El doble femicidio de las hermanas Gorosito en Yuto, provincia de Jujuy, perpetrado por la ex pareja de Pamela (una de las dos hermanas, quien resultó asesinada de un tiro en la cabeza), pone sobre la mesa nuevamente la responsabilidad de parte del gobierno de Gerardo Morales en la inacción para afrontar una política efectiva para la erradicación de la violencia de género. Lejos de eso, la acción del Estado está orientada a incrementar esa violencia y a encubrirla.

Javier Broy, el asesino de las hermanas que también golpeó a la madre de ambas, se encuentra prófugo. Tenía una perimetral y había sido nuevamente denunciado el mismo día de los hechos por Pamela por incumplir con la medida judicial. Así de perverso es el sistema. El fiscal Randón acaba de imputar al oficial y al jefe que estaban a cargo de la comisaría por no informar sobre la denuncia a la fiscalía de violencia de género. Ahora que el escándalo es público la acción del Estado será la de reducir daños. Aunque corresponde también la sanción a quienes no cuidaron a Pamela teniendo ella una perimetral, esto nunca se ejecuta.

El fiscal a cargo de la causa es José Alfredo Blanco, quien según ha manifestado la madre de las mujeres asesinadas aún no se comunicó con ella (Salta/12). Fue designado por Morales en mayo del 2021 (Boletín Oficial, 17/5/21).

En la provincia de Morales los fiscales están sólo para responder a los intereses del gobernador, concentrado en la demonización de la protesta social para hacer pasar el ajuste sin resistencia. Su aparato de justicia que depende plenamente del Ejecutivo nada hace para evitar más femicidios mientras que persigue a quienes se movilizan por cualquier tema.

En un acto de total autoritarismo e intento de amedrentamiento del gobierno de Morales, los fiscales que dependen directamente de él, impusieron contravenciones a la familia de Dafne Soto y amigos el último 1 de febrero por organizar una marcha reclamando que el caso fuera investigado. La inacción de bomberos y del SAME estaban en el centro de las denuncias. Como respuesta el represor Morales que se vende como un demócrata en el camino de su carrera presidencial, impuso contravenciones que pueden llevar hasta a 15 días de cárcel para las manifestantes.

El doble femicidio ocurrió en Yuto, un pueblo de 6.000 habitantes gobernado por Alfredo Valdiviezo de Cambia Jujuy, alianza macrista local encabezada por Morales. Pamela, quien se encontraba radicada en Salta huyendo de Broy, había viajado a Yuto por Semana Santa para ver a su familia.

El intendente de Yuto dirige la ciudad desde que en 2018 renunció su hermano por problemas de salud, y él que ocupaba la presidencia del Concejo Deliberante heredó el puesto. Luego ratificaría el cargo en 2019 de la mano de la alianza macrista dirigida por el gobernador Morales. La asistencia a las mujeres violentadas y el seguimiento de los hombres denunciados no existen en el distrito, a pesar de que en un par de años se sucedieron en el pequeño distrito cinco femicidios. Tampoco en la provincia. El gobierno de Morales y su Consejo Provincial de la Mujer dirigido por la ex diputada Alejandra Martínez mantiene un organismo que gasta más en sueldos que en asistencia en una provincia que detenta el nivel más alto de femicidios por cantidad de habitantes según el último informe de la Corte Suprema de Justicia que data del 2020. El presupuesto que destina Morales a erradicar la violencia de género es del 0,04% del total del presupuesto provincial, nada.

Exigimos justicia por las hermanas Gorosito, llamamos a las organizaciones de lucha de Jujuy a seguir movilizadas para repudiar los femicidios y la acción del Estado y reclamamos que el gobierno de Morales cese en la persecución a quienes se manifiestan.