03/08/2020

Mala yuta: el maquillaje de género de la policía santafesina

Se abrirá una red de "oficinas de género" para lavarle la cara a una fuerza entreverada con el narcotráfico y responsable de un sinfín de abusos contra las mujeres.

En el sillón, Marcelo Sain (Seguridad) y Celia Arena (Igualdad y Género).

La Policía de Santa Fe contará con una «Red de Oficinas de Género” para tratar las denuncias por violencia de género, a cargo de la Subsecretaría de Bienestar y Género que encabeza Natacha Guala, militante de Mala Junta/Patria Grande.

Desde el 2015, ante el Ni Una Menos, la policía santafesina y de numerosos puntos del país dicen asumir su actividad con “perspectiva de género”, algo que no ha frenado los abusos policiales y la revictimización que sufrimos las mujeres y disidencias a la hora de denunciar.

La policía no nos cuida

El último informe presentado por la Correpi muestra que en nuestro país, desde 1992 a la fecha, se cometieron, en mano de efectivos policiales, 381 femicidios (sobre un total de 647 víctimas mujeres, travesti y mujeres trans). Es decir que los femicidios han sido la principal causa de muerte de mujeres en manos del aparato represivo, dejando claro que no se concentra la solución al problema en las fuerzas, sino que estas son parte del mismo.

Santa Fe no es la excepción. Vale recordar el caso de María del Rosario Vera, abusada sexualmente, calcinada y arrojada en un contenedor de basura en el barrio Triángulo de Rosario en manos de un suboficial radioeléctrico allá por 2018. Ese mismo año tuvo lugar el quíntuple homicidio en la ciudad de Santa Fe ejecutado por Facundo Solís, quien con su arma reglamentaria le quitó la vida a su esposa, cuñada, suegra, hijastra y al novio de esta última; sobre el victimario ya pesaban dos denuncias por violencia de género y una perimetral. En diciembre de ese año Débora Mansilla, de 18 años, era golpeada y prendida fuego viva en Villa Gobernador Gálvez por su pareja Brian Olmos, hijo de un importante efectivo policial, que -mostrando también la impunidad con la que gozan los hijos del poder- fue dejado en libertad pese que la joven perdió su vida tras días de agonía en el hospital.

Desde que arrancó el aislamiento social obligatorio, las denuncias por violencia de género recibidas en la línea 144 en Santa Fe aumentaron un 60%, pero la cantidad de femicidios se mantuvo inalterada: nuestra provincia sigue colocándose como la segunda del país con más casos de femicidios (30) en medio de la crisis sanitaria. Es decir que las mujeres denuncian pero el Estado les da la espalda. El reciente femicidio de Julieta Del Pino muestra que el Estado santafesino es un eslabón garante de este cuadro de violencias. El femicida de Julieta, al igual que Solís en 2018, tenía varias denuncias por violencia de género.

La policía es ella misma, muchas veces, la responsable de ejercer violencia de género, en función de sostener sus cajas negras: la mitad de la población trans ha sido víctima de abusos policiales. Natalia Figueredo estuvo 30 días detenida en la unidad 5 de Alvear por ejercer la prostitución en período de aislamiento social.

Es decir que en la provincia prevalece la inacción del Estado para atender la violencia de género, por un lado, y la acción directa de las fuerzas represivas ejerciéndola, por el otro. Junto con los casos de gatillo fácil, estos hechos expresan el grado de descomposición de un aparato represivo vinculado directamente al narcotráfico y a la trata de personas, que tiene al caso de Rosalía Jara como exponente de la impunidad con las que operan las redes en el norte santafesino.

¿Deconstruir o destruir a la narcopolicía?

Más que «deconstruir» a la narcopolicía del gobernador Omar Perotti y del ministro de Seguridad Marcelo Saín, se la quiere maquillar con “campañas de perspectivas de género”, queriendo presentar una suerte de policía progresista, mientras se encuentra en el ojo de la tormenta por proteger a los negocios capitalistas ilegales que proliferan en Santa Fe y Rosario, en especial el narcotráfico. Un montaje al que se incorpora la izquierda del feminismo popular de Mala Junta .

La idea de “deconstruir y despatriarcalizar” a la policía es inviable por la misma naturaleza de las instituciones represivas, que son paridas por el  Estado capitalista para garantizar y preservar las relaciones de dominación y poder existentes para someter a les trabajadores. La policía se encarga de proteger y mantener ese orden social.

Solo la organización independiente de las mujeres, la juventud y las disidencias -en definitiva, del conjunto de les trabajadores- en oposición a la miseria impuesta por este régimen social de explotación, con un programa que defienda lxs intereses de nuestra clase, pondrá fin a los innumerables abusos y la impunidad con la que se maneja la policía. Y traerá soluciones reales a la violencia que sufrimos.

Es preciso abrir los libros de las comisarías, destituyendo a toda la cúpula policial y poniendo la fiscalización de la seguridad ciudadana bajo el control directo de organismos de derechos humanos, sociales y políticos, que luchan contra este régimen narcosojero. Planteamos un impuesto a las grandes riquezas para la Creación de Centros Integrales de la Mujer, monitoreados por un Consejo de la Mujer realmente autónomo del gobierno.

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