Comenzó el tratamiento del proyecto presentado por la diputada del FIT-U, Amanda Martin, que apunta a la creación de 1 centro integral de la mujer cada 50 mil habitantes por comuna, la apertura 24 horas de los centros y el mejoramiento de las condiciones laborales de les profesionales que atienden los mismos.

Estos dispositivos deberían funcionar para garantizar asistencia integral a víctimas de violencia, esto es atención médica, psicológica, jurídica y social brindando herramientas para atravesar episodios de violencia garantizando la integridad física, mental y material de mujeres y niñes afectades. Pero esto no es así. Con pocos y precarizados profesionales, horarios muy limitados de atención (sin presencialidad en algunos por motivo de la pandemia) y con distancias considerables entre los centros y los barrios más empobrecidos de la ciudad, que, según la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), son de donde provienen la mayor parte denuncias por violencia de género. Algo que se constata en lo concreto en cada caso de femicidio o intento de femicidio que desata movilizaciones y reclamos de vecinas como sucedió con el caso de Mayra, Esther Mamani y tantas otras. Estos dispositivos son inaccesibles e insuficientes para quienes más los necesitan.

En barrios como Bajo Flores, Soldati y la Villa 31 ha ganado terreno el reclamo para que se abran centros dentro de los barrios frente al crecimiento exponencial de femicidios y episodios de violencia. El Observatorio Lucía Pérez, a noviembre, registra 261 femicidios a nivel nacional y 225 huérfanxs por esta situación. A esto se le suma la situación del colectivo LGBTI+, en donde las mujeres trans principalmente son víctimas de crímenes de odio y una terrible exclusión que las condena a la falta de trabajo. La ley de cupo trans no se aplica y la violencia hacia este colectivo es moneda corriente, llevando su expectativa de vida a los 35 años de edad.

Entre el Pinkwashing peronista…

El bloque del Frente de Todos ha presentado 2 proyectos sobre CIMs, uno de Ofelia Fernández de Patria Grande y otro de Laura Velasco del Movimiento Evita. Ambos proyectos se limitan a plantear que debe haber 1 centro cada 50 mil habitantes. El de Velasco es un mero renombramiento de los centros como “Centros de Mujeres, Géneros y Diversidades” algo que de movida suena a pinkwashing teniendo en cuenta que la gestión peronista en la provincia de Buenos Aires es responsable de que aún no aparezca Tehuel de la Torre, un chico trans que desapareció yendo a un ofrecimiento de trabajo informal y cuyo caso ha sido caratulado como “homicidio” de manera arbitraria luego de la enorme marcha del orgullo que reclamó su aparición con vida ya.

Una omisión importante de los proyectos K tiene que ver con la situación laboral de los profesionales que atienden. Aunque el proyecto de Ofelia Fernández plantea “garantizar condiciones laborales” no dice cuáles, ni cómo. Garantizar la planta permanente, con ART, licencias pagas y salarios iguales a la canasta familiar son cuestiones básicas que deben cumplirse para que estos trabajadores puedan afrontar la dificultad del abordaje de casos muy sensibles que sin recursos y con salarios de miseria es imposible. Para poder responder a la demanda de accesibilidad, los centros además de existir dentro de los barrios tienen que funcionar las 24 horas; para esto necesitan más profesionales de distintas disciplinas que puedan dividirse en turnos para no sobrecargarse. La atención en condiciones de precariedad lejos de ser integral termina funcionando según las capacidades y voluntad de cada profesional que muchas veces terminan renunciando por no dar abasto.

Además, ninguno de los proyectos antes mencionados plantea terminar con la tercerización de los centros conveniados por ONG. Este tipo de gestión ha derivado en una peor atención. A modo de ejemplo, tenemos el CIM de la comuna 15 que fue cerrado por diferencias entre la ONG Shalom Bait que lo manejaba y la DGMUJ, referidas al presupuesto escueto que la ciudad les otorgaba. Similar es el caso del CIM de la comuna 12 que también era manejado por una ONG, fue trasladado a la sede comunal y ahora solo funciona con 3 administrativos y 2 psicólogas, o sea, totalmente vaciado.

Y el falso “Plan Integral” macrista

Ante la grave situación que se vive en las villas, el PRO respondió con la presentación de un “Plan Integral de Abordaje” que básicamente implica una actualización de los protocolos de actuación que realiza el Ministerio Público Fiscal. Poner gacebos con abogades en cada barrio que ayuden a las víctimas a denunciar jurídicamente no resuelve el problema de la asistencia. Aunque se hace eco de las dificultades que tienen las mujeres para denunciar en los barrios por el desentendimiento de la policía y los distintos fueros judiciales a los que hay que acudir para emprender la denuncia. Las mujeres además de la asistencia jurídica necesitan asistencia monetaria, psicológica y médica. Este plan anunciado con bombos y platillos termina siendo una degradación de la asistencia.

Cabe señalar que en la misma reunión se discutió la situación de los hogares y centros de día y noche de la ciudad, que asisten a niñes y adolescentes separados de sus familias de origen. Luego de un traspaso -de la Dirección General de Niñez al Consejo de Derechos de NNYA- de varios programas que se desenvuelven en aquellos hogares, se generó un achique presupuestario que derivó en la precarización de los contratos de sus trabajadores, despidos y en el no pago de salarios desde hace meses a muchos de ellos. La política de vaciamiento se repite para el CDNNYA.

Vamos por asistencia integral real

El proyecto de creación de CIMs presentado por el PO apunta a la modificación de la ley para que la gestión sea pública con comisiones de control abiertas a la participación de agrupaciones de mujeres y diversidades, además de señalar cómo deben ser las condiciones de trabajo de los profesionales con contratos en planta permanente y todos los derechos. Así lo planteó en cada caravana, movilización y acción del Plenario de Trabajadoras en los distintos barrios la legisladora Amanda Martin junto a los diputados electos Vanina Biasi y Gabriel Solano. Crear nuevos CIM para que funcionen sin profesionales, en horarios limitados y precariamente por estar tercerizados no resuelve el problema de la asistencia integral. Tampoco un Plan que nada tiene de integral, porque solo asiste jurídicamente. Los sectores que luchan por asistencia integral deben hacer propio el proyecto 1985/2021 presentado por el PO. Para esto llamamos a acompañar el tratamiento del mismo el martes 23 a las 15.30hs en la próxima reunión de diputados de la comisión de Mujer, Infancias, Adolescencia y Juventud.

 

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