El 24 de febrero el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 18, Pablo Ormaechea, aceptó el requerimiento del fiscal Pablo Recchini y elevó a juicio la causa por el femicidio de Esther Mamani, compañera del Polo Obrero de Bajo Flores. La celeridad, a pocos días de cumplirse un mes del hecho, se relaciona a la intensa lucha y organización de sus compañeres y familiares con movilizaciones en el barrio, al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad e intervenciones y actos en distintos puntos de la CABA, mostrando que se trata de un caso testigo de la responsabilidad del Estado en los femicidios.

Por el hecho se encuentra detenido con prisión preventiva su expareja y padre de sus hijos, Iver Carlos Ibarra Huanca, que luego de haberla golpeado y estrangulado confesó el crimen en la comisaría séptima de Flores, pero en su declaración indagatoria ante la justicia negó mediante un escrito toda responsabilidad del hecho, así como los continuos maltratos y amenazas sobre Esther.

A quien no se animan a juzgar ni rápido ni con lentitud es a los jueces y fiscales que dejaron que el asesinato ocurriera y a los funcionarios políticos que niegan la asistencia adecuada.

Un femicidio anunciado

Como en numerosos casos, Esther había denunciado previamente a su expareja, en este caso en el mes de noviembre del 2020 ante la Oficina de Violencia Doméstica donde además fueron constatadas lesiones físicas mediante una evaluación médica.

En aquella oportunidad la compañera denunció haber sido agredida físicamente, amenazada y secuestrada por Ibarra Huanca en su domicilio. Según lo que consta en la causa él la corrió, la tomó de su ropa y la tiró contra la pared, para luego llevarla a una pieza y encerrarla con llave por tres horas. Le abrió la puerta y le dijo “si querés irte, te abro la puerta, agarra tu ropa y ándate, a tus hijos no los vas a sacar, vos y tu hija están fuera de acá”. Por último, agregó “si me denuncias, te voy a matar, puedo hacer lo que quiera contigo porque eres mi mujer”.

El relato de Esther ante la OVD es pormenorizado y da cuenta de que temía por su integridad física, que creía que el padre de sus hijos era capaz de matarla y que constantemente la humillaba porque ella tenía una hija de una relación anterior. Asimismo, que la extorsionaba con sus otros dos hijos ante los intentos de irse de la casa y que existieron situaciones de violencia previas a las que estaba denunciando ese día de noviembre, una cuando el denunciado “la tomó del pecho para arrojarla por una escalera” y otra cuando “la apretó con la mano en el cuello”. A todas luces explicó que la última amenaza que Ibarra Huanca le hizo de matarla era real y que sus temores eran fundados.

El informe de les profesionales de la OVD en este sentido es concluyente, corroborando la versión de los hechos de Esther y determinando que la compañera se encontraba en una situación de riesgo “en atención a las agresiones psicológicas, físicas y de aislamiento social (…) y la posible utilización de la violencia como modalidad de resolución de conflictos”. Agrega además los maltratos que ejercía el denunciante hacia sus hijos en dicho contexto y las humillaciones y descalificaciones a la hija de Esther, así como “conductas de control de dinero, expresiones relativas a la posesión de la vivienda y a echarla de allí”.

Según el informe de la oficina dependiente de la Corte Suprema de Justicia, la única contención que tenía la víctima era una “escasa red social de apoyo, conformada por algunas amigas, lo cual acentuaría su vulnerabilidad”. Ellas son sus compañeras de asamblea y amigas que se esfuerzan día a día para ayudar a sus pares desde un lugar de idéntica vulnerabilidad social de la que vivió Esther. Esta solidaridad de otras mujeres se produce en el contexto de completa violencia ejercida desde el Estado negando asistencia y revictimizando a las mujeres sin ingresos, con viviendas precarias sin condiciones elementales de vida.

Pese a la denuncia y a esta descripción, el juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional nro. 46 que tomó la causa en noviembre, a cargo del Juez Jorge de Santos, y el Juzgado Nacional en lo Civil 26 solo se limitaron a emitir una perimetral y darle un botón antipánico, dejando en la víctima la responsabilidad en el seguimiento del caso.
Ninguno de los juzgados evaluó el nivel de peligrosidad del denunciado ni lo llamó a comparecer tampoco reclamaron al gobierno de Larreta la asistencia, que las mujeres no encuentran nunca porque los Centros de asistencia (CIM) son totalmente insuficientes, con personal sin recursos, en algunos casos con contrataciones precarias, y con atención en horarios superreducidos.

El Estado es responsable

Necesariamente la atención a quienes sufren violencia de género y la exclusión de los agresores requiere de mejorar las condiciones materiales de vida de las mujeres. Sin embargo, la situación de vulnerabilidad se profundiza, siendo el sector femenino el más afectado por la crisis y el ajuste en curso. El 70% de la población más pobre son mujeres, los planes sociales cubren la mitad del salario mínimo y el gremio más feminizado del país, las trabajadoras de casas particulares, recibe un salario miserable.

El Estado, entonces, es responsable de principio a fin: es garante de las condiciones que profundizan la violencia y da la espalda a las mujeres cuando acuden a diversas instituciones estatales en busca de ayuda. Este mecanismo perverso tiene la función política reducir la violencia al núcleo doméstico y subordinar a las mujeres, manteniéndolas oprimidas en el seno del hogar, aspecto fundamental para la reproducción de este régimen social.

Justicia por Esther y castigo a los responsables políticos

El femicida de Esther será enjuiciado como autor material del homicidio y por diversos delitos como la privación ilegítima de la libertad agravada por amenazas y por esos delitos recibirá la pena máxima. Sin embargo, los responsables políticos de este femicidio que pudo haberse evitado no estarán sentados en el banquillo de los acusados y este es un patrón común a todos los femicidios. No hay ningún juzgamiento a quienes están a cargo de aquellas instituciones que no atienden, desoyen a las mujeres y que hubieran podido evitar finales tan anunciados.

El caso de Fátima Acevedo o Úrsula Bahillo son parte del 25% de mujeres asesinadas que llegaron a esas instancias. El resto de las mujeres no encuentran ningún dispositivo de asistencia de parte de los gobiernos que prefieren dejar que mueran antes que dedicar presupuesto y personal idóneo a abordar el problema.

Seguiremos en las calles luchando por justicia para Esther y el castigo a todos los implicados, organizándonos por aumento de presupuesto para asistir a las víctimas de violencia, salario mínimo y subsidios por violencia equivalentes a la canasta básica y un plan de viviendas para poder romper el vínculo de dependencia económica y que ninguna mujer tenga que quedarse en la calle.

Ni una menos, el Estado es responsable.