Las presiones de la Iglesia católica para impedir la aprobación del aborto se encuentran presentes en las comisiones de debate con la voz de los “curas villeros”. El padre Pepe di Paola, de la congregación de los curas de la opción por los pobres y Gustavo Carrara, ex cura de Bajo Flores y ahora auxiliar de la Arquidiócesis Metropolitana de Buenos Aires designado por Francisco, mostraron el objetivo de regimentación que persigue el oscurantismo.

En su intervención Pepe di Paola citó la carta reciente del papa para explicar que el aborto no es una cuestión religiosa sino humana y agregó que “después del Nunca Más muchos se preguntaban cómo se pudo haber llegado a tal grado de deshumanización”. A su turno, Gustavo Carrara señaló hablar en nombre de las mujeres que paran la olla en los comedores populares y de la dignidad del niño por nacer.

Los emisarios del papa no solo se arrogan la voz de las mujeres de las barriadas para perpetuar la clandestinidad, sino que además se olvidan de la ética humana, la integridad física, moral y la dignidad de lxs niñxs encubriendo los casos de abusos y pedofilia al interior de las instituciones clericales. Tanto es así que prefirieron
abandonar el debate ante la pregunta de Romina Del Plá en torno a por qué callan frente a este tema que es una verdadera epidemia en nuestro país.

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El desprecio por la maternidad y la vida de las mujeres

Haciendo demagogia y embelleciendo la cotidianeidad de quienes habitan las villas, di Paola señaló que “la vida comunitaria abraza” y que “los lazos de amor que se generan entre los más pobres nos muestran que toda vida vale, la madre, la de su hijo, la de chicos y chicas del pasillo que es la experiencia de la villa”.

Carrara fue más a fondo afirmando con total impunidad que “cuando se habla de las villas muchas veces se desconoce la cultura de la mayoría de las mujeres pobres, para ellas los hijos son el mayor tesoro y no son algo más entre distintas opciones que el mundo pueda ofrecerles”. Para los curas villeros las mujeres somos madres por naturaleza, incubadoras de fetos necesarias en tanto utilidad reproductiva, desprovistas de deseos y de condiciones materiales.
La realidad en las villas nos muestra que no toda vida vale cuando somos testigos de mujeres y niñas abusadas producto de la violencia intrafamiliar y también a manos de quienes integran las capillas, parroquias e iglesias; o cuando desde el Estado se niega la educación sexual y el acceso a los servicios más elementales como la salud.

La situación de los barrios es silenciada por la iglesia y por las organizaciones que se reivindican como villeras y populares, a la vez que muestra el rotundo fracaso del Estado (administrado por gobiernos de distinto tipo y color) en torno a estas cuestiones. Las decenas de abortos mal practicados, cuyo desenlace son internaciones hospitalarias que terminan en mutilaciones o muertes, son resultado de un régimen social que obliga a maternar en contra del deseo de las mujeres y que también impide hacerlo a quienes así lo desean. La precarización, la desocupación, la falta de vivienda y las tareas de cuidado que recaen sobre las mujeres son condicionantes directos de la maternidad. Algo que el gobierno de Alberto Fernández pretende paliar con asignaciones miserables como el Plan de los 1.000 días, al tiempo que profundizan el ajuste y el deterioro de las condiciones de vida de la población trabajadora.

La falacia del antiimperialismo y el progresismo

Los curas villeros son los mismos que en el 2018 sentenciaron que las mujeres pobres no abortan y firmaron una carta tildando a la marea verde de genocidas al equiparar la IVE con los crímenes de lesa humanidad. Ese mismo año llamaron a aplicar “una dosis de la religiosidad” frente al ajuste y apañaron anteriormente la “paz social” firmada por el triunvirato San Cayetano con el objetivo de vaciar las calles ante el descontento popular. Son también quienes reciben onerosas sumas de dinero del Estado a cambio de la tercerización de la asistencia social y quienes embellecen la precarización laboral, que afecta particularmente a las mujeres, bajo el mote de “economía popular”.
Durante este año se juntaron con Alberto Fernández para discutir políticas para enfrentar la pandemia (Prensa Obrera, 29/3) y piden por mayor presencia del Estado en los barrios porque “se vienen momentos muy duros en lo social” (Télam, 5/5). Sucede que los curas y el gobierno necesitan sostener los lazos de opresión y contener a uno de los movimientos más dinámicos de esta etapa, el de lxs desocupadxs, frente a la crisis económica y el ajuste en curso.

En sus discursos en las comisiones que debaten el proyecto del aborto durante esta semana, Pepe di Paola y Gustavo Carrara se mostraron sorprendidos por el apuro del gobierno en tratar el aborto. Sin embargo, su tratamiento es conocido por la iglesia católica y sus voceros que manifestaron recientemente que la legalización es algo “irreversible” luego de las enormes movilizaciones del 2018.

Con un disfraz “anti FMI” los curas ligaron el aborto a las negociaciones con el FMI y las políticas de usura internacional. Mientras Carrara habló de “colonización cultural”, di Paola dijo “en el momento en que arriba la misión del FMI, en forma apresurada y contradiciendo manifestaciones anteriores se anuncia uno de los principios que impulsa fuertemente el sistema de la usura internacional: la legalización del aborto. La misma historia que vivimos hace dos años atrás”. Es cierto que el gobierno finalmente envía el aborto en pos de anotarse un poroto progresista en medio de una agenda marcada por medidas antipopulares. Tan cierto como que uno de los principales apoyos en las negociaciones con los bonistas y el FMI y a las medidas de Guzman (que los curas criticaron) vinieron de parte del jefe de la iglesia católica: el
papa Francisco.

Las iglesias han sido sostenes clave de los distintos gobiernos en el ajuste y pactos con el FMI, así como la clandestinidad del aborto ha funcionado como una gran herramienta política de disciplinamiento de la cual se valen para controlar a la sociedad, especialmente a las mujeres pobres, que además son criminalizadas por el Código Penal. El debate del aborto nuevamente en el Congreso y su posible legalización será un nuevo triunfo del movimiento de mujeres que se pronunció en las calles contra las iglesias y el Estado, no gentilezas de ningún gobierno.

Frenemos el lobby clerical en las calles

El tratamiento del proyecto no está exento de negociaciones con el Vaticano y modificaciones que limiten su acceso, perjudicando especialmente a las mujeres de las barriadas. Los antiderechos, que han ganado terreno luego del revés del senado del 2018 y de enormes concesiones del gobierno, están realizando movilizaciones, y actos de intimidación para bloquear el aborto.
La legalización de nuestro derecho no puede ser a costa de preservar los privilegios de las iglesias y mayor injerencia en la educación, la salud y la asistencia social. Debemos pelear por la implementación de una ESI laica y científica y más que nunca redoblar la apuesta por la separación de las iglesias del Estado. Nuevamente la movilización en las calles y la independencia de quienes gobiernan es la clave para conquistar este derecho.

Copemos las calles. ¡Que sea ley!

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