Por estos días se conocieron detalles sobre la situación de Esther Villán, la mujer que fue víctima de un intento de femicidio a manos de su pareja, el policía Cristian Molina. Luego de que se realizara la concentración contra el intento de femicidio, el pasado lunes 29 de marzo en la Plaza 25 de Mayo de Tanti (Córdoba), la que se trasladó a la dependencia de Desarrollo Social de la Municipalidad donde funciona el Punto Mujer, la familia de Esther dio a conocer que finalmente recibieron asistencia.

Respecto del avance de la causa, tomó el caso el abogado Carlos Nayi, quien en declaraciones a medios locales señaló que “el hecho ocurrió el 25 de marzo alrededor de las 14 horas. Este hombre (Molina), que había comenzado una relación sentimental con Esther Villán, era casado, ya que tenía un matrimonio anterior, donde lo había denunciado su exesposa por violencia de género en el 2017 y 2018”.

Además, indicó que pese a haber sido denunciado por su anterior pareja “inexplicablemente, Cristian Agustín Molina, estaba afectado a la Unidad Judicial de Violencia Familiar, de la Departamental Punilla”.

Este hecho no es aislado, se suma a la descomposición del sistema represivo nacional y provincial, donde el Estado muestra su cara más hostil a las víctimas y premia a los agresores con licencias psiquiátricas sin tratamientos ni seguimientos, continuando, en muchas ocasiones, con el hostigamiento hacia sus víctimas. Otros gozan de retiros, ascensos y traslados, con total impunidad.

Estas situaciones se suman a una gran lista de irregularidades dentro de la fuerza policial, que se ponen de manifiesto cada vez que las víctimas se presentan a realizar una denuncia por violencia de género, sobre todo cuando el denunciado es parte de ese sistema: denuncias que no son tomadas, causas que se archivan, represalias, amenazas y persecuciones. Este grave contexto provoca que muchas de las víctimas no se animen a denunciar o tengan que hacerlo en otros lugares, que una vez realizada la denuncia tengan que mudarse a otro domicilio, esconderse y, por otro lado, que los testigos no se animen a declarar.

Por eso es que en la última reunión de la Asamblea Ni Una Menos se dispuso como medida contra la violencia de Estado, ejecutada a través de la policía, una movilización para el 16 de abril a las 18 horas, desde la Central de Policía hasta Patio Olmos. El Estado es responsable. Basta de impunidad policial.

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