El martes 13 julio se puso en tratamiento en la reunión de asesores de la Comisión de Mujer, Infancias y Adolescencias de la Legislatura porteña un proyecto de declaración presentado por un agrupamiento de mujeres y diversidades del Bajo Flores que plantea la creación de un nuevo centro integral de mujeres en las cercanías de la villa 1-11-14.

Esta iniciativa se encuadra en un contexto de recrudecimiento de las violencias de género en todo el país, con un femicidio cada 35 horas, realidad que se agudizó con el advenimiento de la pandemia y la crisis económica. En el Bajo Flores vimos el caso de Esther Mamani, militante del Polo Obrero asesinada en enero por su pareja luego de haber realizado múltiples denuncias en la policía. Este caso puso de relieve en el barrio que la inacción estatal termina generando muertes evitables, por no existir un control y seguimiento de cada caso, evaluando la situación de las víctimas y acompañándolas profesionalmente para garantizar su integridad física y mental. A la vez, se extienden en las barriadas las redes de trata dedicadas a secuestrar mujeres y menores de edad.

El CIM que existe en la comuna se ubica en Lautaro al 188, e inició su funcionamiento en 2017 mediante la gestión de la ONG “Dignos de ser”. En el proyecto presentado se señala la dificultad de acceso para las vecinas de la villa debido a la lejanía, los escuetos horarios de atención (de 13:00 a 19:00) y la insuficiencia de personal. Estas limitaciones en la asistencia son el resultado directo de la tercerización que el gobierno mantiene desde que se puso en marcha el centro. Los asesores del bloque del PRO y del radicalismo adelantaron su oposición argumentando un funcionamientos de excelencia del CIM existente.

Esta la situación se conecta con la realidad de las trabajadoras de la línea telefónica 144, quienes se encuentran contratadas como monotributistas por la Dirección General de la Mujer. Es el organismo es el encargado de gestionar los programas para la asistencia de mujeres violentadas y de controlar los centros integrales, pero terminan siendo las profesionales de la línea 144 quienes derivan a las víctimas y se encargan del seguimiento de la situación de cada CIM.

El gobierno, que niega una asistencia real a las víctimas de violencia, violenta como patronal a las trabajadoras que deben encargarse de esa asistencia, El oficialismo porteño es clarificador del papel de Estado como principal responsable de que la violencia contra las mujeres prolifere.

Exigimos presupuesto y el control y gestión de los centros por las organizaciones que luchan en defensa de los derechos de las mujeres, ampliando las plantas de profesionales de los mismos para garantizar su apertura las 24 horas. Desde la banca del Partido Obrero en el Frente de Izquierda – Unidad acompañaremos el proyecto presentado, y junto al Plenario de Trabajadoras seguiremos la lucha en las calles por centros integrales en todo los barrios.

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