El gobernador republicano de Texas, Greg Abott, promulgó la semana pasada una ley que prohíbe la intervención voluntaria del embarazo a partir de la semana seis. Se trata de una de las leyes más restrictivas del país, ya que ni siquiera contempla casos de violación o incesto. Esta medida impide a los funcionarios estatales llevar a cabo la prohibición pero da vía libre para que cualquier ciudadano estadounidense, inclusive los que no viven en ese Estado, puedan demandar al personal de salud o cualquier persona que haya ayudado en el procedimiento de aborto luego del plazo establecido.

Esta maniobra retrógrada no es algo aislado sino más bien parte de una ofensiva que se viene dando en Estados Unidos a través de las “leyes latido”, donde se restringe el derecho al aborto a partir de la sexta semana, que es cuando generalmente se detecta el primer latido del feto. Esta iniciativa de parte de estados conservadores, liderados por gobernadores republicanos, es en primera instancia polémica, ya que las mujeres en esa semana de gestación todavía no detectan ni siquiera el embarazo.

La ley texana entrará en vigencia a partir de septiembre y se aprobó en momentos en que la Corte Suprema confirmó que abordará -de aquí al año próximo- la constitucionalidad o no de una ley del estado de Mississippi donde se prohíbe la práctica de todos los abortos después de la semana 15. En la Corte norteamericana se consolidó una mayoría conservadora, tras una serie de designaciones del expresidente Donald Trump, entre ellas, la de la jueza católica Amy Coney Barret; por eso hay preocupación sobre las características que pueda tener el fallo del máximo tribunal.

Los sectores antiderechos buscan revertir la doctrina legal sobre la que se basa el derecho de las mujeres a abortar, conocida como fallo Roe vs. Wade que está vigente desde el año 1973.

Sin embargo, estos sectores conservadores se topan con la enorme lucha del movimiento de mujeres, que en los últimos años se movilizó por cientos de miles, como ocurrió para repudiar al misógino Donald Trump. El fantasma de la rebelión popular de 2020 condiciona también a estos grupos reaccionarios. Por lo tanto, la pulseada con los antiderechos recién comienza y está abierta.

En este marco, el gobierno de Joe Biden y el Partido Demócrata buscan cooptar y enchalecar al poderoso movimiento de mujeres, tratando de sacarlo de las calles y de impedir que desarrolle un cuestionamiento de fondo al régimen político y social -responsable de la opresión de las mujeres y de los trabajadores. Como parte de ese operativo de contención, fue designada la primera vice mujer, Kamala Harris.

Consciente de la fuerza del movimiento de lucha de las mujeres, la Casa Blanca no ha tenido más remedio que asegurar por estos días su compromiso con el fallo Roe vs. Wade, e incluso ha tenido que revertir algunas medidas de Trump.

Grupos por el derecho a decidir han tachado el fallo de Texas como una prohibición extremista del país y denunciaron que es una medida que allana el camino para que los antiabortistas empleen el sistema de justicia para perseguir a quienes luchan a favor de la libre elección.

El movimiento de mujeres puede derrotar estos ataques y avanzar por todas las reivindicaciones pendientes. Para ello, es importante que se dote de una independencia política de los gobiernos de turno.

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