“La China” es una trabajadora venezolana que se mudó en 2017 a la ciudad de Buenos Aires junto a su marido y sus dos hijos. En diciembre del 2020 fue detenida luego de haber sufrido un aborto espontáneo. Su causa fue caratulada como homicidio agravado por el vínculo. Sin embargo, como en el caso de Belén -la joven tucumana que estuvo presa 3 años- “la China” no sabía que estaba embarazada cuando sucedieron los hechos por los que se la acusa.

El día 16 de diciembre del 2020, luego de una noche con fuertes dolores ováricos, descartó en un contenedor de basura sus sábanas porque estaban manchadas con lo que para ella eran coágulos. Una semana después fue detenida, luego de la denuncia de un cartonero que dijo haber encontrado un feto entre las sábanas descartadas. La china transitó aquella noche un aborto espontáneo. No pudo saberlo porque padece Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP). Esta afección genera irregularidades en el ciclo menstrual, lo que hace que haya meses en donde la persona gestante no menstrúa, y una mayor intensidad de dolor ovárico y de sangrado cuando ocurre. El colapso sanitario del 2020 impidió que pudiera realizar los chequeos ginecológicos necesarios para controlar el SOP lo que hubiera permitido detectar el embarazo a tiempo.

Esto es denunciado en la carta que redactó desde Ezeiza, donde se encuentra detenida desde hace 2 años. No solamente la crisis sanitaria impactó fuertemente en su vida sino también la económica, ya que fue despedida durante el 2020. En la carta también desarrolla la sobrecarga que vivimos la mayoría de las trabajadoras con la cuarentena, teniendo que realizar en su caso trabajo remoto en un hogar con dos niños escolarizados, uno de ellos con TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad). Además, expresa su situación como migrante, teniendo que mudarse de su país natal por la degradación de las condiciones de vida de su familia y para conseguir trabajo, esperando mejorar su vida en Argentina.

Sin embargo, la China fue detenida injustamente y violentada por la policía. Su causa está en manos del juez Luis Rizzi. Este sujeto viene de intentar perseguir judicialmente a médicos que realizaron un aborto no punible a una menor de 13 años quien contrajo un embarazo por las sistemáticas violaciones de su medio hermano. Rizzi junto al juez Anzoátegui fueron denunciados por su actuación en aquel juicio. En él utilizaron fotos del feto extraído a la menor para presionarla y pusieron un signo igual entre la gravedad del delito del violador con la práctica médica realizada. Sin embargo, el Consejo de la Magistratura, lejos de removerlos de su lugar, los invitó a hacer un curso (ley Micaela), como si eso cambiara un ápice de la ideología oscurantista que promueven. No se puede dejar pasar que Anzoátegui fue promovido a juez de cámara por el ministro Julio Alak durante el gobierno de Cristina Kirchner.

En el caso de la China abundan pruebas contrarias a los cargos por los que se la acusa. Los peritos médicos que analizaron el feto señalaron que “la causa del deceso del mismo se debe a la evolución de una enfermedad materno placentaria”. Pero además la China cuenta en su historial con eventos obstétricos similares, ya había atravesado embarazos sin síntomas en Venezuela cuando tuvo a sus hijos y en otras oportunidades, resultando en abortos espontáneos. A pesar de esto la justicia insiste con la hipótesis de que la China violentó al feto, aunque los peritos no observaron signos de violencia inmediata en él.

Rizzi va contra el derecho de las personas gestantes a decidir sobre sus cuerpos y pretende condenar a la China a cadena perpetua, generando un precedente a partir del cual perseguir a otras mujeres luego de conseguido el aborto. Así, sucede en CABA lo mismo que sucedió en la Tucumán de José Alperovich, responsable de meter presa a Belén, y de Juan Manzur, actual jefe de gabinete, quien siendo gobernador de la misma provincia fue responsable de la tortura de niñas víctimas de violaciones, obligándolas a parir. El Estado criminaliza a las trabajadoras para regimentarlas; semejante orientación política demuestra que, a pesar de las leyes, el Estado sigue siendo dominado por el oscurantismo clerical sin combatirlo en la justicia.

El movimiento de mujeres arrancó en el 2017 la libertad para Belén, quien había estado presa 3 años por un suceso similar al vivido por la China. Este lunes desde las 10 am, nos concentramos en el Tribunal Oral 30 de CABA para rechazar este nuevo ataque contra todas las personas gestantes, no solo contra la China. No descansamos por haber conquistado la ley, luchamos para que dejen de perseguirnos por abortar o por padecer afecciones reproductivas. Luchamos también por la elección popular de jueces y fiscales, la revocabilidad de los jueces clericales que atacan a las mujeres y diversidades, un punto vital de nuestro programa para separar a la Iglesia del Estado.