Mujer

6/11/2020

FEMICIDIO

Femicidio de Paola Tacacho: el poder judicial tucumano es responsable

La docente había presentado 12 causas penales y una civil.

Juez Francisco Pisa, quien firmó el sobreseimiento del acosador y desoyó las 13 denuncias de Paola.

Tras el evitable femicidio de Paola Tacacho, docente salteña radicada en Tucumán, se expusieron los distintos archivos de las 13 causas, penales y una civil, que había presentado en dicha provincia contra su agresor y que debieron generar como respuesta su protección.

Lo que demuestra a las claras es que este hecho no se debió a simple desidia, falta de personal o presupuesto, sino a una cadena de protecciones por parte de miembros del Poder Judicial relacionados a la familia del femicida Mauricio Parada Parejas, especialmente de su hermano Ronald, cuya firma administró el Ingenio San Juan y es inversionista en polémicos negociados inmobiliarios.

A raíz de las investigaciones de la periodista Mariana Romero, se conoció que la causa N° 7 de abril del 2018 a cargo del entonces fiscal Washington Navarro Dávila fue la que más avanzó. En esta Paola relata el calvario que tuvo que vivir, el acoso por redes sociales que llegaba incluso a su círculo de amigxs y familiares y pide que se sumen las causas anteriormente presentadas y testimonios de relevancia para sustentar el pedido de auxilio urgente. El fiscal ordena la detención y una pericia psiquiátrica, la cual luego concluye en que éste padecía un trastorno esquizoide que lo incapacita total y permanentemente. Pese a los avances que parecía tener esta causa y el movimiento que se percibía, abruptamente es interrumpida y archivada por el auxiliar del fiscal Fernando Isa, argumentando “falta de espacio en la oficina”.

En el 2020, Paola inicia una demanda civil en la que solicitaba a la familia de Mauricio que interceda en la situación, tienen algunas audiencias de manera online donde se pone sobre la mesa la situación mental del acusado. La causa, nuevamente, es interrumpida intempestivamente sin motivo aparente. La mediadora denuncia en la corte que estaban revictimizando a Paola y la dejaban desamparada de nuevo.

Esto se suma a la denuncia contra el juez Francisco Pisa, quien firmó el sobreseimiento del acosador y desoyó las 13 denuncias penales de Paola. Ahora se conoció que este habría presentado la renuncia condicionada dos semanas antes de que esto ocurriera y la misma está en poder de Manzur, quien deberá aceptarla o no. El movimiento de mujeres ya ha solicitado su rechazo, debido principalmente a que se pidió el juicio político contra este magistrado.

La renuncia condicionada y una jubilación de privilegio camuflada es la misma estrategia que distintos miembros del Poder Judicial tomaron para escapar del repudio popular por su actuación en distintos casos de violencia contra las mujeres y niñas tucumanas. Es el caso de la fiscal Giannoni, quien fue la denunciante por “homicidio” de lxs médicxs que buscaron garantizar el derecho de Lucía (niña violada y embarazada) al acceso a una ILE. Es también el caso del fiscal Albaca, uno de los principales artífices del gran encubrimiento del crimen de Paulina Lebbos, que llegó hasta el mismo gobernador de ese momento, José Alperovich.

Entendemos que estas maniobras son una muestra clara de la enorme descomposición de la justicia provincial, quien teje una telaraña de relaciones que incluyen al poder empresarial y político, cuidándose las espaldas en detrimento de las vidas de las tucumanas. Viene estando en el ojo del huracán hace ya largos meses debido a las artimañas que realizan para proteger a todos los políticos y miembros del Poder Judicial denunciados por abusos y violaciones. El juicio político contra Pisa es un primer paso si se constituye en una consigna movilizadora. Sin embargo, en caso que se concrete, sería llevado a cabo por la misma “legislatura celeste” que tanto perjuicio ha hecho contra nuestros derechos. No podemos confiarnos.

Es tiempo de que el movimiento de mujeres se saque de encima estas lacras y avance por una alternativa independiente, por un Consejo Autónomo de Mujeres y Disidencias, que organice la lucha por nuestros derechos más elementales. Cambiar la justicia de raíz: por jueces y fiscales electos por el voto popular y revocables. Para terminar con la impunidad de los misóginos de siempre: los Alperovich, Bussi, Pisa, Orellana, Navarro Dávila, Estofan.