Así lo demuestra una publicación de la Dirección General de la Mujer, dando cuenta de 63.735 llamados al 144 en el último año en busca de asesoramiento y acompañamiento ante situaciones de violencia por motivos de género. El crecimiento del 54% surge de comparar el último año versus el 2020 que ya había presentado cifras alarmantes, en la etapa más aguda del aislamiento por el coronavirus. La Dirección General de la Mujer aclara que además se registraron 3786 consultas a través del Whatsapp de la Ciudad (BOTI).

Por su parte, la Oficina de Violencia Doméstica dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que atiende denuncias principalmente de mujeres víctimas de violencia en la Ciudad, reportó atención de 2032 casos y 1847 consultas informativas, lo que representa un aumento de 32% respecto del mismo período del año anterior.

Como sabemos, las denuncias al 144 o la Oficina de Violencia Doméstica representan a una porción de las mujeres, muchas otras sufren el ninguneo policial o burocrático de fiscalías que las expulsan a padecer este flagelo en soledad. Además, entre quienes denuncian, muchas muchas terminan siendo asesinadas por sus agresores luego de que el Estado tome registro del peligro al que estaban expuestas en más de una oportunidad.

Estas cifras en aumento en la Ciudad van en línea con la situación a nivel nacional: según el Observatorio Lucia Pérez en 2021 se registraron 319 femicidios y 262 niñes quedaron huérfanos. El Ministerio de las Mujeres cumplió dos años de inacción y no desarrolló ni una política real que permita modificar las condiciones de un femicidio cada 36 horas. Por el contrario, condiciona su política a los mandamientos del FMI y refuerza a las iglesias, enemigas históricas de nuestros derechos.

Por su parte, el gobierno de Larreta también sigue una hoja de ruta similar. En diciembre pasado la Legislatura de la Ciudad votó un presupuesto 2022 (en línea con el presupuesto nacional) que asignó un monto fijado para la Dirección General de la Mujer que representa un 0,08% del total del presupuesto porteño e implica $514 por mujer, ni más ni menos que un presupuesto de ajuste. Se trata de una política de degradación de la asistencia, que se refleja en la situación de los Centros integrales de asistencia a las mujeres, en la instalación de gazebos con algunas abogadas del Ministerio Público Fiscal en barrios y en la precarización de las trabajadoras de la Dirección General de la Mujer.

Lo que se necesita, por el contrario, es el aumento considerable del presupuesto, que permita incorporar más profesionales para dar respuesta a las necesidades de asistencia y que esta sea interdisciplinar (con trabajadorxs sociales, medicxs, psicologxs, abogadxs, entre otras), que cuenten con todos los derechos laborales para que la atención sea de calidad. Asimismo, que se construyan Centros Integrales de las mujeres nuevos en cada Comuna, que funcionen las 24 horas los 7 días de la semana, gestionados de manera estatal y controlados por las organizaciones de mujeres que luchan cotidianamente en sus barrios contra la violencia. Como en el Bajo Flores, reforcemos la organización en cada barrio por nuevos Centros Integrales y por Ni Una Menos.