A últimas horas de este jueves 6 se confirmó la renuncia de Elizabeth Gómez Alcorta al cargo de ministra de Mujeres, Géneros y Diversidades que ocupó desde el momento de su creación, en diciembre de 2019. Esto ocurre en el contexto de una crisis económica ante la cual el gobierno sólo concibe recurrir al ajuste a los sectores populares y del salvaje desalojo por parte del gobierno a la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu en Mascardi, que incluyó la detención de mujeres y niñxs, la incomunicación y el traslado de cuatro mujeres a más de 1.500 km de distancia, una de ellas embarazada de 40 semanas.

En su carta de renuncia Gómez Alcorta argumenta que este accionar del gobierno nacional y sus fuerzas federales “ha traspasado un límite”, algo que no había manifestado el mismo 5 desde el mail del ministerio, cuando sólo denunció a la jueza y no la represión. El problema del límite es finito, porque del otro lado de la vara que divide lo tolerable de lo intolerable está todo lo que ha sostenido como miembro del Ejecutivo nacional.

La designación de Aníbal Fernández al frente de la cartera de seguridad auguraba un rumbo represivo al mejor estilo Patricia Bullrich -como denunciaron desde la comunidad mapuche-, designación sobre las cuales no tuvo más que palabras de apoyo. No es sólo la ofensiva contra los mapuches en alevosa defensa de los negocios inmobiliarios y turísticos de los Benetton y los Lewis (tampoco se le conoce a la ministra, digamos de paso, ninguna condena desde su lugar de poder a la entrega de la Patagonia a estos pulpos). Aníbal Fernández es el represor del Puente Pueyrredón y quien defendió a la policía que liberó la zona para asesinar a Mariano Ferreyra. Aníbal Fernández es el tipo de personal político que este gobierno necesita en medio de un rabioso ajuste fondomonetarista, mientras “las mujeres gobernando” se disciplinan.

La condena de la ministra a la política represiva del gobierno que hasta ayer integró es selectiva. La violenta represión de Berni y Kicillof a las mujeres en Guernica, muchas de ellas en búsqueda desesperada de un techo huyendo de situaciones de violencia, no cataloga dentro de lo incompatible con su integración a un gobierno que desaloja, reprime y desamparada a lxs más necesitadxs en defensa de negocios inmobiliarios millonarios -en el sur o en la empobrecida provincia de Buenos Aires.

En el campo de lo tolerable para la ahora exministra estuvo nada menos que la designación de Juan Manzur como jefe de gabinete: un agravio mayúsculo para la causa por la que luchamos las mujeres y diversidades. Manzur no sólo es el máximo responsable de la tortura de niñas obligadas a parir y de la criminalización y el oscurantismo contra las mujeres y las infancias, sino que significó un reforzamiento clerical y derechista en toda la política del gobierno.

Gómez Alcorta subordinó la acción de su ministerio a la alianza con las iglesias, por parte del Estado que representó durante casi tres largos años. Ello fue equivalente a la entrega de la ESI en favor de una educación que está en la base de la reproducción de los vínculos violentos y el sometimiento en nuestra sociedad. Alcorta acompañó en silencio los recortes y la subejecución presupuestaria en este y tantos rubros sensibles para quienes decía representar. El silencio ante el amparo estatal a los abusadores y el desamparo de su ministerio a las madres protectoras, como en el caso de Arcoiris, donde se negó a intervenir para proteger a la niña víctima de un abuelo abusador protegido por ser miembro del Poder Judicial de La Rioja, y la persecución a su mamá, son parte de la gestión que Gómez Alcorta encabezó.

Su gestión se caracterizó por dar continuidad a la política del macrismo incluso planteando que los planes sociales serían políticas para erradicar la violencia cuando se trata sólo de un paliativo menor contra la indigencia.

El empoderamiento de las iglesias católicas y evangelistas, con un acto reciente en agasajo a la ultraderechista Aciera, punta de la lanza de la campaña fascistizante del pañuelo celeste, en el que participaron por el Frente de Todos desde Manzur hasta Katopodis y Wado de Pedro, no mereció por parte de la ministra ningún tipo de diferenciación.

Gómez Alcorta tiene la desfachatez de adjudicarle al ministerio la conquista del aborto legal, que arrancamos en las calles derrotando el imperio clerical que su gobierno se esforzó en preservar del tsunami de la marea verde. El “Hay 2019”, sin comprometer el aborto legal, era una quimera para el Frente de Todos, tal como se puede ver en los resultados electorales de aquel año. La creación misma del ministerio fue parte de una política de Estado que buscó desviar el rumbo de lucha de nuestro movimiento con expectativas y promesas que se derrumbaron como un castillo de naipes.

Un ministerio que es parte de la comparsa del ajuste que profundizó a niveles históricos la feminización de la pobreza, que en los últimos meses sumó nuevas personas en la indigencia, superando los 4 millones de habitantes en esa situación, entre los cuales el 70% son mujeres. Que quiere hacer pasar los planes sociales de programas de asistencia de montos de miseria como una política de combate a la violencia de género. Que es incapaz de defender a las mujeres piqueteras, las que ha tomado una acción de lucha en defensa de sus condiciones de vida entre las más empobrecidas, ante los agravios y ataques por parte de todos los bloques políticos. Que hace declaraciones y organiza caterings para discursear sobre las tareas de cuidados, cuando a estas mujeres no se les garantizan mínimas condiciones para sostener la atención, la escolarización y la salud de sus hijxs. Este es un ministerio completamente divorciado de las necesidades populares.

No es verdad tampoco que la violencia, los femicidios y los crímenes de odio hayan mermado por la acción de su gestión y del ministerio. Alcorta se apoya, sin pudor, en las estadísticas tardías de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las que dependen de lo que el Poder Judicial considere femicidio. La ministra del Frente de Todos, que se la pasa acusando al “partido judicial” se apoya en este poder para manipular estadísticas que tienen que ver nada menos que con las mujeres que pierden su vida por la violencia machista. Vale agregar que de la propaganda de una “reforma judicial feminista” nada tiene para adjudicarse en su haber. Por el contrario, el acceso a la Justicia sigue siendo un calvario revictimizante y un derecho vedado para la enorme mayoría de las mujeres y diversidades en este país.

Tampoco hay asistencia efectiva por parte del ministerio, que nos insultó en plena pandemia con el “barbijo rojo” para no invertir un peso en la protección de las mujeres que debían denunciar ante algún farmacéutico del barrio (¡!), y que no puso en pie ningún dispositivo de asistencia, atención y contención de quienes sufren violencia. El limitado Programa Acompañar se aplicó a cuentagotas y consiste en un subsidio de indigencia por seis meses, que no le brinda herramientas a ninguna mujer para efectivamente librarse de situaciones de violencia.

La estafa que representó el ministerio es también terreno fértil para el envalentonamiento de la derecha negacionista y enemiga de nuestras demandas que representan los Milei y compañía. Porque ven en el desprestigio y la impopularidad de la burocracia ministerial la oportunidad para golpear a nuestro movimiento de lucha. El gobierno, que quiere poner un signo igual entre el ministerio y la causa de las mujeres y diversidades, habilita esta operación cuando a diferencia de lo que defienden los Milei crecen la brecha salarial, la precarizacion de las mujeres y la violencia en todas sus manifestaciones.

Alcorta será relevada en su cargo, pero el ministerio y su conducción seguirá siendo un taparrabos “de género” para una política criminal contra las mujeres, como dicta el ajuste fondomonetarista del gobierno. Lo que necesitamos las mujeres es un organismo autónomo de los gobiernos que luche contra de esta política de hambre, violencia y miseria. Que nos refuerce en la lucha contra el Estado responsable. El Consejo Autónomo de Mujeres y Diversidades, electo por voto popular y con mandato revocable, que plantea el Plenario de Trabajadoras, es la contracara política y metodológica de la cooperación y cooptación gubernamental. Es un planteo de empoderamiento de nuestra lucha contra los responsables del oscurantismo, el hambre y la violencia.

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