Por el decreto 123/2021 publicado en el Boletín Oficial con fecha 21 de febrero del corriente, Alberto Fernández creó el “Consejo Federal para la Prevención y el Abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios”, como anticipamos en Prensa Obrera. Lo conformarán el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad; que tendrán el objetivo de mejorar los mecanismos estatales para “elaborar en forma conjunta los lineamientos para una política federal integral y unificada de prevención, investigación, sanción, asistencia y reparación de los feminicidios, travesticidios y transfemicidios”.

Inicialmente a la cabeza estarán las titulares de los Ministerios mencionados “quienes dictarán el reglamento interno de funcionamiento”, aunque, posteriormente se irán incorporando las autoridades de las carteras que funcionen en los ámbitos de las jurisdicciones que hayan aceptado adherir a este consejo.

Además deberán “unificar los sistemas de registro y gestión de la información”,” promover mecanismos y circuitos de trabajo que aseguren una rápida, coordinada y especializada gestión” de todo tipo de casos, “promover la coordinación de acciones entre los organismos judiciales, de seguridad y las áreas de género con competencia en materia a nivel nacional y local”. Observando los propósitos del Consejo se delata que el gobierno de Alberto Fernández asumió subestimando el problema de los femicidios y la violencia en general, que ni siquiera se había propuesto coordinar a un país organizado federativamente, ni tampoco cuantificar por sí mismo los casos. Aún así no se trata de llegar tarde a una política, lo que delatan los objetivos del nuevo organismo es la falta de voluntad de atacar el problema con verdaderas propuestas de cambios.

Una vez más, el autor de la famosa frase “me alegra ponerle fin al patriarcado”, se equivoca. En medio de la conmoción social por el femicidio de Úrsula Bahillo en manos del policía bonaerense Matias Martínez y del femicidio de Vanesa Carreño en manos de Carlos Soruco Fernández, Alberto twitteo que iba a crear un Consejo Federal contra la violencia de género.

Pero involucrar al Ministerio de Seguridad (el mismo que garantiza y defiende la represión en desalojos en nombre de la propiedad privada) a planear la prevención de esta violencia no es la salida. Según un informe de la Auditoría General de Asuntos Interno (AGAI) de la Bonaerense, durante el año 2020, Berni tiene 6.000 policías en actividad denunciados por violencia de género. (Télam, 10/2). Sin contar a las miles de mujeres que no acuden a una comisaría a denunciar porque su agresor integra esa misma fuerza y hasta trabaja en la misma comisaría que le cabe por jurisdicción. Recién esta semana, Martínez fue condenado por “lesiones leves agravadas en concurso con amenazas agravadas” contra su ex pareja, a 4 años de prisión. Veredicto dictado este lunes por la mañana por el juez en lo Correccional 1 de Junín, Héctor Alberto Barbera.

Además aconsejó impulsar para “garantizar que en los establecimientos de salud se cuente con equipos interdisciplinarios que aseguren abordaje” de las mujeres que llegan víctimas de violencia de género, incluyendo un registro de las intervenciones realizadas. Este registro ya se lleva a cabo pero es totalmente obsoleto ya que queda en un expediente juntando polvo en un armario de los archivos de los hospitales. Por lo demás no se explicita en el decreto 123/20221 que fuera a aumentar el presupuesto destinado a la cartera de Salud para contratar a los equipos en cuestión, ni que hablar de que no explica cómo haría cumplir este objetivo provincia por provincia con la descentralización del sistema actual.

Otro punto que se menciona en el Articulo 5 ° del Boletín Oficial “Establécese que los y las representantes que integren el CONSEJO FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN Y EL ABORDAJE DE FEMICIDIOS, TRAVESTICIDIOS Y TRANSFEMICIDIOS y su Coordinación Ejecutiva ejercerán sus tareas con carácter “ad honorem”. Por ello se logra ver que este consejo no viene a erradicar la violencia que sufre la mujer trabajadora, ya que no se destina un centavo para la actividad más allá de lo ya estipulado por el presupuesto original.

Incluso la aceptación del consejo queda a criterio de cada jurisdicción, logrando ser el hermano gemelo del protocolo de la ILE, que con anterioridad a la sanción del aborto legal la mayoría de las provincias del norte argentino no adherían. ¿Qué le hace pensar al presidente que se van a sumar a este Consejo Federal para la erradicación de la violencia género estas provincias tienen los mayores índices de violencia hacia las mujeres y diversidades del país, a tal punto, que obligan a parir a niñas violadas por sus propios parientes, donde los sectores clericales y celestes ganan terreno gracias al poder político?

Aún hoy hay provincias que no adhieren a leyes dictadas hace 15 años, como la de Educación Sexual Integral y que en su momento no fuera declarada “de orden público” algo que obliga a las provincias a cumplir la ley y que eso no dependa de su adhesión. Corresponde el ejemplo, porque ya que hablamos de femicidios, una gran base del problema está en la educación basada en el sometimiento, la discriminación a las diversidades, en la discriminación hacia las mujeres en diferentes dimensiones sociales que se promueve en la educación argentina a partir de la integración de la iglesia al estado presente en la educación publica y privada.

La creación de más organismos gubernamentales no supone un avance para las mujeres. Ya lo demostró la conformación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad que impulsó el barbijo rojo en pandemia y no sirvió para nada. 7 de cada 10 personas del grupo poblacional con menos ingresos son mujeres. Pero va en consonancia con el planteo del sector verde que integra el gobierno del slogan “justicia feminista”, el gobierno es cómplice y responsable político directo ya que elijen junto al Senado y al Consejo de la Magistratura con mayoría gubernamental, los jueces que persiguen a las mujeres que denuncian, liberan a sus agresores y ni hablar de la persecución que sufren las madres que denuncian Abuso Sexual Infantil (ASI) y las revinculaciones forzadas que afloran en los pasillos tribunales.

El poder judicial es un andamiaje al servicio de perpetuar la violencia en contra de las mujeres como mecanismo de disciplinamiento social, por lo tanto, ninguna capacitación en perspectiva de género podrá revertir esta situación.

Llamamos al movimiento de mujeres y diversidades a la organización de manera independiente del Estado y de los gobiernos. Desde el Plenario de Trabajadoras contraponemos a este consejo federal un Consejo Autónomo de Mujeres, electo y con financiamiento estatal, para que seamos nosotras quienes resolvamos las medidas que nos involucran, y no nuestros verdugos. De esta forma podremos garantizar una real protección a las víctimas y avanzar en el conjunto de nuestras demandas.

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