La realidad nacional, donde la mitad de los hogares subsiste con ingresos inferiores a la línea de pobreza es el resultado de la catástrofe social a la cual han contribuido todos los gobiernos; dentro de ella, las identidades feminizadas se llevan la peor parte. Por lo tanto, la indefensión ante el crecimiento de la violencia y los femicidios es total.

Según datos del Indec sobre el mercado de trabajo en el primer trimestre del 2021 la tasa de actividad de las mujeres es del 47,6% (y del 35% para las menores de 29) mientras que la de los varones es del 68,4%. A su vez, la tasa de empleo de las mujeres es del 41,9% (del 26% en las menores de 29 años) y la de los varones es del 61,4%. Por su parte, la tasa de desocupación mide 11,9% para las mujeres y 10,2% para los varones, mientras que la tasa de subocupación llega al 17,8% en el caso de las mujeres y es del 13% en los varones. Como si esto fuera poco, el 32,9% de las trabajadoras no posee aportes jubilatorios, es decir, se encuentra bajo un régimen de informalidad laboral.

No solo las mujeres son las más perjudicadas por el desempleo y las que menos derechos laborales poseen, sino que además son las que ocupan los puestos de trabajo peor remunerados. En el caso del servicio doméstico, la tasa de feminización es del 98,3% y el ingreso mensual promedio ronda los $10.700 -cuando la línea de pobreza está cercana a los $65 mil-. El rubro de enseñanza está compuesto por un 74,6% de mujeres; allí el ingreso promedia los $35.100. A su vez, los servicios sociales y de la salud, con una tasa de feminización del 72,4%, cuentan con un ingreso promedio de $41.000.

La menor participación en el mercado de trabajo por parte de las mujeres y la miseria salarial que caracteriza a los empleos más feminizados genera que el ingreso medio sea de $27.700 para las trabajadoras ocupadas, con lo que la brecha de género llega al 22,4% ya que los trabajadores ocupados varones perciben un ingreso promedio de $35.700. La brecha asciende al 41,2% en el caso del trabajo precario, donde el promedio salarial es de $13.100 para las mujeres y $22.400 para los varones. Finalmente, lo anterior explica que el grupo poblacional más pobre de la sociedad esté integrado en un 70% por mujeres.

Se ve de forma muy nítida en qué medida las patronales se valen de los estereotipos de género que imperan en este régimen social para reducir drásticamente el “costo laboral”. El gobierno de Alberto Fernández y las burocracias sindicales facilitan esta tarea promoviendo topes salariales y dejando pasar los despidos y la informalidad laboral. Por otra parte, mantienen intacto un esquema en el cual las tareas domésticas recaen sobre las familias y en particular sobre las mujeres. Lo anterior representa un “ahorro” de 67.438 millones de dólares anuales para las empresas y el Estado que no destinan un peso en poner en pie dispositivos para socializar el trabajo doméstico.

Estas tareas son realizadas en un 72% por las mujeres y en un 28% por varones. Esto deriva en que sean las mujeres la que menos horas dedican al trabajo remunerado, y, por lo tanto, reciben menos ingresos. Las asalariadas destinan en promedio 30,4 horas semanales en el mercado laboral mientras que los varones 40,5 (brecha 24,9%). En el ámbito informal, el promedio es de 23,2 horas para las mujeres y 37 horas para los varones (brecha 37,3%).

Salta a la vista, entonces, la responsabilidad del gobierno en la discriminación laboral y empobrecimiento de las mujeres y diversidades y en pavimentar el camino para que se produjeran 151 femicidios en lo que va del año. Por lo tanto, es necesario que el movimiento de lucha que conquistó el derecho al aborto en Argentina abrace un programa que establezca un salario mínimo de $65mil, el fin de la precarización laboral, paritarias indexadas a la inflación y la prohibición de los despidos y suspensiones y el reparto de las horas de trabajo. A su vez, es fundamental cuestionar el pago compulsivo de la deuda ilegítima y plantear que los recursos del país deben destinarse a asistir y proteger a las víctimas de violencia, a socializar las tareas de cuidado y a revertir el vaciamiento educativo, sanitario y la falta de vivienda popular.

Al mismo tiempo, terminar con el ascendente reaccionario del clero en la población, por medio de la separación de las iglesias del Estado, aparece como una prioridad en el camino de intentar subsanar las relaciones sociales, basadas en la violencia y el menosprecio del género femenino. Todas estas demandas, que en numerosas ocasiones hemos expuesto en las calles, deben ir acompañadas de la lucha por poner en pie organismos autónomos que respondan a los intereses de las mujeres y de las diversidades.

 

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