Tras el repudio que causó que una víctima de violencia de género junto con su hija durmieran en el piso de una oficina de la línea 137 de asistencia, en Posadas, el gobernador Oscar Herrera Ahuad pidió la renuncia de Miryam Duarte como subsecretaria de Relaciones con la Comunidad, y en su lugar nombró a Sandra Galeano, una ignota del oficialismo provincial (la Renovación).

La flamante subsecretaria no tiene nada nuevo para agregar a la línea discursiva de la Renovación con respecto al flagelo de la violencia. Habló en medios locales de "brindar herramientas a las mujeres", "fortalecer a los líderes comunitarios", porque "el Estado sólo no puede". No supera el historial de funcionarias, fracasos y escándalos: desde la precarización inhumana a las trabajadoras del Programa de Género (PROGEN), pasando por los silbatos que se repartieron como "dispositivos de alarma" en el 2017 luego de dos femicidios brutales que sucedieron en el norte de la provincia; hasta los sueldos de miseria a profesionales que trabajan en la asistencia de víctimas de violencia; o la ex subsecretaria de la mujer y Familia que fue destituida a fines del año pasado por un video viral en el cual baila chamamé sin barbijo -aunque no por manejar con desidia el Centro de Atención Integral de niños, niñas, adolescentes y Familia.

La salida de Duarte, por su parte, amerita varias consideraciones: su designación es casi equiparable con la integración de Fabiana Tuñez como funcionaria de Macri, ya que proviene de un reconocido activismo feminista. En el 2017, terminado su mandato en la cámara legislativa como parte del kirchnerismo local (Partido Agrario y Social, y Nuevo Encuentro), se pasó a la Renovación al presentarse como sublema en las elecciones. Luego en el 2018 es nombrada en el cargo de subsecretaria de Relaciones con la comunidad que maneja la dirección de la Línea 137.
La militante que se justificó en "cambiar las cosas desde adentro", finalmente no se despegó de la política de la Renovación, y no podía ser de otra manera; reforzó el carácter policial dentro de la Línea, mantuvo los contratos basura, fue denunciada por violencia laboral por someter a las trabajadoras de la Línea al control policial; éstas debían dormir en el piso en sus guardias, así como sucedió con el último escándalo que trascendió.

En el 2013, la primera titular de la Línea, Rossana Franco, proclamaba que "todo este equipo que está trabajando es un logro del gobierno provincial que ha tomado la decisión para que pueda haber un ingreso de trabajadores sociales y psicólogos que van a estar al frente de este emprendimiento tan importante". Luego de años de discurso maquillado, acciones a medias, desmanejos de presupuesto y una política decidida a sostener el status quo, los resultados están a la vista.

Pusieron más energía en propagandizar la paridad de género y los parlamentos de la mujer que en ocuparse de lo esencial como poner en funcionamiento casas refugio, pero no con la lógica de control penitenciario y personal precarizado, sino con todas las condiciones y recursos necesarios para salvar de manera concreta la vida de las mujeres y sus hijxs. La tan cacareada recaudación por encima de lo esperado en pandemia no significó una mejora en la materialidad de "los derechos de las víctimas".

La movida de desplazar a Duarte no puede tomarse como otra cosa que una movida electoralista en el marco del gran repudio popular que despertó el femicidio de Úrsula Bahillo en la localidad bonaerense de Rojas, a manos de un agente de policía.

Llamamos a las mujeres y diversidades a luchar por la instauración de un consejo autónomo de mujeres, democrático y con presupuesto propio, un organismo que nos permita implementar todas las políticas necesarias para terminar con la violencia hacia las mujeres, que tiene al Estado como máximo responsable.