10/02/2021 | 1615

Los femicidios y el poder del Estado

PH Guille Castro

Ursula Bahillo hizo numerosas denuncias contra el policía Matías Martínez, quien terminó asesinándola a puñaladas el 8 de febrero. El caso condensó de forma brutal la combinación de todo el aparato del Estado que promueve y protege a la violencia de género. Se convirtió en el femicidio número 44 del recién iniciado 2021. El juez a cargo de la causa, Luciano Callegari fue designado por el Senado bonaerense, sin observaciones de ningún bloque, en septiembre de 2016 bajo el gobierno de María Eugenia Vidal. El fiscal Sergio Terrón, el representante del Estado, admitió que él tenía otra causa en curso por agresiones contra el femicida, que estaba próxima a comenzar el juicio oral y que el policía bonaerense tenía otra causa por abuso de menores en los juzgados de Mercedes. El Ministerio de las Mujeres provincial no tiene ningún tipo de dispositivo de actuación respecto de estas situaciones en las que se hacen denuncias. La policía al mando de Sergio Berni le otorgó al acusado e imputado en otras causas una licencia psiquiátrica, acción que podría beneficiarlo frente a los juzgamientos que tiene en curso, incluido el asesinato de Ursula. Para finalizar el cuadro de responsabilidad estatal y gubernamental, la movilización popular por el femicidio de Ursula fue ferozmente reprimida, como se puede ver en las imágenes grabadas, con disparos de balas de goma al rostro de las amigas de Ursula, desvastadas por el asesinato. El Estado es responsable de la ola de femicidios y no por omisión, sino por acción propia.

La ciudad de Rojas, de 19 mil habitantes, se movilizó de a miles pidiendo justicia por Ursula. Las fuerzas bonaerenses respondieron emulando a los carabineros chilenos, tirando al rostro de manifestantes adolescentes que no constituían ningún peligro para el personal armado. El jefe de los policías, Sergio Berni, que se encuentra simultáneamente resolviendo el desacato de un sector de la fuerza policial que lo acusa de haber incumplido compromisos asumidos, hizo declaraciones defendiendo el accionar policial, lo que refuerza la impunidad de una fuerza que está descontrolada. Las internas policiales de la provincia no tienen como línea divisoria la lucha contra el fomento del delito, el robo, las agresiones a mujeres y otros tópicos que se repiten en la Bonaerense. La única línea divisoria está dictada por quién maneja a la mafia armada más grande del país, si Berni o los policías exonerados que buscarían hacer negocios con el control de la fuerza. Berni protege a la policía que reprime en Guernica, también a la que dispara a la cara de adolescentes y más aún a la que desaparece a los pibes en la provincia, como ocurrió de manera férrea con quienes desaparecieron y asesinaron a Facundo Castro. El gobernador Axel Kicilof busca dirigir la provincia de la mano de la mafia y la pequeña desafectación de responsables de un levantamiento, al que se le dio sus reclamos durante 2020, no busca otra cosa que disciplinar a los que disputan la conducción.

El contraste del accionar de la Justicia, de los fiscales dependientes del procurador de la provincia y del poder político es brutal cuando se trata de perseguir a quienes luchan por un plato de comida o por un pedazo de tierra. Rafael Crispín, del Polo Obrero, fue encarcelado por la policía de Kicilof sobre la base de una causa armada en medio de una toma de tierras del distrito de La Matanza. Sin embargo, a un policía imputado por violencia, con un juicio que estaba a punto de comenzar, acusado también de violar a una menor, la policía y el poder político lo mantenía en libertad y con la cobertura que le permitió perpetrar este crimen. No dimensionar la responsabilidad política que existe en este accionar es solamente cosa de quienes quieren enceguecer.

Ministerios, ¿para qué?

La novedad con relación a los femicidios, que se suceden desde hace años y que se han incrementado entre el año pasado y el actual, es que desde diciembre de 2019, tanto el gobierno nacional como el de la provincia de Buenos Aires, han presentado como un avance en favor de las mujeres, la creación de Ministerios de Mujeres, Géneros y Diversidades con su consiguiente designación de personal a cargo de secretarías, subsecretarías y demás cargos de funcionaries.

Ph Juan Diez

De acuerdo con el registro del observatorio Lucía Pérez, durante 2021, en 41 días se sucedieron 44 femicidios, la cifra más alta de los últimos años. Cuando durante 2020, bajo lo más duro de la pandemia, se incrementaban los casos de femicidios, la ministra Elizabeth Gómez Alcorta salió al cruce de las denuncias presentando como una política pública la iniciativa del Barbijo Rojo, palabras clave que las mujeres violentadas tenían que decirle a un farmacéutico para que ellxs las asistieran. Una verdadera impostura que, como tal, quedó en el olvido rápidamente.

La ministra de las mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta, en un reportaje realizado en el noticiero del nuevo medio del dirigente sindical y empresario Víctor Santa María, IP, previo al asesinato de Ursula, explicó que dicho ministerio no contabiliza los casos de femicidios y que se guía por los números que provee la Corte Suprema, a la cual elogió por su abordaje, aunque se lamentó de que dicho poder no aceptara recibir la formación que imparte dicho ministerio por la Ley Micaela. Dichos datos son suministrados cada seis meses, por lo tanto, el nuevo ministerio basa sus políticas mirando fotos viejas.

Frente al shock social que creó el caso de Ursula Bahillo, las respuestas se hicieron esperar de parte de funcionarias, en general muy activas en las redes sociales. Primó el silencio absoluto en las primeras horas y luego una estrategia política con matices. Por un lado, la de Estela Díaz, la ministra bonaerense, que declaró contra “la Justicia que solo dispuso ‘una medida perimetral'» cuando «ameritaba una intervención mucho más clara y decidida», señaló. También afirmó: “el Estado sigue sin llegar en distintos sectores institucionales como se debe», como si fuera una observadora y no una ministra provincial en funciones en la administración de ese Estado.

Por otro lado, las declaraciones de la ministra nacional en salidas mediáticas concentraron sus críticas en la Justicia, aunque agregó tibios comentarios críticos del accionar policial.

Durante este período, el contexto que ofrece un caldo de cultivo a las condiciones para la violencia de género se profundizó. El gobierno de las mujeres no hizo más que condenarlas aún más a la pobreza, a la falta de vivienda y al hambre. Las mujeres tienen, según un informe de la ONU, un 20% más de posibilidades de perder su trabajo; el gremio más grande del país, el de las mujeres trabajadoras de casas particulares perdió más de un 60% de sus fuentes de trabajo, mientras que el gobierno volvió a colocar un techo salarial al sector de 21 mil pesos -o sea, de un cuarto de la canasta de alimentos. “La tasa de desocupación de 11,7% se desagregó de la siguiente manera: si se analiza por sexo, se observa una tasa de 13,1% para las mujeres y de 10,6% para los varones. En la caracterización de los grupos por edad se destaca una tasa de desocupación del 23,1% para las mujeres de 14 a 29 años, mientras que para los varones de la misma edad la tasa se posicionó en 19,8%”(El Economista, 2020).

Aunque ningún estamento del Estado dedica un centavo al seguimiento de los que son acusados de violencia, a evaluar sus niveles de peligrosidad y a colocarlos en dispositivos que los obliguen a desandar el camino aprendido, en el caso de que sea posible, las acusaciones cruzadas muestran la naturaleza de la orientación política sobre el tema. Esta tarea demanda la contratación masiva de profesionales, medios y herramientas para concretar ese seguimiento de igual manera que se requiere dispositivos de emergencia para contener a las mujeres que hoy son revictimizadas por parte del Estado.

Los ministerios juegan en favor de la estrategia general de un gobierno que tiene por delante cumplir con el FMI y con los reclamos patronales, como se pudo ver frente al último de los retrocesos gubernamentales en favor de los capitalistas del campo, no tienen por delante las defensa de las mujeres más necesitadas; por el contrario, ofrecen estrategias políticas para disimular la condena a esos sectores sociales. “El Estado es responsable” es una denuncia a esta política, porque el Estado es el aparato institucional gobernado por el peronismo, en el caso del Estado Nacional, al servicio de intereses sociales minoritarios, y no otra cosa. El Poder Judicial, contra el que hablan las integrantes del Poder Ejecutivo, no es más que la sumatoria de jueces designados por sus propios gobiernos, de los fiscales designados por ellos mismos y de las leyes dictadas por sus propios diputados.

Hace pocos días, otro caso de femicidio creó menos conmoción. Los medios y un sector del movimiento de mujeres decidieron obviar la denuncia por el caso de Esther Mamani, asesinada en la Villa 1-11-14 luego de denunciar frente a la OVD (Oficina de Violencia Doméstica) a su femicida, sencillamente porque ella era migrante, pobre y del Polo Obrero, y la sensibilidad por los femicidios, ahora sabemos, se desvanece cuando la asesinada es de un signo político que no es del agrado de las viejas combatientes de este mal.

 

 

En pocos días se juzgará otro caso, el de Fátima Acevedo, asesinada hace un año. Su caso creó conmoción nacional aunque luego se silenció, ya que ella misma, como ocurrió con Ursula, desde audios de whatsapp acusó a la policía y al juez por la protección que le brindaban al que luego sería su femicida, incluso involucrando a un viejo juez provincial, que fue responsable en el pasado de desviar la causa de la desaparición de Fernanda Aguirre, el juez ahora retirado, Héctor Toloy. En territorio largamente gobernado por el PJ, el sector del movimiento de mujeres institucionalizado, que antepone su defensa al gobierno a la defensa de las mujeres, no puede más que hacer silencio frente a las responsabilidades del propio palo.

En el banquillo de los acusados no estarán sentados ninguno de los sectores del Estado señalados por la víctima, ni en el caso de Fátima ni el de Ursula, al menos hasta que la recuperación de las calles y la agudización de nuestro programa de lucha vuelvan a pasar al frente.

Es muy profunda esta problemática y a ella están encadenadas una serie de orientaciones que los gobiernos y el Estado imparten desde lo más alto del poder político e institucional. La separación de la Iglesia del Estado emerge nuevamente como una gran lucha que debemos continuar para poder convertir el éxito por la conquista del aborto legal que supimos arrancar a pesar de este y de todos los gobiernos, en una política con continuidad en el tiempo y sin retrocesos en otros aspectos. Esta orientación que fomenta estas formas de violencia interpersonal cumple una función política. La de extender al interior de la sociedad un factor de choque interno que fomenta el anestesiamiento de una sociedad y promueve el desahogo de frustraciones machistas mediante estas formas de la violencia. La subordinación femenina permite también tener una mano de obra barata a la que se explota en diferentes rubros, comenzando por el de los cuidados que, como ya pudimos, tiene a funcionarias gubernamentales en la primera fila de su uso y abuso.

El Estado y sus gobiernos se valen de la violencia de género. Si el análisis de clase necesario para este y para todos los hechos de la realidad social no alcanzan para hacer ver esto, esperamos que los irrefutables y dolorosos hechos de la realidad sí permitan entender que semejante maquinaria de violencia cotidiana que produce discriminación, violencia, sometimiento y muerte no es obra de la casualidad o de la “ausencia del Estado”. El Estado femicida es un Estado de clase y activo.

Como en otros casos, claro que el Estado está presente, pero no está presente en favor “tuyo”, como rezan las campañas gubernamentales, sino para garantizar la reproducción de este ordenamiento social. Los ministerios y secretarías de género han fracasado y para superarlos hay que abrir paso a organismos independientes de los gobiernos de turno, electos por las propias mujeres y cuyas políticas sean fijadas por ellas mismas. Un Consejo Autónomo de Mujeres que destine el presupuesto necesario para enfrentar esta realidad sin ataduras a los planes fondomonetaristas y ajustadores de los gobiernos de turno y las políticas de un Estado femicida.

 

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Se trata de Silvina del Valle Contreras, de 47 años. El femicida tenía denuncias por violencia de género desde el año 2017.
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