Hace pocos días el Ejecutivo nacional vía decreto dio a conocer el “Programa de apoyo y acompañamiento a personas en situación de riesgo por violencia por motivos de género- AcompañAR”. El mismo es una asistencia económica a mujeres y personas lgtbi+ “en situación acreditada de riesgo por violencia por motivos de género, conforme lo establezca el Ministerio de las mujeres, género y diversidad” y que se enmarca en el “Plan Nacional de Acción contra las violencias por motivos de género 20202-2022” .

La suma que se otorgaría es equivalente al salario mínimo vital y móvil, $16.875 por 6 meses consecutivos, no reintegrable, personal, no renovable y no contributiva (Art. 5) y su pago estaría a cargo de ANSES. Aún cuando este beneficio es compatible con otros como IFE- AUH- AUE, es bastante difícil imaginar con ese ingreso y solo por 6 meses, cómo se podría fortalecer la independencia económica en camino de “ la construcción de un proyecto de vida autónomo a través de asignaciones económicas excepcionales destinadas a disminuir la condición de vulnerabilidad” a la que se aspira, según el decreto.

Es un hecho concreto que el mayor problema que atraviesan mujeres y personas lgtbi+ en situación de violencia es de carácter económico. Por caso, mujeres- personas lgtbi+ que se ven obligadas a permanecer junto a sus agresores por carecer de condiciones materiales de existencia que garanticen una vida digna tanto para ellxs y en muchos circunstancias, también para sus hijxs.

Algunos datos que permiten mostrar el cuadro actual son los del INDEC del mes de agosto. Según el organismo durante el mes de julio la “Canasta Básica Total (CBT), que reúne alimentos, indumentaria y transporte, también subió 1,6 %. Un grupo familiar necesitó contar con ingresos por $ 44.521,25 para no caer debajo de la línea de la pobreza” (Télam, 20/08). Y en el caso de la canasta alimentaria se requirió de “$18.321,51, para no caer en la indigencia”. Dejando de lado que los datos son discutibles y que cualquier familia obrera así como trabajadorxs en general, pueden dar cuenta de que sus gastos superan eso, está claro que la asistencia económica que proporciona el estado para las personas en situaciones de violencia no alcanza y lejos está de producir ninguna transformación de fondo en su independencia económica. En un país donde UNICEF estima el 62,9 % de pobreza infantil para fin de año.

Otra es la situación de los planes sociales. Antes de la pandemia constituían un total de 450.000. A partir de la cuarentena y con la pérdida drástica de puestos de trabajo, alrededor de 9 millones de personas que pudieron acreditar esta pérdida lograron acceder al IFE, que no constituye la extensión de un subsidio a renta universal. Un beneficio al que intentaron darle de baja pero que rápidamente tuvieron que recular. En este cuadro de crisis es más que necesaria la reapertura y la extensión de todos los planes, pero esos planes son, tal como los han concebido desde el gobierno de Duhalde a esta parte, paliativo para la supervivencia, de ninguna manera un pasaporte de salida de la violencia de género.

Finalmente, en nuestro país se han promovido programas y otorgado diferentes subsidios para ayudar a personas en situación de vulnerabilidad, de violencia de género durante los últimos 20 años. ¿Qué balance se hace de estas políticas?

El “gobierno de científicos” nos priva de la respuesta porque definitivamente el incremento de la precariedad laboral y asistencial de los últimos 20 años, fue el caldo de cultivo de la violencia interpersonal que se ha incrementado a la medida del incremento de la violencia estatal contra las mujeres.

Más que nunca se impone luchar por un organismo independiente del Estado para avanzar en nuestras demandas.

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