerencia de la Iglesia en el Estado, firmado por distintos intendentes del Conurbano bonaerense (Agencia Paco Urondo, 31/01/2018).

Al fugarse evitó el juicio por secuestro -por el cual fueron condenados dos de sus cómplices- y ahora espera un nuevo proceso, no en una cárcel común sino en la Superintendencia de Investigaciones Especiales, en tanto se ha desatado una campaña de encubrimiento buscando desacreditar a las denunciantes. Exigimos cárcel común, una condena efectiva y la investigación de cada una de las complicidades que le permitieron llevar adelante sus abusos con impunidad y mantenerse prófugo durante todo este tiempo.

 

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