Tras el cierre de listas, algunos sectores hicieron mención de que esta elección, la segunda con paridad de género en las listas, podría dar como resultado una composición 50-50 en la Cámara de Diputados. Ante esta posibilidad es necesario preguntarnos cuáles son los intereses de esas mujeres que encabezan las listas y en qué casos la obtención de una banca por parte de las mismas significa un avance para el colectivo femenino.

En primer lugar, si nos referimos a las mujeres de los partidos patronales podemos asegurar que su ingreso en el parlamento no traerá aparejado una mejora en las condiciones de vida de las trabajadoras de este país, ya que acompañarán, como viene ocurriendo, las leyes de ajuste en perjuicio de las mayorías. Basta con hacer un repaso sobre quiénes son las candidatas mujeres que encabezan las listas de los partidos del régimen para dar cuenta de esta realidad.

Por el lado del Frente de Todos, por ejemplo, se encuentra Victoria Tolosa Paz como candidata a primera diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Ella, además de ser una representante directa de la especulación inmobiliaria del territorio bonaerense siendo dueña de su propia empresa de construcción, comenzó su carrera política bajo el ala de Eduardo Duhalde cuando era gobernador de la provincia de Buenos Aires y fue en aquellos años funcionaria del Consejo Provincial de la Familia y Desarrollo Humano, organismo que desplegó el aparato punteril conocido como “las manzaneras”, cuyo objetivo era contener la bronca popular que se estaba gestando en los barrios pobres del conurbano. Formó parte también del gobierno presidencial de Duhalde, artífice del asesinato de Kosteki y Santillán. En la actualidad, su último “mérito”, al frente del Consejo Nacional de Políticas Sociales, fue haber avalado la quita del IFE, dejando sin ningún tipo de ingreso a 9 millones de personas.

Lo mismo podemos decir de Juntos por el Cambio, donde la candidatura de María Eugenia Vidal como cabeza de lista de ningún modo representa un paso adelante para las mujeres. Enemiga declarada de la docencia durante su paso por la gobernación de la provincia de Buenos Aires, responsable de la masacre de Sandra y Rubén, cuya gestión estuvo marcada por los tarifazos en los servicios y el megaendeudamiento provincial. Como si esto fuera poco, es una antiderechos confesa que gobernó con el Opus Dei y lleva como segundo candidato al defensor del trabajo infantil, Martín Tetaz.

Sin ir más lejos, tuvimos una presidenta mujer que reformó el Código Civil a la medida de la Iglesia y le concedió al clero una enorme injerencia en la educación en general y en la educación sexual en particular, impidiendo su aplicación de manera laica y científica. El último año de Cristina Fernández de Kirchner al frente del gobierno coincidió con el estallido del #NiUnaMenos fruto de la escalada de femicidios, lo cual graficó el fracaso de la política oficial en materia de género. Evidentemente, las demandas del movimiento de mujeres son incompatibles con un gobierno al servicio del pago de la deuda externa y aliado a las iglesias.

Pilares que se mantienen hasta el día de hoy, con CFK en la vicepresidencia, donde el rumbo gubernamental está dictado por el FMI y se refuerza permanentemente al oscurantismo clerical en función de contener el creciente descontento popular. Es la propia Tolosa Paz quien compone la “Mesa contra el hambre” a través de la cual el gobierno terceriza la asistencia social en la iglesia católica y evangélica, profundizando la injerencia de estas usinas de la reacción en las barriadas más humildes en las cuales imparten principios de sometimiento hacia las mujeres y diversidades sexuales.

La aspiración de las mujeres de los partidos de la burguesía de lograr lugares paritarios en los espacios de poder no responde a la intención de defender los derechos de la población femenina; por el contrario, las guía el único interés de escalar en sus estructuras políticas para luego impulsar el programa de los capitalistas. Un ejemplo que ilustra lo anterior es que todas estas carreristas, tanto del Frente de Todos como de Juntos por el Cambio, votaron junto a sus compañeros de bloque, días después de la asunción de Alberto Fernández, la Ley de Emergencia que planteaba un rescate de la deuda usuraria y suspendía la movilidad previsional, confiscando a las y los trabajadores jubilados. Quienes defienden políticas de ajuste jamás podrán dar respuesta a las necesidades del conjunto de las mujeres.

Por otra parte, la Ley de Paridad de Género no posibilitó una mayor participación política de las mujeres trabajadoras. Como advertimos en su momento, la misma no iba acompañada de medidas para garantizar su independencia económica ni la socialización de las tareas domésticas de modo que dejen de recaer sobre las espaldas de las mujeres del pueblo trabajador. Por lo tanto, las bases económicas sobre las que se funda la exclusión de la mayor parte de las mujeres trabajadoras de la vida política lejos están de haber sido removidas.

Podemos afirmar que las mujeres que luchan por tierra y vivienda, las desalojadas de Guernica y de tantos otros asentamientos, el millón y medio de trabajadoras de casas particulares que cobran salarios de indigencia, las trabajadoras de la salud que cortan rutas en Neuquén y se movilizan en todo el país por sus condiciones laborales, las mujeres piqueteras que están al frente de los comedores populares y ganan las calles contra el hambre y la miseria que provocan todos los gobiernos, las jóvenes protagonistas de la marea verde, las madres que patean juzgados exigiendo justicia por las pibas víctimas de femicidio y solo encuentran agravios por parte del Estado; en definitiva, las mujeres que pertenecen a la clase trabajadora no tienen ningún interés en común con las Tolosa Paz, las Vidal, las Adriana Vigo del schiarettismo cordobés, las Sagasti de Mendoza o las Marks de Río Negro. Estas últimas encabezan listas de variantes políticas que gobiernan para otra clase social, se postran ante el FMI y el gran capital y son corresponsables de hundir en la pobreza a la población, en un país donde las mujeres son mayoría entre los pobres.

Las mujeres, si queremos darle una salida a nuestros reclamos, debemos abrazar un programa que plantee un salario mínimo y jubilaciones equivalentes a la canasta familiar, la prohibición de los despidos y el reparto de las horas de trabajo, un seguro al desempleo de $40.000; y que la plata del país no tenga como destino el pago de la deuda, sino que vaya dirigida a la vivienda popular, a la asistencia a las víctimas de violencia de género y a la socialización de los cuidados. Todos estos postulados, junto con la separación de las iglesias del Estado y la aplicación laica y científica de la ESI, han sido llevados hasta el final -en el Congreso y en las calles- por las cientos de luchadoras y luchadores que integran las listas del Frente de Izquierda Unidad a lo largo y a lo ancho del país.

Retomando el interrogante que planteamos al inicio de la nota, el ingreso al Congreso Nacional por parte de las mujeres que componen las nóminas del FIT-U, como Romina Del Plá y Gabriela de la Rosa en la provincia de Buenos Aires, Myriam Bregman y Vanina Biasi por CABA y muchas otras compañeras, constituirá la puesta en pie de tribunas en favor de los derechos de las mujeres y de toda la clase trabajadora. Se trata de referentes de movimiento popular que vienen luchando en el terreno de la mujer, del sindicalismo combativo y del movimiento piquetero de manera consecuente.

No necesitamos más ajustadoras en el parlamento, necesitamos bancas al servicio de los y las trabajadoras.