09/02/2021
NI UNA MENOS

Femicidio de Esther Mamami, la movilización señala la responsabilidad del Estado

Federico Imas Ojo Obrero Fotografía

Este lunes 8 de febrero, al cumplirse tres semanas del femicidio de nuestra compañera Esther Mamani, realizamos una nueva movilización. Con esta planteamos no sólo que se tomen las medidas asistenciales que corresponden para los tres chicos que quedaron sin su madre, sino que fuimos a mostrar que el Estado no lleva adelante seguimientos sobre quienes son denunciados ni a través de la justicia ni a través del Ministerio de las Mujeres. Hoy, que estalló un nuevo caso de femicidio contra Urusula Bohillo en la ciudad de Rojas a manos de un policía denunciado 18 veces, se puede ver que es una política reiterada la de la responsabilidad estatal sobre estos casos.

Su victimario, padre de dos de sus tres hijxs, acabó con la vida de Esther luego de reiteradas amenazas y violencia verbal que ya la habían llevado a hacer denuncias ante la oficina de violencia doméstica de la corte suprema.

A pesar del mal tiempo y la lluvia, la familia de Esther, sus compañeras y vecinas se convocaron en Plaza de Mayo para marchar al Ministerio de la Mujeres, Géneros y Diversidades para reclamar justicia.

Fuimos recibidas por funcionarias del Ministerio, dónde una comisión de compañeras dirigentes del Plenario de Trabajadoras, del Polo Obrero y Migrantes en Lucha, junto a familiares de Esther, participaron para presentar los reclamos sobre el caso de la compañera y el abordaje deficiente por parte del Estado para atender la alarmante suba de casos de femicidios en el país.

La reunión puso eje en primer lugar el reclamo de la aplicación de la Ley Brisa para les hijes de las víctimas de femicidios -que representa una pensión equivalente al salario mínimo, vital y móvil hasta los 21 años de edad de las víctimas del femicidio.

Colocamos el caso de Esther como un caso testigo, en dónde las denuncias previas quedan archivadas en un cajón y no se realiza ningún tipo de seguimiento al acusado ni protección a la denunciante. Todo termina en cargar a la víctima de la responsabilidad de pedir una perimetral y tener un botón antipático ineficaz. Nuestro planteo frente a este caso es que no es solamente un problema de presupuesto para distintas estrategias de protección a las víctimas de violencia, sino una orientación social por parte del Estado que no va a tomar las medidas necesarias para terminar con la ola de femicidios que estamos atravesando.

¿Qué se requiere para seguir el tema eficazmente? Contratar a centenares de profesionales en todo el país para hacer seguimientos sobre los acusados de violencia, colocarlos en el campo de un examen cotidiano y una caracterización de su nivel de peligrosidad. Esto demanda trabajadoras en planta permanente a las que no se revictimice, como ocurre hoy con contratos precarios por parte del Estado en los pocos casos en los que existen. Un Estado de clase que funciona al servicio de los grandes negociados no sólo no atiende esta forma de la violencia, sino que se vale de ella (y de otras formas de la violencia social) para anestesiar a una parte importante de la sociedad.

El programa «Acompañar» que se mencionó en la reunión es acotado, ya que la ayuda monetaria esta referenciada en un salario mínimo, hoy en $20 mil, mientras que la canasta básica es tres veces superior. A su vez, solo «acompaña» a las mujeres por seis meses, y al finalizar no les ofrecen una salida para rehacer sus vidas, ni hablar si están cargo de sus hijes. También planteamos la emergencia en materia de un plan de vivienda que integre a las mujeres en esta situación de emergencia. La atención en las Casas refugio son muy deficitarias, comenzando por la falta de presupuesto, pero también por las condiciones en las que se encuentran y la falta de políticas de contención frente a casos extremadamente delicados. Otra muestra del desinterés del Estado para resolver estos temas. Fátima Acevedo, compañera del Polo Obrero de Paraná, fue asesinada cuando estaba bajo la pretendida protección de un dispositivo de esas características.

En la Argentina se estima que hay un femicidio por día, y ni Larreta ni Fernández llevan adelante las tareas necesarias para evitarlos; por el contrario, son responsables de las condiciones de base que los agudizan: no hay formación en el tema en los colegios, promueven la educación religiosa que alimenta el sometimiento de las mujeres, son responsables de la miseria que impide la independencia económica de muchas mujeres, de la precarización laboral que las condiciona para avanzar en este camino y de muchas otras realidades simbólicas y materiales que alimentan esta situación.

El Estado ya fracasó después de 6 años consecutivos de movilizaciones y reclamos. Necesitamos poner en pie un organismo autónomo dirigido por las organizaciones de mujeres cuya orientación y política no este condicionada por el FMI, sus presupuestos y el beneficio capitalista.

El Polo Obrero lanzará una campaña por justicia por Esther y, en el marco del comienzo del juicio por el femicidio de Fátima Florencia Acevedo, también nos movilizaremos para que su crimen no quede impune. También, desde el Polo Obrero y el Plenario de Trabajadoras estamos poniendo en marcha un relevamiento en las barriadas obreras para organizar un pliego de reivindicaciones, que comenzará tomando la genuina preocupación por el aumento de casos de femicidios.

Tenemos a favor la última victoria conquistada por el movimiento de mujeres como lo fue la legalización del aborto, y que deberá poner en agenda las reales necesidades que tenemos las mujeres para poder salir de estas situaciones de violencia en ascenso.

Por un ingreso igual a la canasta básica familiar que nos permita a las mujeres la independencia económica para poder tomar la decisión de hacer la denuncia o salir de la situación de violencia.

Por un plan de viviendas y de urbanización de nuestros barrios, para que las mujeres que denuncian situaciones de violencia intrafamiliar no queden en la calle.

Vamos por un Consejo Autónomo de Mujeres, independiente de las políticas del Estado burgués, que sea dirigido por las organizaciones de mujeres y disidencias con un presupuesto acorde a la necesidades, que sus políticas sean la defensa de las trabajadoras y el Colectivo LGBTI.

Ni una menos, el Estado es responsable.

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