Desde el 24 de enero pasado rige en todo el país la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) que conquistó la ola verde. Sin embargo, su efectiva implementación no es un camino allanado, en especial por el lugar de poder del que gozan sus principales detractores: las iglesias y sus agentes. El enorme peso de estos sectores en el sistema de salud, educativo y judicial -que lejos está de querer revertir el gobierno de los Fernández- es el principal obstáculo que enfrentamos.

Amparos, medidas cautelares y judicialización

La estrategia de las interposiciones jurídicas contra el aborto legal que estamos viendo en los últimos días es parte de una campaña de los celestes para embarrar la cancha y cuestionar la legitimidad de la ley.

En la provincia de Chaco, el 28 de enero pasado, la jueza Marta Beatriz Aucar de Trotti, a cargo del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 19 de Resistencia, habilitó el pedido de una medida cautelar -encabezada por referentes de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino y de la Red Federal Familia Chaco- que ordena “la suspensión de la vigencia y/o la no aplicación” de la IVE en la provincia. La cautelar fue apelada rápidamente por una ONG local, luego por el Ministerio de Salud de la Nación y, tras días y días de escandaloso silencio por parte de las autoridades del gobierno provincial que encabeza Jorge Capitanich, se sumó una apelación de la fiscal del Estado de Chaco. Ahora, resta esperar la admisión o no de los recursos interpuestos. Mientras tanto, nuestro derecho en la provincia está encorsetado entre las tretas judiciales.

En Corrientes, el Partido Ciudadanos a Gobernar presentó una declaración de “inconstitucionalidad” de la norma, que fue rechazada in limine por el juzgado de Ejecución Tributaria de la provincia. En Córdoba, el reaccionario Portal de Belén presentó un recurso de amparo para suspender la ley en toda la provincia ante los tribunales federales de la ciudad de Río Cuarto -también basando sus argumentos en la pretendida inconstitucionalidad. De manera similar, estas maniobras se han presentado en Salta, Entre Ríos, La Pampa, La Plata y Lomas de Zamora en Buenos Aires, y la lista probablemente crezca.

La ONG clerical “Amor en Acción” fue más lejos y presentó la semana pasada una medida cautelar en el Juzgado Contencioso N° 10 del fuero administrativo que busca frenar la ley a nivel nacional, y amenazan con presentarse ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o incluso a la Corte Internacional de la Haya.

El objetivo de estas acciones judiciales es poner palos en la rueda y reforzar una agitación antiderechos. Aunque no se debe subestimar su gravedad y en algunos casos están significando una demora criminal en el cumplimiento de la ley (como Chaco), de conjunto difícilmente logren prosperar. No hay en ellas solidez jurídica alguna para voltear una ley nacional, que al ser de orden público no depende de la adhesión de las provincias y es respaldada por numerosos tratados internacionales. A su vez, el gobierno nacional ya entregó enormes concesiones a las iglesias en la ley aprobada y mantiene un poderoso pacto con el Vaticano y las iglesias evangélicas que actuarán para bloquear este derecho desde los lugares de poder que preservan en los distintos niveles de intervención del Estado. En esta tesitura debe leerse el llamativo silencio de Aciera (que agrupa a lo más reaccionario de las iglesias evangélicas y fue cabeza de la campaña celeste), que no ha emprendido ninguna acción legal. Lo mismo vale para el Vaticano. El Papa volvió a “lamentar” hoy en una audiencia con diplomáticos en Roma, la aprobación creciente de legislaciones en todo el mundo para legalizar el aborto, pero ni mencionó a la Argentina.

El obstáculo principal es el peso de las iglesias en el sistema de salud y educativo

Como sucedió en su momento con la ESI, Alberto Fernández hizo aprobar una ley de IVE con limitaciones muy peligrosas. La objeción de conciencia individual en un sistema de salud descentralizado, vaciado y con una injerencia enorme de las iglesias es la llave maestra para impedir que se cumpla el aborto legal. La ley ni siquiera establece la obligación de que se garantice la práctica en todos los centros e instituciones de salud. La obligación de “derivar” cuando no haya ningún profesional “no objetor” habilita de por sí el rechazo institucional (aunque no figure explícitamente la objeción por ideario de la institución en el texto sancionado). En muchos casos, el hospital más cercano que realice la práctica puede estar a cientos de kilómetros de distancia, pero aún así, ya hay clínicas privadas que se niegan incluso a garantizar la derivación. En una buena parte del sistema sanitario nacional, especialmente los sectores de toco-ginecología, están bajo la dirección de agentes clericales.

Hoy es noticia que los colegios católicos de todo el país dieron a conocer que no incorporarán el aborto a los contenidos curriculares, amparándose en el Artículo 5° de la ley de ESI que establece el respeto de los “idearios institucionales” -una enorme concesión que les entregó en su momento Cristina Kirchner para hacer de la ley cartón pintado.

El gobierno nacional, que no tiene ninguna causa popular para acreditarse -mientras se recrudecen el hambre, la crisis de vivienda, el descalabro inflacionario, la represión y los femicidios- busca explotar la conquista de la ley de aborto como un mérito propio y querrá usarlo seguramente como caballito de batalla en la campaña electoral. Pero es incapaz de garantizar que la ley se cumpla mientras mantiene su alianza con las iglesias. Pueden no prosperar los recursos legales, pero ya les entregó a los adversarios de este derecho todas las armas para que actúen a sus anchas. Dependerá de la movilización de la ola verde en todo el país que el aborto sea efectivamente un derecho al que las mujeres y niñas puedan acceder en cada lugar.

En vísperas del 8M, sigue la lucha

A la conmoción por los femicidios -que ya superan la cantidad de días que lleva el año y que, caso a caso, revelan el contenido de fondo de la denuncia de la responsabilidad del Estado capitalista que es una fábrica de violentos a quienes la policía, la Justicia y el poder político protegen- se suma la necesaria continuidad de una lucha contra el oscurantismo clerical por parte de la ola verde.

El silencio de las organizaciones kirchneristas y su borrada de las asambleas que antes promovían para organizar las movilizaciones es criminal en este contexto. Se han subordinado a un gobierno que no ha tomado una sola medida para proteger a las mujeres (a quienes nos matan como moscas) y que refuerza a las iglesias, que no sólo bloquean derechos sino que se dedican a predicar la subordinación y humillación del género femenino -sobre todo entre los más pobres-, que está en la base de las violencias que sufrimos y que en su expresión más brutal terminan en femicidios. La integración al Estado demostró ser una vía de adaptación al régimen que nos vulnera, nos tortura, nos violenta y nos quita la vida.

Más que nunca, es necesaria nuestra organización y nuestra movilización. Empecemos a preparar un gran 8M contra la atrocidad de los femicidios, por garantizar el aborto legal y por la separación de las iglesias del Estado.