El femicidio de Agostina dejó expuesta una cadena de delitos en Córdoba

A partir de la investigación por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba, una mujer de 32 años, de identidad reservada, aseguró en entrevistas que proporcionó a los medios, que ejerció la prostitución en Wachitas Bar de 2020 a 2024, en habitaciones clandestinas del lugar, y que allí se proporcionaban drogas y se regenteaban menores para dicha actividad.

La mujer señaló a Soledad Adriani como la persona que estaba a cargo de las operaciones del bar, dijo que era quien conseguía los clientes (“hombres grandes y de alto poder adquisitivo”) y se quedaba con al menos el 50% de lo que costaba el servicio. Luego fue llamada a declarar por la fiscalía que investiga el femicidio de Agostina Vega.

Adriani es la tercera detenida por el crimen de la joven. Es quien le prestó el auto a Claudio Barrelier para trasladar el cuerpo y está imputada por encubrimiento agravado.

Wachitas Bar era un establecimiento nocturno de la ciudad de Córdoba promocionado por la municipalidad en sus páginas oficiales, a pesar de contar con múltiples clausuras y no cumplir con las normas básicas de seguridad. Fue clausurado en el marco de la investigación. Días después, también se clausuró Malibú y ya se cuestionan otros bares por el mismo funcionamiento, como Point y Casa Blanca, entre otros.

Lo que hay detrás de estos lugares es mucho más que “avivadas” o problemas estructurales, nos encontramos frente al poder político directamente entrometido en los negocios más oscuros de la noche: drogas, explotación sexual de adultos y de menores. Ninguno de estos antros pasan media habilitación seria de seguridad e higiene. ¿Cómo podían funcionar sin problema en el corazón de Nueva Córdoba y ser promocionados por el propio gobierno?

En ese sentido, la Concejala del PO-FITU Cintia Frencia presentará un pedido de informe sobre las habilitaciones municipales que tienen los mencionados lugares, así como el pedido de identificación de los titulares de los bares, hasta hoy muy confusos, incluso en el propio Wachitas. También se solicitará un informe estadístico y documental sobre controles e inspecciones a estos negocios, realizados por el ente de Fiscalización y Control durante los últimos 48 meses, así como multas y clausuras que se hayan realizado y cómo se resolvieron.

El femicidio de Agostina deja a las claras la injerencia del Estado sobre los negocios de la noche. Ricardo Moreno y su yerno Sánchez del Blanco, como abogados del violador y femicida Barrelier, buscaron preservar la responsabilidad del gobierno de Martín Llaryora y el intendente Daniel Passerini en las redes de trata y narcotráfico que operan en la provincia.

Por eso el pedido de justicia por Agostina Vega es luchar contra toda esta impunidad. Tenemos que avanzar con la movilización popular para que se destape esta olla a presión que muestra toda la descomposición social y la complicidad política, judicial y policial que garantiza la explotación de nuestros cuerpos. Más que nunca, gritamos Ni Una Menos y que caigan todos los responsables.

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