La diputada tucumana Lidia Ascárate, junto a varios diputados de JxC de varias provincias, presentó un proyecto para impedir el aborto legal. Se trata de un nuevo embate de grupos ligados a la iglesia tratando de limitar lo que la marea verde conquistó en las calles.

El proyecto de Ascárate, destinado a restringir la cantidad de abortos, tiene como base la idea que, si se detectan latidos cardíacos fetales, no se podría pedir la interrupción del embarazo. El proyecto no discrimina la forma en la que la persona quedo embarazada ni la edad de la misma, por lo tanto, una niña violada podría se obligada a parir según reza este proyecto. Por otro lado – en condiciones normales- aparecen latidos fetales a partir de las seis semanas de embarazo, está claro que esto contradice directamente la ILE, que marca como limite para la práctica las 14 semanas.

El proyecto no solamente impone la práctica de un examen de ultrasonido para detectar latidos, sino que indica que habría que repetirlo 72 horas después del primero para asegurarse que el primer examen sea válido. Luego de esto, viene una extensa cantidad de papelerío burocrático destinado a dificultarle a los profesionales de la salud todo el proceso. Se intenta desvirtuar el sentido de una ley con limitaciones varias. Finalmente, el proyecto obliga a brindar todo tipo de datos de la madre a y el personal de salud y penaliza con la suspensión de la matricula a los médicos o enfermeros que platicasen un aborto que contradiga la ley.

En uno de sus párrafos el proyecto de ley descubre cabalmente sus intenciones: “la ley no crea ni reconoce derecho a abortar o interrumpir el embarazo previamente a que sea detectado el latido cardíaco fetal”. Muy clarito, reconocimiento de ningún tipo, no importa la condición de la madre ni la razón por la cual se encuentra embarazada.

Para rematar y tratar de justificar lo bárbaro del proyecto la diputada Ascarate junto con sus cómplices recurre a un argumento ridículo: “la fuerte disminución de la población (por los abortos) en todos ellos ha sido la causante de la disminución de mano de obra activa”. Se trata de una falacia de punta a punta, no existen estadísticas que comprueben esta tesis. En general la cantidad que abortos que se practican en países desarrollados con respecto a la población económicamente activa es ínfima, no hay mella alguna en este sentido. Que algunos países o estados autónomos estén tratando de dar marcha atrás con los abortos legales es parte de una avanzada de la derecha y de grupos ultrareligiosos amparados desde el estado, como es el caso de Estados Unidos o Brasil.

Defendamos lo conseguido

Desde las páginas de Prensa Obrera venimos advirtiendo que la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito no termina con la sanción de una ley. Desde el estado y la iglesia se trata de impedir la aplicación de mil maneras posibles. Lo conquistado por la Marea Verde solo podrá sostenerse con la continuidad de esa lucha, enfrentando a los antiderechos y a quienes los sostienen en todos los arcos políticos, a los Manzur y las Ascárates. No pasarán.