El 3 de mayo el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) sancionó el acuerdo reglamentario n°1698, en el cual se estipula como tercer indicador de gravedad de las denuncia que el denunciado sea miembro de las fuerzas de seguridad del Estado.
Esta actualización del formulario de denuncia de violencia familiar (no de género), es justificado por el TSJ como una actualización ante la necesidad y complejidad de los casos, dándole prioridad a los mismos si el denunciado es de las fuerzas.
Ahora, si analizamos el formulario de denuncia en sí, implica una burocratización de una situación de extrema vulnerabilidad, como la que vive una víctima de violencia. La toma de denuncias a víctimas de violencia de género se realiza en lugares donde la policía integra esos espacios, no hay manera de que una víctima se sienta libre de relatar lo que padeció si hay compañeros del victimario tomando su declaración. Pero además el sistema de toma de denuncias burócrata debe finalizar, agregar ítems al proceso de revictimización no resuelve la situación de violencia de género ni impide que las fuerzas represivas sean una amenaza para mujeres y diversidades, cuando la condición necesaria para acabar con la impunidad de las fuerzas es su desmantelamiento.

Por eso el planteo del Plenario de Trabajadoras es el de la necesidad de una reforma judicial, que apunte que los jueces y fiscales sean elegidos por el voto popular y revocables en sus cargos, que dejen de manifestarse como una casta cerrada y ajena a las problemáticas sociales.
Es clara la falta de interés del Estado y los partidos patronales en resolver de origen la violencia de género, por eso mujeres y diversidades debemos seguir en nuestra lucha independiente.

Te invitamos a participar el 2° Congreso Nacional del Plenario de Trabajadoras, este 29 de mayo de manera virtual.